Aquel 28 de octubre de 2014 bajo el título de “Así opera el gobierno en Querétaro”, la plataforma YouTube fue el espacio donde se mostró que el entonces Secretario de Gobierno –después gobernador sustituto- pedía “con un telefonazo” que no se hablara de la inseguridad en el estado, utilizando expresiones contra los derechos humanos de un locutor de radio y evidenciando la complicidad que suelen tener algunos medios para ocultar información.

Por: Carlo Daniel Aguilar González

Conforme avanza el 2016, nos acercamos a ‘conmemorar’ los 500 días de que se publicó un hecho que indignó a los ciudadanos de Querétaro, sin que hasta el momento las autoridades –PRI y PAN- investiguen ni busquen responsables. Con pruebas y pistas, pero sin líneas de investigación ni culpables.

No se trata de una de las múltiples desapariciones ocurridas en este periodo en territorio estatal. Tampoco de los excesos de conductores del transporte público permitido por los gobiernos –RedQ en su momento, TP o taxistas ahora.

Tampoco nos referimos a accidentes o abuso de autoridad provocados por funcionarios de uno de los Poderes del Estado o niveles de gobierno.

El jueves 10 de marzo se cumplirán 500 días de una serie de grabaciones que evidenciaron las penosas formas de ejercer el poder por parte de miembros del gabinete de José Calzada Rovirosa –hoy Secretario de Agricultura a nivel federal-, en particular el exgobernador Jorge López Portillo Tostado y, presumiblemente, Abel Magaña Álvarez. Las tres grabaciones confirmaron el control de la prensa por parte de la autoridad.

Aquel 28 de octubre de 2014 bajo el título de “Así opera el gobierno en Querétaro”, la plataforma YouTube fue el espacio donde se mostró que el entonces Secretario de Gobierno –después gobernador sustituto- pedía “con un telefonazo” que no se hablara de la inseguridad en el estado, utilizando expresiones contra los derechos humanos de un locutor de radio y evidenciando la complicidad que suelen tener algunos medios para ocultar información.

Desde entonces han transcurrido 4 días de octubre de 2014, 61 días entre noviembre y diciembre de ese año, el 2015 completo -365 días-, 60 días de 2016 que se cumplen hoy lunes 29 de febrero, lo que suma 493 días. Es decir, estamos a 10 días de alcanzar los 500 –por aquello de los gobiernos que presumen “avances” después de x número de días-.

El gobierno de Francisco Domínguez Servién ha tenido más de cinco meses para mostrar un cambio en el actuar y atacar el trasfondo de lo expresado en las grabaciones, pero no lo ha hecho ni da elementos para suponer que lo realizará.

El cambio que se pregonó en campaña se oye en el discurso, pero no se ve. Insisto, el autor de estas líneas no se refiere a la inseguridad pública que se vive en Querétaro.

Comienzan las interrogantes y dudas que también alcanzan a la relación prensa-poder.

¿Qué han hecho la Secretaría de la Contraloría –cuyo titular es Alejandro López Franco- y la Coordinación de Comunicación Social –a cargo de Mariela Morán- para indagar y castigar el uso –y posible despilfarro- de recursos públicos en medios de comunicación durante el sexenio de José Calzada? ¿A cuánto asciende el monto de recursos del erario que se destina para programas “pago” en los medios de comunicación que hablan favorablemente de un gobierno u ocultan o matizan problemáticas que les generan incomodidad?

¿Cuáles son las diferencias del gobierno de Francisco Domínguez Servién en comparación con el de José Calzada Rovirosa, en las formas de ejercer recursos del erario destinados a medios de comunicación?

¿Cuánto nos cuesta a los ciudadanos que se publique “Pancho” en los titulares de las notas, los resúmenes informativos y los comentarios de los conductores de espacios, para hacer alusión al gobernador Francisco Domínguez Servién (o en su momento “Pepe” o “Paco”)?

¿Bajo qué criterios se otorgan montos de recurso público a los medios de comunicación, de manera que se evite la discrecionalidad?

Posibles rutas para comenzar

Por si las autoridades no recuerdan con qué elementos ya se cuentan en este penoso caso:

1.- El entonces Secretario de Gobierno y después gobernador sustituto, Jorge López Portillo Tostado, reconoció que sí era su voz la que se escuchaba en los audios, por ende él, como funcionario público, buscó detener o impedir que se continuara mencionando el tema de la inseguridad pública en una parte del espectro radioeléctrico.

2.- En las conversaciones se deja entrever uso de recursos públicos para programas “pago” a medios, lo que supone que el gobierno encabezado por José Calzada Rovirosa pudo haber otorgado dinero de todos los ciudadanos a medios para este tipo de emisiones, sin que se conozcan los criterios, las causas y los montos.

3.- El académico y litigante César Tarello Leal interpuso al menos una denuncia y una demanda de amparo para solicitar que las autoridades indagaran a profundidad, documentos jurídicos que incluso alcanzaron al entonces contralor Juan Gorráez Enrile como probable sujeto de responsabilidad administrativa por omisión (Tribuna de Querétaro 734).

4.- Las expresiones “pinche putarraco” o “un gay”, mencionadas por López Portillo Tostado  con referencia al locutor de radio Manuel Auzua, implicaron violentar la Constitución federal, reconoció Miguel Nava Alvarado, presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos (Tribuna de Querétaro 728).

No se trata de una “cacería de brujas” contra exfuncionarios, sino de INVESTIGAR a fondo los montos de recursos públicos otorgados a medios de comunicación de parte del gobierno estatal. Transparentar los recursos y rendir cuentas a la ciudadanía.

Además de citar a López Portillo Tostado y a otros exfuncionarios, habría que explicar en qué van los distintos recursos jurídicos que Tarello Leal ha interpuesto ante la autoridad y de qué manera los actuales funcionarios han contribuido u obstaculizado los avances.

Entre las preguntas que surgen están ¿dónde estaban los medios que ahora se rasgan las vestiduras y buscan tomar como bandera de la justicia en el caso de la joven Yosheline Arenas? ¿También se van a sumar a pedir y exigir que haya sanciones por este caso?

Quien esto escribe exhorta a que cuando lleguen los 200 días de gobierno, los funcionarios con competencia en este asunto expliquen cómo van las investigaciones, para evitar más “panchos” e indignación en la relación prensa-poder.

Comentarios: @carloaguilarg

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