Por: Efraín Mendoza Zaragoza

PARA DESTACAR: De 1988 a 2014 se encontraron evidencias de 366 casos de linchamiento en el país, en sus variantes de tentativa y consumación. Estudiosos encuentran un vínculo con otro fenómeno racional que denominan “vigilantismo”, la existencia de grupos organizados exprofeso para encarar la inseguridad prevaleciente en el país

Entre los arrebatos colectivos, los linchamientos siempre me han parecido entre los más inquietantes. Algo así como la gota de sangre que nos informa del colapso del organismo social. Dos investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Ilse Veloz y Raúl Rodríguez, han divulgado algunas conclusiones de un recuento del último cuarto de siglo, de 1988 a 2014.

En esos 26 años encontraron evidencias de 366 casos de linchamiento en el país, en sus variantes de tentativa y consumación. En promedio, ocurren 13.6 linchamientos por año, más de uno por mes. Los académicos detectan una clara tendencia al incremento significativo de la violencia colectiva, hecho que los hace advertir que “nuestra vida actual transcurre entre el Estado de Derecho y el espíritu de Fuenteovejuna”.

Son de llamar la atención tres picos altos en el registro, y corresponden a los años de 1997, con 27 linchamientos; 2010, con 47, y 2013, con 40. Más de una tercera parte del total de linchamientos ocurrieron justo en esos tres años. Un dato importante es que en sólo 7 de las 32 entidades federativas se concentra más del 80 por ciento de los casos. A la cabeza del top seven del horror se encuentran el Estado de México y la Ciudad de México, seguidos por Puebla, Morelos, Oaxaca, Chiapas y Guerrero, es decir, la región centro-sur de la República. No presentan un solo caso en todos esos años los estados de Colima, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas. En ese registro, el estado de Querétaro aparece con dos casos.

En términos generales, por cada linchamiento consumado se presentan en el país 2.7 tentativas. El número de personas involucradas como ofensores-víctimas es de 752, de los cuales la cuarta parte, un total de 186, perdieron la vida durante el linchamiento.

Un linchamiento implica el ajusticiamiento de un presunto ofensor, en un acto donde se encuentra en inferioridad numérica abrumadora. Este acto de violencia extrema y pasional, realizado por particulares, es además de ilegal, realizado al amparo del anonimato, sin proceso ni defensa, y pueden distinguirse tres clases de participantes: los instigadores, los autores materiales y los encubridores.

Los estudiosos encuentran, sobre todo en los últimos años, un vínculo con otro fenómeno racional que denominan “vigilantismo”, esto es, la existencia de grupos organizados exprofeso para encarar la inseguridad prevaleciente en el país, como una medida de autoprotección frente a las diluidas fronteras entre policías y ladrones.

Para comprender este fenómeno es preciso advertir que el descontento social que los linchamientos expresan rebasan el hecho inmediato y “no se puede explicar la indignación individual y menos colectiva mediante un robo, un atropellamiento o algún abuso policiaco aislado”, pues en términos de Carlos Vilas, “cuando las instituciones del Estado no llegan, o llegan tarde o mal en la percepción de los actores, y esta situación persiste en el tiempo, la delegación del poder coactivo en el Estado pierde sentido y reaparece el ejercicio de la violencia por parte de los actores”.

El linchamiento “pretende restituir el orden social a nivel micro ante la incapacidad de las autoridades de actuar contra la violencia y la inseguridad pública”. Y es que los agravios sistemáticos, la sociedad los vive, en realidad, como una historia de impunidad, donde queda exhibida la inoperancia del sistema de procuración y administración de justicia. En un linchamiento se manifiesta de modo nítido la predisposición a la violencia, el grado de irritación social y el colapso de un aparato de justicia tan costoso como inútil.