Opinión

Adiós a la reforma electoral: ¿qué se ganó y qué se perdió?

Por Efraín Mendoza Zaragoza

Estamos cerrando el año con los motores electorales encendidos. Para la sucesión presidencial, dos de los tres competidores están ya en la pista de arranque formal. En el plano local se renovarán la Legislatura del Estado y los gobiernos de los 18 municipios. Aquí la disputa más intensa la tendremos por el Ayuntamiento de Querétaro y es de esperar que el árbitro no deje sin castigo a los aspirantes que de manera abierta realizan actos de proselitismo, violentando con ello la equidad de la contienda.

Por primera vez en 18 años, Querétaro irá a elecciones sin haber actualizado las reglas de la competencia. Y es que para para la reforma electoral de este año los tiempos se han agotado. La Constitución General de la República dispone que para que las normas electorales sean aplicables deberán ser promulgadas cuando menos con 90 días de anticipación al inicio del proceso electoral. El proceso local iniciará justo al comenzar la primavera, así que esos 90 días corren precisamente con el invierno al que estamos entrando. Entre confites y canelones, este 20 de diciembre se acabó el tiempo para la reforma.

Derrotada la negociación política, y atrapada en la obsesión autoritaria y el encono patológico, sin explicación alguna la Legislatura del Estado dejó en la congeladora más de una decena de iniciativas de reforma, presentadas a partir de septiembre de 2010. Luego de que fracasara un intento de reforma fast track, se decidió abortar un debate que era muy necesario para avanzar en el tema. La Legislatura se acogió al silencio y decidió cerrar la puerta a la discusión con académicos y activistas.

De manera inesperada, y en un acto insólito, quien abrió la discusión fue el propio gobernador del estado, José Calzada, al presentar en septiembre de 2010 un paquete que incluía cambios a la Constitución, la abrogación de la Ley Electoral y la creación de un Código con pretensiones muy peligrosas para el proceso democrático: extinguir al Instituto Electoral de Querétaro, crear otro órgano con autonomía acotada y aflojar la fiscalización de los partidos políticos. Por supuesto, al no provenir esa iniciativa de una consulta ciudadana, al haber pretendido ningunear al órgano electoral autónomo y, por supuesto, al promover un burdo retroceso, el proyecto encontró oposición frontal.

Tras el naufragio de esa pretensión, vino algo más penoso aún: a mediados de este año, el propio Consejo General del IEQ hizo suyo, en sus puntos fundamentales, el proyecto del Ejecutivo y promovió su propia automutilación. Dada su inconstitucionalidad de origen (los consejeros aceptaron el cargo, el 30 de noviembre de 2010, para cuyo nombramiento era necesaria la intervención de la fuerza política que representa a la mitad del electorado local y fue ignorada), la reforma electoral era una oportunidad de legitimación, pero tristemente se dejó ir la oportunidad, dándose con ello la razón a quienes vieron en su nombramiento una subordinación de facto, la que por la vía legal se buscaba con la fallida reforma promovida por el Ejecutivo.

¿Qué se ganó y qué se perdió?

Del lado de los intereses de la ciudadanía comprometida con la democracia se ganó al impedir que los poderes Ejecutivo y Legislativo impusieran una reforma sin consulta previa, sin consenso político y que constituía un franco retroceso. De haberse impuesto esa reforma, habría sido derrotado el interés ciudadano al quitarse algunos importantes controles sobre los partidos políticos y al propiciar una indebida intromisión de los poderes sobre una función sumamente delicada y que en los últimos tres lustros había dejado de ser fuente de conflictos. De haberse impuesto esa reforma se habría puesto fin al pacto que en 1996 asumieron todas las fuerzas políticas para que el gobierno sacara las manos de las elecciones.

De haberse impuesto esa reforma, el árbitro electoral habría quedado mutilado peligrosamente al quitarle la facultad para iniciar, sin esperar denuncias, investigaciones ante presuntas violaciones a la ley por parte de partidos y candidatos; habría perdido el árbitro capacidad para fijar las reglas de su gobierno interior y, desde luego, se habría perdido la facultad para nombrar a su propio presidente. El que todo esto se haya impedido no es poca cosa.

Es de esperar que el Ejecutivo haya comprendido el alcance de su acto y, de una vez por todas, renuncie a la tentación de meter mano en las reglas electorales y las deje en el ámbito de los electores; es de esperar que respete la independencia del árbitro y contribuya a que los propios consejeros electorales sean los primeros en respetar y hacer respetar la autonomía de que está dotado el organismo que encabezan. Es de esperar que la autoridad electoral ponga oídos más atentos al sentir de los electores y se coloque en el campo democrático, no en la cancha de los partidos y los poderes. La democracia y la autonomía no son cosas dadas de una vez por todas, sino un forcejeo permanente y es preciso que se mantenga en ese forcejeo, del lado de la democracia, por supuesto.

Por otro lado, para advertir qué se perdió, habrá que recordar que en el tiempo que hubo entre la iniciativa del gobernador y la iniciativa del Instituto, un grupo de ciudadanos –académicos, activistas y ex funcionarios electorales– presentamos un paquete de propuestas en una dirección claramente contraria al interés que comparten el Ejecutivo y el Consejo General del Instituto y, por supuesto, orientadas a avanzar en el proceso de democratización del país.

Así, al no haberse concretado la reforma electoral, se aplazó la creación de la figura de candidaturas independientes que le habría quitado a los partidos el monopolio del acceso a los cargos de elección popular; se perdió la oportunidad de incorporar la Constitución figuras de participación ciudadana como el plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular y la revocación de mandato, que habrían sido poderosas armas en manos de los ciudadanos para someter a la clase política. De igual manera, se negó la posibilidad de adoptar un nuevo procedimiento para el nombramiento del árbitro que le quitara el control a los partidos, y se negó la conveniencia de dotar a aquél de autonomía financiera, cosa necesaria para que goce de plena autonomía política.

No hubo reforma electoral, tampoco hubo redistritación, el árbitro dejó pasar la oportunidad de obtener la legitimación ciudadana que le restó su nombramiento, y vemos hoy con pena que, a los ojos de muchos observadores, el tema del Instituto se reduce a la confrontación interna entre consejeros nombrados por el mismo bloque político y por la exigencia de destitución de uno de ellos justo por las mismas fuerzas políticas que lo nombraron. Está el disenso en la naturaleza de los colegiados, y es sano que se disienta en público, sólo que en el caso que nos ocupa la desgastante confrontación interna nada tiene que ver con puntos de vista jurídicos ni con fiscales de hierro ni con el debate democrático.

Incumbe a todos la suerte del órgano electoral. En su autonomía e independencia se anclan la confianza de que el voto popular será o no la fuente de poder. El Instituto no le pertenece a los consejeros ni a los partidos, es producto de una lucha histórica que no puede ser ignorada ni mucho menos arriada. Su función, la función que la Constitución vigente le dispuso, no se reduce a sacar urnas y contar votos, tiene que ver con el gran proyecto común: la democracia, del que derivan la pluralidad, la coexistencia pacífica, la rendición de cuentas y la transparencia de la vida pública. Hay que cuidar al instituto, en el doble sentido: cuidarlo de las acechanzas del poder y cuidar que no tome rutas contrarias a su naturaleza democrática. Debe seguir siendo esa instancia incómoda y vigilante. Por ello, que no haya habido reforma electoral es, paradójicamente, una ganancia y una pérdida.

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