Amarrando manos

Por: Omar Arcega E.          twitter.com/Luz_Azul

Al escribir estas líneas, se está discutiendo en la cámara de diputados un dictamen de ley que modificará catorce artículos de la Constitución, lo que establecerá las bases para crear el Sistema Nacional Anticorrupción. Es, sin duda, uno de esos momentos que pueden hacer historia en el México contemporáneo. Sin embargo, no hay que echar las campanas al vuelo pues aún hay un camino largo por recorrer y por lo tanto, existe el peligro de que los grupos más corruptos de todos los partidos terminen matando el espíritu de esta propuesta.

Todos los estratos sociales parecen coincidir en la necesidad de generar las condiciones para un real y efectivo combate a la corrupción y las prácticas que lo acompañan. Sin embargo, debemos entender la importancia d esta propuesta para la salud del sistema político.

Desde los años 80´s del siglo XX, nuestro sistema político ha presentado un déficit de legitimidad; este surge cuando los actores sociales y políticos perciben que la figura cuya función era articular y dar respuesta a sus intereses ya no tiene el suficiente poder para hacerlo. Nos referimos a la imagen presidencial. Desde los inicios de la época posrevolucionaria, una de las mayores responsabilidades no escritas del presidente era ser el receptor último de las aspiraciones de una sociedad corporativizada, es decir, los distintos organismos que habían sido creados para dirigir la energía tenían como líder moral al mandatario en turno.

Durante décadas el sistema funcionó con niveles de efectividad. Sin embargo, los desastres económicos y al aumento de la pluralidad ideológica generaron que cada vez fuera más difícil que los sectores sociales se sintieran identificados con el presidente. Este fue el inicio de un proceso de deslegitimación de la figura presidencial. La dinámica hizo explosión con la revelación de que un contratista le estaba construyendo una lujosa casa al presidente. La famosa Casa Blanca fue  una bomba atómica que terminó por debilitar aún más la figura del mandatario de la nación como articulador de las demandas de los distintos grupos políticos y sociales. Pero no sólo fue el presidente quien salió dañado; mientras sucedían estos escándalos, se dieron a conocer acciones incorrectas cometidas por políticos de diversos partidos y la cereza del pastel la puso el clamor de indignación social por el hecho de que  estudiantes de la Normal de Ayotzinapa hayan sido asesinados para complacer a un presidente municipal.

Fue un momento de alto riesgo para el sistema político, puesto que la energía necesaria para su funcionamiento proviene de la confianza ciudadana y ésta le fue retirada por muchos sectores. El presidente no ha logrado recuperarse de esta crisis de legitimidad y los intentos que ha hecho por salir del bache le han resultado contraproducentes. Es en este contexto que el PRI y otros partidos deciden apoyar la iniciativa en contra de la corrupción.

Cinco días antes de que se diera a conocer el escándalo de la “casa blanca”, el 4 de noviembre de 2014,   el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en las Cámaras de Diputados y Senadores presentó la iniciativa del Sistema Nacional Anticorrupción.  Entre las propuestas se contempla crear un Comité Coordinador, un Consejo Nacional para la Ética Pública y un Comité de Participación Ciudadana. Este último estaría conformado «por cinco ciudadanos que se hayan destacado por su contribución la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción, quienes serán designados por la Cámara de Senadores por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes».

También contempla poder auditar casi la totalidad de los recursos federales que ejercen los gobernadores, pues es en los poderes locales donde se registra una mayor malversación de fondos.

Aunque las propuestas son muy positivas, hay dos temas que no debemos pasar por alto. El primero es que la figura presidencial queda con patente de impunidad. La reforma sigue manteniendo los privilegios del mandatario en cuanto a ser juzgado por malversación de fondos o conflictos de interés. El segundo tema es que la iniciativa tiene que pasar el proceso legislativo en ambas cámaras, esto supone el riesgo de que en la cámara de senadores, por presión de los gobernadores, pueda haber cambios que les permitan manejar ciertos recursos con total discrecionalidad.

Esta reforma puede ser analizada como un esfuerzo desesperado para fortalecer la legitimidad del sistema político y del poder ejecutivo. Pero también debe ser vista como la oportunidad que tiene la sociedad para ejercer una mayor vigilancia sobre sus gobernantes, lo cual se traduciría en recursos públicos más pulcramente ejercidos. Por lo tanto, debemos seguir atentos a la discusión y desde nuestras trincheras, exigir que el espíritu original de la propuesta se mantenga. Esta es la gran oportunidad de amarrarle las manos a la voraz clase política que padecemos.Demostremos que somos capaces de darnos las autoridades que como nación moderna necesitamos.

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