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AMLO, UNAM y universidades públicas

Para Alfredo López Austin, cosmovidente del Mictlán.

Gran revuelo intra y extrauniversitario han causado las 4 ocasiones, a partir del 21 de octubre de 2021, en que AMLO se ha pronunciado sobre la UNAM, la máxima casa de estudios de la nación, que alberga a más de 400 mil universitarios, misma que aparece permanentemente entre las 100 mejores universidades del mundo y entre las mejores de Latinoamérica. Ahí se han formado excelentes investigadores del país y los cerebros más distinguidos del Sistema Nacional de Investigadores (SIN) en todos los campos del saber científico.

También hay que decirlo, ahí se destinan los mayores recursos para la docencia, la investigación y la difusión de la cultura; por ejemplo, para 2021 recibieron 46 mil 644 mil MDP. Solo para investigación se destinaron 12 mil millones de pesos. Mientras que la UAQ, una universidad de 35 mil estudiantes, 2 mil 800 académicos y 2 mil trabajadores, contaba en 2020 con 2 mil 788 MDP, en 2021 con 2 mil 825 MDP y el Consejo Universitario aprobó, para su ejercicio de 2022, la cantidad de 2 mil 998 MDP, representando una cuarta parte de lo que la UNAM destina solamente para investigación.

Esta situación es lo que para algunos es el “círculo perverso” de la educación superior, pues mientras las universidades públicas reciben el techo mínimo, siempre debajo de la inflación, para su funcionamiento, la UNAM y las universidades del Valle de México concentran recursos, equipamiento, docentes e investigadores con muchas “estrellitas”, mientras que los y las integrantes del personal universitario de “provincia” reciben cantidades que ponen a prueba la gratuidad de la educación, cobrando cuotas diferenciadas en preparatorias, licenciatura, posgrado y ofertando diversos servicios al alumnado y a la sociedad para hacerse de recursos adicionales que le ayuden, no a cubrir sus déficits acumulados, sino escasamente para sobrevivir y haciendo alarde de actos de magia, generar nuevos “campi”, en los diferentes municipios. El mandato constitucional de la gratuidad de la educación se convierte en una realidad a medias, pues no hay una ley reglamentaria que especifique cómo se efectuaría en la práctica, pues lo que existe es un cabildeo permanente y acciones mediáticas de las autoridades universitarias, tanto con la federación como con los gobiernos locales. Aproximadamente la federación, en el caso de la UAQ, aporta el 60 por ciento del presupuesto universitario, en tanto que el gobierno local aporta un 40 por ciento del mismo. No hay, pues, un esquema de asignación porcentual, más allá de las promesas de campaña, de asignar un porcentaje del PIB a la educación superior pública. Esta medida no debe ser discrecional, ni depender de los colores partidarios en turno.

Me parece, pues, que habría que poner en ese contexto las declaraciones presidenciales -excesivas para quien esto escribe- de que la UNAM “se volvió individualista, defensora de los proyectos neoliberales, perdió su esencia de formación de cuadros profesionales para servir al pueblo (…) Ya no hay los economistas de antes, los sociólogos, los politólogos, los abogados (…) ya no hay derecho constitucional, el derecho agrario es historia, el derecho laboral, todo es mercantil, civil, penal (…)”. Estas declaraciones de AMLO que técnicamente son un tremendo coscorrón a los “cachunes” universitarios, provocaron diferentes pronunciamientos a favor y en contra del presidente mañanero. Hasta la derecha panista y empresarial que pugnaba por la privatización de las universidades públicas se rasgaba las vestiduras y anunciaban el apocalipsis de la estirpe vasconceliana. Lo cierto es que las universidades públicas requieren, desde la perspectiva de la autonomía universitaria, una transformación de fondo que les permita ser una respuesta a las necesidades sociales de las amplias mayorías que no tienen acceso a la educación, a la salud, a la vivienda, a los servicios urbanos y a la participación ciudadana en la construcción de su propio destino histórico. La UAQ, en su propio proceso de reforma a la Ley Orgánica y Estatuto, debería vincular este proceso al marco más amplio de un Congreso Universitario integral y movilizar a las bases para que haya acompañamiento y resulte una reforma de los universitarios y no una reforma del Congreso de mayoría panista que meta reversa en los logros democráticos de los universitarios queretanos. Además opino que ya está puesta la mesa para la reinstalación laboral del maestro Juan José Bárcenas, quien continúa hospitalizado.

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