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Querétaro: cuatro ejemplos de criminalización a los derechos reproductivos

Nuestra legislación local no permite el aborto; es una restricción que representa una grave violación a los derechos reproductivos de las mujeres y una de las tantas formas de violencia sistemática que se les ejerce en todo el mundo.

Actualmente, en el estado de Querétaro, si una mujer que se encuentre embarazada en cualquier etapa —y que corra riesgo de afectación a su salud o, peor aún, riesgo de perder la vida— no pudiera acceder a una interrupción legal del embarazo, tiene altas posibilidades de que estos riesgos alcancen la realidad, esto a pesar de que el derecho a la vida y a la salud se consideran de los derechos humanos más importantes de las personas.

Nuestra legislación local no lo permite; es una restricción que representa una grave violación a los derechos reproductivos de las mujeres y una de las tantas formas de violencia sistemática que se les ejerce en todo el mundo: la violencia institucional, la violencia sobre sus cuerpos, su libre autodeterminación y su dignidad como persona; aunque el derecho a la vida y a la salud están por encima de cualquier protección que se le intente dar al producto del embarazo.

Dafne

Parece ser que —social, cultural y jurídicamente— se pretende que las mujeres estén obligadas y condenadas a ser madres para que se consideren mujeres como tales. Hemos visto cómo históricamente se han perpetuado prejuicios sobre la maternidad; estereotipos de género que se les asigna a las mujeres desde que son niñas: el ser madres como obligación, como destino inseparable, sagrado. Y después, se perpetua el estigma de cómo debe ser una buena madre: “si no eres madre no vales como mujer”.

Con esos prejuicios, en 2016 el fiscal Gustavo Dolores Acosta en San Juan de Rio, comparó con una “perra” a Dafne McPherson en una audiencia durante el juicio. Hecho que no se supo hasta un año después, cuando la abogada Karla Micheel Salas, de la organización Grupo de Acción por los Derechos Humanos tomó el caso. Al darse a conocer en medios el vídeo de esta audiencia, se sancionó al fiscal con suspensión de 30 días, después de esto regreso a su puesto de manera normal.

Dafne, una joven madre de 26 años tuvo un parto espontaneo en los baños de su trabajo; embarazo que Dafne ignoraba y que medicamente es posible. El producto supuestamente murió minutos después por falta de atención inmediata, cuya causa de la muerte fue que ahogamiento en la tasa de baño, ya que ahí fue donde expulsó el producto.

No obstante, Dafne no recibió primeros auxilios, atribuyéndosele que la muerte ocurrió por sus actos realizados, aunque estas afirmaciones están basadas en conjeturas y suposiciones o testigos no presenciales. Aun así, por este motivo la Fiscalía la acusó de haber cometido el delito de homicidio calificado y los jueces —alejados de su obligación de investigar y juzgar con perspectiva de género— condenaron a Dafne a 16 años de prisión, de los cuales ya lleva privada de su libertad desde 2016.

Actualmente, gracias a un amparo se ordenó revalorar las pruebas ofrecidas por la defensa de Dafne para que pueda quedar en libertad.

Aunque el caso de Dafne no se trata de un caso de aborto, sino de parto fortuito o espontáneo —y lleva implícita una violación a su derecho a la salud y de violencia obstétrica—, la fiscalía en Querétaro se aferró a la idea de que Dafne debió actuar de cierta forma, como una “verdadera madre” y hacer lo posible por salvar al producto; aunque por lo prematuro y por las condiciones en las que se dio el parto eran pocas las probabilidades de que sobreviviera, mucho más cuando se negó por cerca de dos horas el acceso a los servicios de emergencia para que Dafne y la recién nacida fuera atendidas debidamente.

Guadalupe

Guadalupe tenía 23 años, en 2013, y vivía con su hijo de seis años cuando fue víctima de violación sexual en noviembre de ese año. Decidió no levantar una denuncia porque no conocía el procedimiento, desconfiaba del ministerio público y temía a represalias. Tomó una pastilla de anticoncepción de emergencia al día siguiente de la violación, pero poco tiempo después descubrió que estaba embarazada.

Una madrugada, a principios de diciembre, Guadalupe presentó dolor abdominal, sangrado y vómito. Su padre la llevó al servicio de urgencias del hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Querétaro. Ahí fue víctima de regaños y gritos por parte del personal médico, además de que no se le suministró ningún medicamento para el dolor. Guadalupe salió ese mismo día del hospital, sin saber que el personal que la atendió había dado aviso de su caso al ministerio público.

