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Cultura fiscal

Como cada año, llegamos al momento de discutir el paquete presupuestal para el ejercicio siguiente. Además de los jaloneos políticos, el desmedido presupuesto para para las fuerzas armadas y los señalamientos contra diversos sectores para justificar recortes, ha tenido cierta relevancia en el debate público la propuesta para obligar a la ciudadanía a inscribirse al RFC a partir de los 18 años.

La medida se ha calificado por los sectores menos afines al gobierno y renuentes a reformas fiscales distributivas como “terrorismo fiscal”. El calificativo es desmesurado pero ilustrativo de la debilidad de los pactos fiscales existentes en nuestro país y, con ello, de la cultura fiscal misma.

Como a casi cualquier cosa se le suele denominar “cultura”, aclaro que utilizo el término para definir prácticas, ideas y representaciones acerca del Estado las obligaciones contributivas de la ciudadanía y el ejercicio de esos recursos.

Por un lado, existe una narrativa del agravio: el gobierno se roba lo que debería ir al gasto público. No es una idea sin fundamentos, desgraciadamente. Además, las propias reglas formales son desproporcionadas y permiten arreglos muy ventajosos para los grandes contribuyentes.

Éstos, tienen a su disposición una narrativa de la ilegitimidad y muchos recursos para movilizarla. Se trata de un discurso muy a tono con ideas variadas sobre la individualidad y la corrupción del Estado. Lo sostenía Trump y muchos republicanos: “taxation is theft”. No son ideas solo norteamericanas. Es el “leitmotiv” de la mayoría de los despachos especializados en derecho fiscal.

Un nuevo régimen político tendría que redefinir las reglas del pacto fiscal. Tanto para la dimensión jurídico contable como para las prácticas y representaciones sociales sobre la importancia de las contribuciones. Ninguna de las dos es particularmente sencilla. Primero, porque se necesitan mayorías parlamentarias y, sobre todo, un aparato burocrático robusto. Y segundo, legitimar y transparentar el destino del gasto público.

Ello implicaría cerrar muchas de las ventajas legales para los grandes contribuyentes. De entrada, revisar la legitimidad del amparo fiscal. Es un problema, lo mencioné en la entrega anterior, la industria jurídica-fiscal, que va de las aulas universitarias a los despachos y medios de comunicación.

Y aunque ya se han intentado pedagogías fiscales, planes de estudio y programas informativos para explicar la importancia de las contribuciones, no se ha atajado el origen de las ilegitimidades. Ha sido paradójico que los mismos gobiernos que solicitan cumplir con las obligaciones fiscales, otorguen exenciones para empresas multinacionales que lo mismo deterioran las condiciones laborales como el medio ambiente. Y que tienen a su disposición un arsenal jurídico que se los permita. ¿Acaso, entonces, incorporar a la ciudadanía mayor de edad al RFC podría significar la construcción de una cultura fiscal más robusta, siempre y cuando se acompañe de acciones concretas, que necesariamente pasan por redefinir reglas y prácticas? De otra forma, poco sentido tiene destinar recursos humanos y financieros para instrumentar el cumplimiento de una obligación más.

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