Politizar el problema del agua
“El agua fluye en dirección al poder” es una frase ampliamente reconocida en el campo de la ecología política. Su sentido alude a que los flujos del agua no siguen únicamente las leyes de la gravedad, sino también las del poder. En otras palabras, pueden ser desviados, almacenados, distribuidos o acaparados por individuos, instituciones o empresas que concentran la capacidad de decisión, sin importar las consecuencias socioambientales para las comunidades —humanas y no humanas— despojadas de su agua. Llevar agua a un sitio, implica quitársela a otro.
Esta controversia es tan estructural como histórica. En el origen de nuestras ciudades “modernas” está inscrita la llamada conquista técnica del agua —o paradigma hidráulico— que impuso la idea de que los problemas hídricos debían abordarse como desafíos técnicos, resolubles mediante innovación tecnológica e inversiones de capital. Así surgieron las grandes obras de infraestructura hidráulica: deslumbrantes construcciones capaces de dejar atónita a una sociedad que, maravillada, contemplaba la domesticación de las fuerzas caprichosas de la naturaleza por parte de una nueva entidad: la ciudad.
Batanes, norias y acequias fueron sustituidos progresivamente por pozos cada vez más profundos, bombas más potentes, presas e hidroeléctricas monumentales, acuaféricos invisibles, elegantes acueductos y trasvases violentos. Todas estas obras —tan costosas como espectaculares— no resolvieron la desigualdad en el acceso al agua: solo la ocultaron temporalmente bajo la sombra de los artificios hidráulicos modernos.
Esta condición histórica no dista mucho de lo que ocurre hoy en Querétaro. La visión ingenieril sigue impregnando la mentalidad tecnócrata de la clase política, ahora estimulada frenéticamente por el impulso del negocio. Se busca, mediante diversos mecanismos y engaños, mercantilizar el agua, sus infraestructuras y sus formas de gestión.
Las distintas facetas de la crisis hídrica —en el contexto del cambio climático— han dominado los titulares en los últimos años. Por un lado, enfrentamos la paradoja de tener “poca” agua subterránea en pozos agotados y, de pronto, “mucha” agua superficial desbordando drenes y alcantarillas, arrastrando materia y vidas bajo su corriente. Existen aguas “buenas”: limpias, disciplinadas, procesadas, cloradas, estandarizadas y mercantilizadas, canalizadas prioritariamente para higienizar la industria y bautizar fraccionamientos residenciales tipo resort. Y aguas “malas”: sucias, grises, negras, indómitas, riesgosas, vertidas violentamente hacia colonias populares o dosificadas en los cuerpos de los ciudadanos bajo conceptos de moda como reuso o reciclaje.
Por otro lado, las responsabilidades técnicas y políticas no han estado a la altura de la “marca de agua” que deja la crisis. La construcción de grandes y costosas obras como el Acuaférico o el Acueducto II, la planeación de proyectos como el Acueducto III o el Sistema Batan Agua para Todos, y la promulgación de la llamada Ley de Concesiones han incrementado los conflictos por el agua en todas las regiones del estado, al privilegiar la concentración del recurso en determinados sectores urbanos.
Quizá esto último sea lo único que ha cambiado: no la gubernamentalidad tecnocrática que se aferra a sus viejas certezas, sino la politización ciudadana. Hoy, la gente ya no se deslumbra ante las grandes obras hidráulicas; las inspecciona, las critica, las rechaza y exige participar en las decisiones.
En no pocas ocasiones hemos escuchado a la clase política suplicar que “no se politice el tema del agua”, justo cuando el poder que tanto custodian se les escurre entre los dedos. Pretenden ocultar que el tema es problema, es conflicto y disputa. Y como tal, es político, porque afecta la vida cotidiana y las decisiones sobre el bien común.
Politizar el problema del agua implica reconocer que existen intereses y relaciones de poder que disputan sus mejores flujos. Despolitizarlo significa reducirlo a un asunto técnico o de infraestructura, ocultando las desigualdades en el acceso. (Re)politizarlo, en cambio, es hacer visibles esas contradicciones y amplificar las voces marginadas que resisten el ahogamiento en contextos de escasez.