Un mes más tarde, recibió una llamada telefónica por parte de alguien que se identificó como un policía investigador, quien le dijo que tenía que presentarse a declarar. Más tarde, policías investigadores acudieron a su domicilio con el objetivo de llevarla a declarar. Ella nunca había recibido un citatorio formal. De manera extraoficial, se le informó que la investigación en su contra se encontraba en una etapa inicial.

Representada por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) y un abogado integrante de Radar 4o, Guadalupe, en marzo de 2014 compareció ante la fiscalía; cuya defensa le recomendó reservarse su declaración. Se ofrecieron dos medios de prueba, que consistían en documentales: una constancia médica y un estudio de ultrasonido, donde consta que Guadalupe, cursaba un embarazo llevando todos los cuidados que necesita y que acudía a sus consultas médicas. La Fiscalía supo que en su expediente no existía evidencia suficiente de un aborto provocado.

El médico en cuyo testimonio se basaba el caso —con tan solo una nota médica firmada simplemente por el “Dr. Martínez”— no recordaba claramente los hechos que lo llevaron a denunciar e incluso reconoció no recordar a Guadalupe. Se solicitó que se archivara la averiguación previa, ya que no existía prueba alguna en su contra.

En noviembre de 2014 se lograron desechar las acusaciones en contra de Guadalupe y se archivó de manera definitiva, por falta de elementos para acreditar el delito. Actualmente Guadalupe vive con sus dos hijos y estudia una carrera universitaria, nunca estuvo privada de su libertad por estos hechos.

Julia

Julia es una mujer de bajos recursos económicos que vivía con su hijo pequeño en casa de sus suegros después de que su pareja la abandonó. En mayo de 2005 se encontraba lavando el baño y, cuando trató de levantar una cubeta llena de agua, se resbaló y cayó al suelo de sentón.

Más tarde presentó fuertes dolores de estómago y tenía cólicos que le hicieron pensar que estaba próxima a parir. Se metió a su cuarto, donde sangró abundantemente, por lo que decidió meterse a la regadera. Ahí arrojó un coágulo muy grande. Sintió que estaba pariendo. Sostuvo al producto, cortó el cordón umbilical, pero se dio cuenta de que no lloraba ni se movía.

Julia fue encontrada por su cuñada, quien la llevó al centro médico de su comunidad, donde el doctor que la revisó mencionó que requería ser trasladada al Hospital General de Cadereyta. Ahí le practicaron un legrado y fue detenida por el ministerio público, quien la interrogó menos de doce horas más tarde.

Julia mencionó que las autoridades ministeriales la agredieron verbalmente cuando rindió su declaración y, de acuerdo con sus familiares, los policías se referían a ella como “la señora que mató a su producto”. Pese a que las pruebas presentadas no eran suficientes para establecer su responsabilidad, fue sentenciada en marzo de 2006 por el delito de homicidio calificado, a 20 años de prisión.

Esta resolución fue confirmada mediante sentencia de segunda instancia en mayo de 2006. Uno de los argumentos del juzgador fue que Julia había cometido el homicidio por temor a ser descubierta de haber tenido un hijo fuera de matrimonio, prejuicio que constituye violencia institucional.

Mónica

Mónica era profesora en la Ciudad de Cadereyta de Montes; llegó ahí estando embarazada. En febrero de 2001 tuvo un parto fortuito en la letrina de la casa donde vivía. Se quitó la playera, envolvió al recién nacido, lo tomó en brazos y vio que aún respiraba. Salió en busca de auxilio y, cuando se dio cuenta, el bebé ya no respiraba. Intentó reanimarlo, sin embargo; ya no reaccionó.

Poco después, la señora de la casa que la albergaba la atendió y Mónica fue trasladada a un hospital donde le practicaron un legrado. Mónica se encuentra privada de libertad, acusada de la comisión del delito de homicidio calificado. Afirmó que sabía que estaba embarazada y declaró que su parto fue fortuito. Sin embargo, la declararon culpable.

El 7 de noviembre de 2001, el juez le dictó sentencia condenatoria por 42 años de prisión. Esta sentencia fue recurrida y en segunda instancia los magistrados dictaron su resolución en enero de 2002 disminuyendo la condena a 25 años de prisión.

Nota: Los nombres de las víctimas fueron cambiados para proteger su intimidad, excepto el de Dafne que es su nombre real y que ha sido públicamente conocido en medios nacionales e internacionales, actualmente su defensa y su familia desarrollan una campaña mediática para denunciar y exponer las irregularidades en el proceso y violaciones a sus derechos humanos de las que ha sido víctima. #DafneLibreYa #JuicioJusto con perspectiva de género.

 

*Red Nacional de Abogadas y Abogados en Defensa de los Derechos Reproductivos. Radar 4o. GIRE.

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