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Acuerdos y ruta crítica del congreso de la CONTU (II parte)

En la entrega anterior a Tribuna de Querétaro, dimos a conocer los puntos principales de los acuerdos tomados por el Congreso 2026 de la CONTU, realizado en Querétaro del 19 al 21 de agosto de 2026, teniendo como sede la Facultad de Derecho, bajo los auspicios del STEUAQ y del SUPAUAQ, mismos que se referían a la defensa de la universidad pública, a la exigencia generalizada de mayor presupuesto para solventar las crecientes demandas sociales y la matrícula estudiantil que alcanza a unos 3 millones y medio de estudiantes, hasta el 2022, con una tendencia creciente (Versión On-Line ISS N 2594-2840, en: <https//doi.org/10.1936/etie.a7n13.6015> del 15-nov-2024).

Por su parte, la planta docente en la educación superior alcanza unos 370 mil académicos, de los cuales, 332 mil 297, que representan el 59%, son profesores de asignatura, en tanto que unos 106 098, que significan el 22.5%, lo son de tiempo completo (Laura Poi, La Jornada, 26-04-2026, p.31). Estos datos del “Diagnóstico del Programa Nacional de Educación Superior” no presentan los indicadores de los profesores contratados por honorarios, que, como en el caso de Querétaro, en donde son mayores las contrataciones por honorarios que las categorías anteriores. Ya hemos señalado, para el caso de la UAQ, que al ritmo de regularización de 25 maestros por honorarios a TL anualmente, sin nuevas contrataciones por esta vía, se necesitaría un agresivo plan integral de 300 maestros regularizados por año, que se concluiría para el año 2030. En la vía actual de 25 por año, se regularizarían 1750 maestros por honorarios en tránsito a TL para el año 2096. Esto permitiría “Crecer en la Diversidad” y no “Crecer en la Perversidad” del modelo actual.    

Por lo cual, son válidos y justos los acuerdos de defensa de la sobrevivencia de la Universidad Pública, de otorgar un mayor presupuesto de la federación y del estado, de tal forma que se convierta en Ley General la aportación federal del 50% y 50% de asignación estatal, ello daría un respiro a las finanzas universitarias, mejoraría los depreciados salarios de los trabajadores universitarios, empleados y académicos, permitiría ampliar la matrícula universitaria y elevaría la calidad de los planes y programas de estudio. La pérdida del poder adquisitivo del salario desde 2016 hasta lo que va del 2026 asciende al 9.5%, provocando un rezago solo para 2026 de 4,500 millones de pesos. De lograrse esta recuperación financiera, el profesor de carrera ya no sería “un maestro uber” que tiene que ir hasta 3 o 4 dependencias universitarias el mismo día para completar su “tiempo repleto” de horas docentes, investigación, extensión y difusión de la cultura, además de gestión y evaluación  para obtener un mejor ingreso.

En el mismo sentido se pronunciaron los dirigentes de la CONTU por un proyecto previo de nivelación financiera hacia las universidades que se encuentran con un esquema de deudas y pasivos que no sean “una limosna” como la que ofrece la federación con el programa especial de rescate de las universidades públicas en crisis (UAG, UAEM-EDOMEX, UAZ, UNACH, UAN, UAS, UMSNH, UAEM-Morelos, UABJO, UV, UABC). El ofrecimiento presidencial es en realidad un mandato de “hagan más con menos” y el sometimiento a un plan de “austeridad republicana” que constituye un apoyo condicionado con la finalidad de construir una disciplina financiera que incluye ajuste y despido de personal académico y administrativo, suspensión de nuevas contrataciones, reducción de personal de honorarios y la reestructuración del sistema de jubilaciones y pensiones. Plácido Morales, procurador general de la Defensa del Trabajo, en su ponencia intentó matizar las quejas en contra de las AFOREs, señalando que la vida de los trabajadores se ha alargado, invirtiendo el bono demográfico, por lo que el Estado mexicano no podría soportar a mediano plazo esa factura y que con la reforma a la Ley para el Ahorro Bancario se controlaba el monopolio de las administradoras de los fondos, como en el caso del Banco Azteca, que llegó a concentrar cuentas por 16 mil millones de pesos y se bajaron las altas comisiones. Indicó Morales Vázquez que ofrecía mesas de información y de difusión sobre seguridad social y AFOREs.   

Curiosamente, el programa de apertura de 37 503 nuevos lugares que anunció la presidenta Claudia Sheinbaum en el sistema de educación media y superior en universidades alternas a las tradicionales (Alonso Urrutia, LaJornada, 25-08-2026, p.7) prácticamente coincide en cifras con los 39 mil trabajadores universitarios que ganan menos del salario mínimo. Aplaudimos el derecho a la educación en todos los niveles, pero no a costa de quienes hacen posible cotidianamente que ese derecho se haga efectivo en las aulas (Continuará).      

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