Opinión

1917-2015

Por: Omar Árcega E

Twitter.com/Luz_Azul

Hace 98 años, Querétaro era un mar de gente venida de todos los rincones del país. Después de casi 2 meses de cabildeos, discusiones, propuestas y contrapropuestas quedó redactada la Constitución de 1917. El marco legal fundacional del México contemporáneo.

La Constitución nace con la finalidad de encauzar las diversas energías sociales que había desencadenado la Revolución. Venustiano Carranza se da cuenta de que las inquietudes políticas y sociales deben ser canalizadas, pues de no ser así ponían en riesgo la sobrevivencia del país. Es, en muchos sentidos, la fundación de una nación. El marco legal era indispensable si se deseaba hacer de México un país del siglo XX. Ciertamente, la Constitución, por sí misma, no resolvía los grandes problemas nacionales, pero generaba los cimientos para la construcción de una estructura político administrativa, forjaba las condiciones para las relaciones de la comunidad política y fundaba las reglas formales de un régimen.

Hablo de la Constitución porque conviene reflexionar desde ella el México que hoy vivimos y padecemos. En 1917 teníamos una serie de caudillos y territorios con la vaga idea de formar una unidad nacional; actualmente vivimos un federalismo donde los poderes locales tienen el mayor peso de las últimas décadas.

Hace 98 años, México quería salir de una época de guerra civil, aspiraba a dejar un lado a los caudillos militares; hoy en día, de alguna forma padecemos una guerra de baja intensidad: el combate al narcotráfico nos ha generado dinámicas de militarización y de grupos armados no pertenecientes al Estado.

En esos ayeres, la autoridad era incapaz de garantizar la vida y la propiedad de las personas; hoy en día, en algunas regiones del país se sufre esa misma debilidad del Estado, el panorama es desolador: ciudadanos que abandonan sus propiedades y huyen con sus familias. Guerrero, Michoacán y amplias regiones del norte del país padecen estas dinámicas.

En ese remoto pasado, las leyes se violaban por dos motivos: 1) Eran la herencia de un hombre que había gobernado el país por más de 30 años, simbolizaban toda una serie de injusticias y 2) El estado carecía del monopolio de la violencia para aplicarlas; hoy en día, es deporte nacional saltarse las normas, en parte porque es más fácil estar fuera de la ley que dentro de ella y por otro lado, el Estado sigue adoleciendo de la suficiente fuerza para hacer cumplir su normatividad.

Hoy como ayer se vive un sentido de falta de legitimidad. La diferencia era que en 1917, un sector de la clase político abrigaba la esperanza de que la Constitución fuera el inicio de la solución. En el 2016, las amplias mayorías ven sólo letra muerta en nuestra Carta Magna y las leyes secundarias.

La Constitución de 1917 celebra su aniversario en un México conflictivo, bronco, con un desprestigio muy fuerte de la clase política, una inmovilidad de la sociedad civil y quizá lo peor, con seudolíderes que buscan generar capital político en medio de este desorden.

En este turbio contexto hay dos grandes acciones que pueden volver a recuperar la confianza de las personas en su sistema político. Por un lado, el Partido Acción Nacional ha generado la propuesta del sistema nacional anticorrupción. Una iniciativa que contempla múltiples medidas para frenar este cáncer. Como era de esperarse, el PRI ha rechazado las medidas que pueden dar más transparencia al uso de los recursos: las auditorías a las administraciones públicas en tiempo real y el dotar de sanciones verdaderamente fuertes a los culpables. Sólo en la medida que los ciudadanos perciban un aceptable uso de los impuestos se recuperará la confianza perdida.

Por otro lado, urge empezar a generar un Estado de derecho en todo el país. No es posible que haya regiones donde la autoridad sean grupos con intereses y agendas propias. La batalla con grupos criminales aún no termina, mientras haya niveles altos de secuestros, venta de droga, trata de personas y delitos de alto impacto no se puede hablar de un imperio de la ley. Tampoco se puede hablar de paz social si grupos disruptivos toman casetas, queman edificios, amedrentan a las autoridades estatales y municipales, se niegan a aceptar reformas educativas o quieren seguir viviendo según antiguos privilegios. La primera opción debe ser el diálogo, pero recordemos que éste necesita de dos dispuestos a ceder y negociar; cuando uno de ellos busca imponer, entonces esta vía está muerta.

Nuestra Constitución celebra su aniversario en un ambiente turbio. No es necesario cambiarla, basta hacerla cumplir. Y para lograr eso se necesitan estrategias que incentiven a los diferentes grupos sociales. El país necesita una cirugía mayor. El sistema debe ser refuncionalizado, pero no con spots de televisión, sino con el real cumplimiento de la ley.

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