Opinión

Acteal y San Andrés. ¿Todo en Chiapas es México?

Por: Francisco Ríos Agreda

Sin lugar a dudas, el alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), ocurrido el 1° de enero de 1994, posibilitó una discusión sobre la situación de los pueblos indios de México que si bien los antropólogos habían venido dando desde, por lo menos desde finales de la década de los treinta, no había prendido en la conciencia de los mexicanos.

Tal vez, otro acontecimiento de repercusiones internacionales como el festejo hispanófilo del V Centenario del Descubrimiento de América en 1992, también reactivó la conciencia etnopolítica de los 40 millones de indígenas de los diversos grupos que componen el territorio americano, desde los alacalufes chilenos de Tierra de Fuego en América del Sur hasta los esquimales de Alaska en América del Norte, inclusive entre la población afroamericana del continente.

En el caso mexicano, las diversas organizaciones indígenas que venían reclamando sus reivindicaciones agrarias (rescate de las tierras comunales, recuperación y ampliación de los ejidos, nuevas dotaciones ejidales y nacionales) en Sonora, Chihuahua, Durango, Nayarit, Jalisco, Guerrero, Hidalgo, San Luis Potosí, Veracruz, Puebla, Tabasco y Chiapas se sumaron a la conmemoración de lo que llamaron los “500 Años de la Resistencia Indígena, Negra y Popular” con otra lógica muy diferente a la oficial que Edmundo O’Gorman denominó rimbombantemente a este suceso como “Encuentro de dos mundos”, mismo a la que mi maestro RIUS designó como el “Encontronazo de dos mundos”, por la diferencia de fuerzas y recursos bélicos, en su libro “Los 500 años fregados, pero cristianos” (Grijalbo, 1992).

La guerra real y simbólica de los pueblos tzeltales, tzotziles, choles y tojolabales de Chiapas, teniendo como base las demandas de tierra, techo, trabajo, educación, salud, comunicación, independencia, justicia y libertad, entre otras, enarboladas por el EZLN en la Declaración de la Selva Lacandona, generó un amplio movimiento de solidaridad en México y en el mundo. La “Guerra Chiquita” de la desesperanza del sureste mexicano sólo duró en combates de confrontación de posiciones aproximadamente 12 días, pues el Congreso mexicano aprobó la Ley de Concordia y Pacificación, que a su vez fue el marco normativo para la creación de la Comisión de Concordia y Pacificación, más conocida como la Cocopa, la cual fue integrada por representantes de todos los partidos políticos reconocidos en la Cámara de Diputados. Sin embargo, antes de que la Cocopa entrara en acción la sociedad civil integró, por su cuenta, la Comisión Nacional de Intermediación (Conai), integrada, entre otros personajes por el Tatic Samuel Ruiz García, obispo de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, misma que hizo posible que la Iglesia de los coletos fuera entronizada como la “Catedral de la Paz” para los diálogos pactados entre el gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) con los integrantes del EZLN, a través de Manuel Camacho Solís, designado como responsable por el Supremo Gobierno para escuchar y resolver las demandas de los zapatistas.

Habría que recordar la seriedad con que el EZLN encaró el diálogo con los representantes gubernamentales, como también el papel de los asesores del EZLN, en las diferentes rondas de negociación en San Miguel, San Andrés y San Cristóbal de Las Casas. No podemos dejar de lado el rol de los activistas solidarios con el movimiento zapatista procedentes de varias partes del mundo, que se encargaron de resguardar los traslados de la caravana insurgente de sus comunidades a los lugares donde se celebraban las diferentes fases de diálogo, que culminarían, en su primera fase, con la firma de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, entre el EZLN y el Gobierno Federal, el día 16 de febrero de 1996.

El EZLN tenía plena conciencia de que sus planteamientos no estaban plenamente expresados en ese documento, pero lo consideraron la plataforma mínima de sus aspiraciones. Posteriormente, los Acuerdos de San Andrés fueron trabajados por la Cocopa e integrantes del EZLN para que se convirtieran en la “Iniciativa de Ley sobre Derechos y Cultura Indígenas”, que debería ser llevada a ambas Cámaras del Congreso de la Unión para su aprobación.

Previamente se dieron se dieron diversos acontecimientos como la sucesión presidencial, el asesinato de Luis Donaldo Colosio y la elección de Ernesto Zedillo Ponce de León como el sucesor de Carlos Salinas de Gortari que enturbiaron el clima político y el interés por la resolución del conflicto chiapaneco.

A ello habría que anexar los denominados “errores de diciembre” de 1994 que sumergieron en una nueva crisis política y económica a la nación.

Luego vinieron en 1997 las traiciones de Emilio Chuayffet, quien con unos chichones entre pecho y espalda, pretendió desconocer los famosos Acuerdos, en reacción vino el silencio público de los zapatistas, unos meses después nos enteramos de la masacre ocurrida el 22 de diciembre de 1997, en contra de 44 personas en Acteal, la mayoría mujeres, ancianos e infantes que oraban por la paz en la ermita de la localidad.

Vale la pena recordar las comunicaciones preocupadas y preocupantes de Don Samuel Ruiz tanto al gobierno chiapaneco como al Gobierno Federal, en torno a la organización de los grupos paramilitares y del apoyo de Ejército a las formaciones irregulares de esos grupos armados y de la posibilidad de que atacaran a las comunidades indígenas, como también habría que evocar los programas televisivos del periodista Ricardo Rocha, dando santo y seña de los lugares donde se preparaban agrupaciones ilegales como Máscara Roja, los Chinchulines, Justicia y Paz y otros. El periódico La Jornada y la revista Proceso también dieron cuenta previamente de dichas acciones, cobijadas por el gobierno chiapaneco, la Secretaria de Gobernación, la Secretaría de Defensa y la propia Presidencia de la Republica.

Como en el libro “Crónica de una muerte anunciada” del escritor colombiano Gabriel García Márquez, los hacendados, finqueros, políticos locales, policías municipales y miembros del Ejército mexicano, fueron operadores y cómplices de los asesinos materiales de la lamentable masacre de Acteal, de la que Ernesto Zedillo pretende salir inmune e impune. En diciembre de 2012 los zapatistas rompen su silencio y proclaman la hora de la sociedad civil. La palabra es nuestra.

Si usted quiere profundizar sobre estos dos sucesos, asista el próximo jueves 14 de febrero, a las 10 de la mañana, al aula ”Tatic Samuel Ruiz García” de la Facultad de Filosofía de la UAQ (ubicada en el campus del Centro Histórico) a la celebración de la mesa redonda “Acteal y San Andrés. Luces y Sombras del México Profundo en el marco de la Convocatoria del EZLN”, en la que participaran Lutz Alexander Kerferstein (Filosofía-UAQ), Diego Prieto Hernández (INAH-Qro), Gerardo Carrera (Sonido Rebelde) y Rene Olvera (UAM-X), bajo la moderación de quien esto escribe. Están todos nuestros lectores invitados y la entrada es libre.

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