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Resistencia femenina y despojo hídrico en Querétaro desde el feminismo comunitario

En Querétaro, uno de los Estados con mayor estrés hídrico a nivel nacional, el acceso a un servicio tan básico como el agua se ha convertido en un espejo de las desigualdades que atraviesan la vida de las mujeres. En colonias con “tandeo”, “periferias” presionadas por megaproyectos y zonas donde la privatización avanza sobre los mantos acuíferos son, estás sujetas políticas, quienes sostienen la presión y cotidianidad, enfrentando jornadas extensas de trabajo y cuidado, así como riesgos para su seguridad y una creciente precarización.

Desde el feminismo comunitario, este panorama se entiende como una violencia estructural que une cuerpo y territorio: cuando el agua es arrebatada, también lo es la autonomía de las mujeres que dependen de ella para trabajar, vivir y participar en comunidad. Este concepto representa una de las nociones más antiguas vinculadas a las mujeres en la protección de la vida y del espacio que habitan; invitando a resignificar su autonomía como el primer territorio en disputa, reconociendo que la violencia territorial (la escasez, el despojo, la privatización) se refleja de manera directa en los cuerpos de las mujeres. Cuando una comunidad es violentada, también lo es el cuerpo de quienes, históricamente, han asumido el cuidado del entramado social.

La privatización del agua en Querétaro, a partir de la Ley de Aguas”, impulsada por la actual administración, ha dejado marcas profundas en la vida de las mujeres. Muchas experimentan cotidianamente el despojo neoliberal hacia sus comunidades y sostienen, casi de manera silenciosa, un trabajo de resistencia continua. Sus labores se ven diferenciadas por los roles de género y por una carga desproporcionada de atención hacia las familias y el espacio comunitario en el que viven. En varias zonas del Estado, los manantiales están siendo dirigidos hacia modelos de gestión extractiva, dejando a las poblaciones más vulnerables en una realidad de abandono institucional. Semanas enteras pueden pasar sin que el recurso llegue a sus casas.

Si bien la crisis hídrica afecta a todas las personas, no lo hace de la misma manera. Las mujeres y las niñas son especialmente vulnerables a abusos, riesgos y limitaciones que afectan su capacidad para vivir en el “estado de bienestar”. Son ellas quienes suelen cargar con la responsabilidad de recolección y saneamiento, una tarea física y mentalmente extenuante en las tareas de cuidado. Según datos recientes, el 71 por ciento de las horas destinadas al espacio doméstico en México son realizadas por mujeres. En Querétaro, la falta de agua intensifica esta carga, generando una pobreza de tiempo que impacta en su descanso, salud, participación y el disfruté de otros derechos. Esta división sexual del trabajo hace que las mujeres sean las primeras y más severamente afectadas por la escasez, obligándolas a vivir procesos de desigualdad mucho más profundos.

Visibilizar el papel de las mujeres en la gestión y el uso del agua implica reconocer que la violencia no proviene únicamente de relaciones de género, sino también de un entramado capitalista, racista, jerarquizador y extractivista, que oprime a través de la injusticia ambiental y la desigual distribución de los recursos. Reconocer que la crisis hídrica en el Estado es también una crisis de género permite comprender que no hay justicia ambiental sin justicia para las mujeres, el agua ya no es solo un recurso sino, la condición mínima para la vida, el cuidado, la autonomía, y la participación comunitaria.

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