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La desaparición forzada: Arma de control social

Como casi siempre ocurre en nuestro país, por una vía van las leyes y, por la otra, una realidad descarnada que no encuentra cabida en la información gubernamental, debido a que los funcionarios públicos se encargan de ocultarla, manipularla o destruirla.

Por paradójico que parezca, tal vez un esbozo de respuesta de lo que es un desaparecido lo tenga el exdictador argentino Jorge Rafael Videla, quien de 1976 a 1981 fuera el artífice de miles de desapariciones. De acuerdo al periodista Federico Mastrogiovanni, el implacable militar señalaba que “Un desaparecido es una incógnita. Es un desaparecido. No tiene entidad. No está muerto ni vivo, está desaparecido”.

Y vaya que el militar sabía de lo que hablaba porque las desapariciones de los antagonistas a su régimen de terror formaban parte de la ley no escrita de su administración, apoyada abiertamente con la Operación Cóndor implementada por el gobierno estadunidense en el combate al comunismo durante el periodo de la llamada Guerra Fría.

¿Cuándo, en dónde y cómo fue el inicio de las desapariciones forzadas? El historiador Carlos Fazio menciona que la desaparición forzada de personas tiene su origen en la Alemania nazi de Hitler, cuando agentes estatales detuvieron en sus casas o trabajos a millones de judíos, gitanos y otras minorías étnicas sin la respectiva orden de detención de algún juez.

Y es que la gente desaparece por diferentes motivos, sin embargo, cuando en la desaparición participan funcionarios públicos tales como los policías de los tres niveles de gobierno, ministerios públicos, marinos, soldados y cualquier otra persona que pertenezca a algún órgano del estado, estamos hablando de desaparición forzada.

En México los primeros registros de la desaparición forzada de personas datan de la guerra sucia, periodo ubicado cronológicamente entre 1960 y 1980 en el que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contabiliza que fueron víctimas de desaparición forzada 275 luchadores sociales, según la Recomendación 26/2001 emitida por la CNDH al Estado mexicano.

Sin embargo, la luchadora social Rosario Ibarra (cuyo hijo Jesús Piedra Ibarra fue desaparecido en 1975, por policías estatales de Nuevo León) tiene una lista de mil 500 personas que fueron desaparecidas durante la llamada guerra sucia cuando el régimen priista desató una persecución contra integrantes de la guerrilla, líderes sociales e incluso intelectuales y artistas inconformes.

Uno de los momentos de mayor represión en México sin duda fue el 2 de octubre de 1968, cuando el carnicero de Tlatelolco, Gustavo Díaz Ordaz, ordenó masacrar a los estudiantes concentrados en la Plaza de las Tres Culturas de Ciudad de México, sin que hasta el momento conozcamos la cantidad de muertos y desaparecidos. Una de las cifras más cercanas que han sido difundidas es la del portal de noticias ‘Aristegui’ que señala “de acuerdo con documentos desclasificados, la Embajada de Estados Unidos en México cifró entre 150 y 200 las personas que perecieron en la matanza del 2 de octubre de 1968”.

Cuatro décadas después, cuando en 2006 el entonces presidente panista Felipe Calderón declarara la guerra al narcotráfico, el terrorismo de estado nos ha llevado a contar a muertos y desaparecidos en cantidades industriales. De acuerdo al Informe Especial sobre Desaparición de Personas y Fosas Clandestinas en México, publicado el 6 de abril de 2017 por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, del 1 de enero de 2007 al 30 de septiembre de 2016 desaparecieron treinta mil personas en nuestro país.

Carlos Fazio, también especialista en temas de seguridad y política internacional, señala que las desapariciones forzadas, las de hoy y las de hace 40 años en nuestro país, representan no “una falla del sistema”, sino una estrategia continuada de “contrainsurgencia” con variaciones en el tiempo pero que conserva su esencia.

“La eliminación de los adversarios políticos o, como en la falsa guerra del entonces presidente Felipe Calderón a las drogas, la generación del caos, del terror oficial, en colusión con agentes de grupos criminales para mantener una política de dominación vinculada al territorio y a los recursos geoestratégicos. Esta política de terror se inscribe en el mantenimiento del statuo quo”.

La ley federal

Ante las cantidades industriales de personas desaparecidas en nuestro país, impulsada por los familiares de personas desaparecidas -así como la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU- a finales de 2017 el presidente Enrique Peña Nieto prácticamente se vio obligado a promulgar la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

El Artículo 27 de la Ley señala de manera específica que la desaparición forzada de personas es cuando interviene de manera directa o indirecta algún agente del Estado:

“Comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público o el particular que, con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público, prive de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la abstención o negativa a reconocer dicha privación de la libertad o a proporcionar la información sobre la misma o su suerte, destino o paradero”.

Desapariciones forzadas en Querétaro

De acuerdo al Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos Sobre Desaparición de Personas y Fosas Clandestinas en México del 6 de abril de 2017, en Querétaro, la Procuraduría General de Justicia del estado, dio cuenta que en nuestra entidad únicamente existía un caso de desaparición forzada “… se tiene registrada una indagatoria iniciada en el año de 1981 dentro de la cual se investiga el delito en cuestión, misma que actualmente se encuentra en trámite”.

Aunque el informe de la CNDH no lo no señala, la única desaparición forzada reconocida por el gobierno de Querétaro seguramente corresponde a la desaparición de Arnulfo Córdoba Lustre, quien fuera líder obrero en la empresa Kimberly Clark de San Juan del Río y militante del Partido Comunista de México, quien presuntamente fuera desaparecido por órdenes del entonces gobernador Rafael Camacho Guzmán.

En el referido informe también se da cuenta de otras desapariciones, que no se sabe sin son forzadas o no, ocurridas de 2006 al 19 de mayo de 2016 en las que se reportan 411 casos de personas desaparecidas, de los cuales, en 303 los hechos ocurrieron en Querétaro, 34 en otras entidades federativas del país, mientras que en 74 casos más no se especificó el lugar en donde fue reportada su desaparición.

Así mismo la Procuraduría General de Justicia de Querétaro, omitió detallar en su respuesta la media filiación, las señas particulares, así como la fecha en que ocurrió la desaparición de las víctimas, además de no proporcionar dato alguno que permitiera a la CNDH conocer si al momento de denunciarse los hechos, se atribuyó lo acontecido a algún servidor público, estatal o municipal.

Finalmente, como casi siempre ocurre en nuestro país, por una vía van las leyes y, por la otra, una realidad descarnada que no encuentra cabida en la información gubernamental, debido a que los funcionarios públicos se encargan de ocultarla, manipularla y, en el peor de los escenarios, en destruirla.

 

* Texto que forma parte del libro “A 50 años del 68. Persistencia de la memoria…”, que será presentado el 2 de octubre a las 12:00, en el Auditorio Fernando Díaz Ramírez.

 

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