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Ayotzinapa, cuatro años después

Enrique Peña Nieto insistió en mantener la mentira histórica que su gobierno ha querido hacer pasar como “verdad histórica” y que consiste en afirmar que los estudiantes normalistas fueron cremados por un grupo de la delincuencia organizada.

El pasado 26 de septiembre se cumplieron cuatro años de la terrible agresión a un grupo de estudiantes normalistas de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. En un Estado de derecho ya habrían caído varias cabezas gubernamentales por este caso.

En España el nuevo gobierno encabezado por Pedro Sánchez ya perdió a dos ministros. Uno por haber perpetrado un fraude fiscal y otra por haber obtenido una maestría en forma irregular y haber plagiado su tesis. Otra más está en fuertes problemas luego de que salieron a la luz grabaciones en las que dicha ministra hace comentarios sexistas sobre algunos jueces (a uno le llamó “maricón” y a otro “nenaza”). Basta esto para hacer caer a un secretario de Estado.

Pero no en nuestro país, en donde reina la impunidad, en donde los políticos del PRI y del PAN quieren acceder a cargos públicos pero no hacer su trabajo. Quieren ganar muy buenos sueldos pero no enfrentar problemas que deberían enfrentar por su cargo. Recordemos que la agresión a los jóvenes normalistas de Ayotzinapa se da en el contexto de gobiernos neoliberales que, desde hace 30 años, han tratado de desmantelar el estado social en nuestro país.

Uno de los sectores que más han tratado de desmantelar es el educativo, a todos los niveles, buscando su privatización. En el caso del nivel superior las más golpeadas han sido las Normales rurales. A los neoliberales les dan fastidio este tipo de escuelas. Con una visión clasista y colonial no soportan estas escuelas que dan cabida a estudiantes de familias muy pobres.

México es el país de la OCDE que menos invierte en educación; en educación superior en particular. Los jóvenes normalistas agredidos hace cuatro años habían hecho una más de sus protestas para solicitar ayuda gubernamental para su comedor escolar.

En países donde se invierte lo adecuado en educación, los estudiantes no tienen necesidad de hacer ninguna protesta ni de secuestrar camiones para solicitar apoyo alimenticio pues ese apoyo está garantizado para sus estudiantes, los que tienen acceso a comedores escolares desde preescolar hasta el nivel superior. Con comida subsidiada y nutritiva.

En días pasados, Enrique Peña Nieto insistió en mantener la mentira histórica que su gobierno ha querido hacer pasar como “verdad histórica” y que consiste en afirmar que los estudiantes normalistas fueron cremados por un grupo de la delincuencia organizada. Esto a pesar de que diversos especialistas han puesto en tela de duda esa afirmación.

Recordemos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) convocó a un grupo de expertos internacionales para revisar este caso -el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)-, y que las conclusiones de dicho grupo contradicen las afirmaciones del gobierno mexicano a pesar de que éste último cuenta con más recursos e instituciones que le permiten conocer mejor qué fue lo que realmente sucedió entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014.

Cuando los padres de los estudiantes normalistas señalan que fue un crimen de Estado, tienen toda la razón, pues en la agresión y posterior cobertura de los hechos participaron los tres niveles de gobierno: municipal, estatal y federal.

Es por esto que los padres de los jóvenes desaparecidos insisten en que el Estado debería mantener cuatro líneas de investigación que han sido descuidadas sino es que hasta abandonadas por el gobierno de Peña Nieto: revisar la participación del ejército, análisis de la telefonía celular (tanto de los estudiantes desaparecidos como la de los agresores), detención de policías municipales de Huitzuco y estatales del Estado de Guerrero y el trasiego de drogas de Iguala a Estados Unidos en autobuses de línea.

Con respecto a esta última línea cabe señalar que el Gobierno Federal intentó ocultar que los estudiantes habían secuestrado cinco camiones y no cuatro y como señala la investigación de la periodista Anabel Hernández (en conjunto con una universidad norteamericana). Hay testimonios de que ese quinto camión contenía droga que iba para Estados Unidos y que ese fue el motivo real de la feroz agresión. Se trataba de no dejar testigos de que los traficantes de drogas tienen la cobertura de policías de los tres niveles de gobierno.

Con la llegada del nuevo gobierno de Morena, encabezado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), surge la esperanza de que este crimen de Estado se esclarezca. En efecto, el pasado 25 de septiembre, AMLO se reunió con los padres de los desaparecidos de Ayotzinapa y se comprometió a tres cosas: creación de una comisión de investigación para la verdad y la justicia; emitir un decreto para asegurar que toda la administración pública coopere en la investigación y que el gobierno solicitará ayuda internacional de la ONU y la CIDH para que acompañen en el proceso de búsqueda de la verdad.

Qué diferencia de actitud con respecto al gobierno de Peña Nieto, el que por cierto presionó al grupo de expertos independientes para que abandonaran nuestro país, una vez que sus conclusiones no gustaron al Gobierno Federal. Finalmente una luz en el largo túnel oscuro que han debido transitar las familias de los jóvenes normalistas.

 

anbapu05@yahoo.com.mx

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