A 12 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
“A las Universidades Públicas también les toca algo más que la conmemoración. AYOTZINAPA no puede ser una fecha más en el calendario de las efemérides”. Imanol Ordorika, 2026.
Desde hace 12 años, los padres y las madres de los estudiantes normalistas que sobreviven a esa absurda masacre, ocurrida la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, en el período presidencial de Enrique Peña Nieto (2012-2018) y paralelamente de Ángel Aguirre Rivero, gobernador del estado de Guerrero (2011-2014), realizan movilizaciones de diferentes niveles en su región, país y en el extranjero. Los familiares de los 43 desaparecidos no han dejado de presentarse en espacios universitarios, en instancias de gobierno municipal, estatal, federal e internacional, en organismos defensores de los derechos humanos (CNDH, CIDH, OIT, ONU, CENTRO-PROD, CDH-VITORIA, CENTRO-FRAY-BA, CDHM-TLACHINOLLAN y otros) para denunciar lo que desde su punto de vista, ha constituido lentitud, complicidad, opacidad, negligencia de los cuerpos de seguridad municipal, estatal, federal, incluyendo al propio Ejército Mexicano, a quien le exigen que entregue 853 folios que revelarían la participación de sus integrantes en las acciones de retención de los estudiantes y la entrega de los mismos a la Policía Estatal de Guerrero y al grupo criminal “Guerreros Unidos”.
En el plano internacional, los familiares y los estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” exigen la reinstalación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), nombrado oficialmente por la CIDH, y el seguimiento de las recomendaciones del mismo, para esclarecer la desaparición de los 43, las cuales también apuntan al papel jugado por el Ejército Mexicano. La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó categóricamente que no se protegía a los militares y que si alguno de sus miembros era responsable, se sometería a la justicia. Están, pues, las dos versiones encontradas con respecto al llamado “Crimen de Estado” desde el periodo de AMLO. No quieren los familiares una reedición de otra “Verdad Histórica”, sino justicia y esclarecimiento de lo ocurrido, por doloroso que fuere.
En lo que atañe a la búsqueda de la verdad, no es un asunto menor la detención de Ángel Aguirre Rivero, exgobernador de Guerrero, ocurrida a mediados de agosto de 2026, quien ya se encuentra legalmente sujeto a proceso en el Centro Federal de Readaptación Social (CEREFESO), No. 1, del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, por haber ocultado información referida a la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa la tarde de los sucesos. En ese sentido, Ernestina Godoy Ramos, Secretaria de Gobernación, afirmó que: “Lejos de ser un acto aislado u omisión técnica, el ocultamiento de las grabaciones (del ataque cometido contra los estudiantes frente al Palacio de Justicia estatal) fue el resultado de una operación dolosa y deliberadamente estructurada desde la cúpula del Poder Ejecutivo estatal” (LaJornada, 17-09-2026, p.9: Muñoz, Castillo y Arellano).
También en el entorno internacional, los familiares y los normalistas exigen las extradiciones de Tomás Cerón, exjefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), actualmente fugitivo en el Estado de Israel, protegido por el genocida Benjamin Netanyahu y prófugo de la justicia de la Corte Penal Internacional (CPI). En la misma tónica está la exigencia de la extradición de José Ulises Bernabé García, quien se desempeñaba como juez de barandilla en Iguala, Guerrero, y quien fue beneficiado con asilo político por el gobierno de las barras y las estrellas, a pesar de las acusaciones por su actuación y complicidad con los represores de los estudiantes normalistas.
En fin, las expectativas sociales en torno al Informe sobre las nuevas líneas de investigación en torno a la desaparición de los 43 estudiantes normalistas rebasan el contexto regional del Estado de Guerrero. El informe que ya conocen los estudiantes normalistas, pero que no ha trascendido a la opinión pública, es una prueba de fuego para la credibilidad de la 4T, que si bien goza de un sostenido capital político con la simpatía de más del 70 por ciento de la población por CSHP, no debe despilfarrarlo, más ahora que vienen las elecciones para gobernador en 17 estados de la República. En consecuencia, desde nuestra trinchera universitaria, nos sumamos a la movilización y al grito de: “¡NOS FALTAN 43! y ¡2 DE OCTUBRE, NO SE OLVIDA!”
