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Desnivel en la “cancha pareja” que no fue (Segunda parte)

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) quiso establecer unos lineamientos que favorecieran la equidad en el acceso a medios de comunicación durante el proceso electoral, pero se topó con una pared que ‘levantaron’ -en poco tiempo- algunos partidos políticos, un grupo de concesionarios de medios, políticos… y el Tribunal Electoral del Poder Judicial (TEPJF).

Magistrados de la Sala Superior del TEPJF minaron los lineamientos que el Comité de Radio y Televisión del Instituto, y posteriormente el Consejo General, habían aprobado y que se denominaron “cancha pareja” para los posibles candidatos.

Pero días después, la ‘pared’ abrió la posibilidad de que recursos del erario sean despilfarrados, oootra vez, para propaganda y que la clase política aproveche el acceso a los medios de comunicación, esa arena de la batalla electoral ‘invisible’ para miles de ciudadanos.

Necesitamos dimensionar la importancia que tienen las reglas y las pautas para acceder a los medios de comunicación en los procesos electorales.

Si bien la reforma de 2007 alivió temporalmente los excesos y la polarización que se vivió en 2006, la cantidad de recurso público que dispondrá el conjunto de partidos políticos, el tiempo que diariamente se pueden anunciar en cada uno de los canales de TV y estaciones de radio (Tribuna de Querétaro 847) y la resolución del Tribunal no auguran un panorama que beneficie a las audiencias y a los potenciales electores.

Aunque el Instituto no está exento de polémica ni de malos manejos de recursos económicos, los lineamientos propuestos y en su momento aprobados dejaban entrever –hacían soñar dirían algunos- que este proceso podría ser diferente, por lo menos en este aspecto, en comparación a anteriores experiencias en el país.

Sin embargo, los concesionarios y los políticos ganaron la batalla en el Tribunal, con los recursos jurídicos promovidos y su inconformidad. Con señalamientos de que el Instituto hubiera vulnerado “la libertad de expresión” y tomado facultades o atribuciones que supuestamente no le corresponden, esos lineamientos fueron ‘tumbados’.

Ahora, está la posibilidad de que líderes de partidos políticos y potenciales candidatos contraten publicidad en periodo de intercampañas y la puedan acordar directamente con el concesionario.

El acceso a los medios de comunicación en procesos electorales tiene, desde mi punto de vista, tres aristas principales para su análisis: el recurso económico que se permite y se gasta en la ‘spotiza’ y los anuncios en medios, las condiciones de equidad –o falta de la misma- para los diferentes partidos y coaliciones que buscan acceder, y la “influencia” o capacidad de persuasión que cada tres años buscan negociar –o imponer- los concesionarios.

La primera arista posee matices. Aunque la reforma de 2007 limitó el negocio que hacían particulares (Azcárraga y Salinas Pliego por decir dos casos) para tener ganancias millonarias particulares con recursos públicos, el proceso electoral no estará exento de que entre los diferentes partidos políticos, coaliciones y el Instituto se gasten montos y tiempos que indignarían a más de uno. En esta primera arista también podríamos ubicar la resolución del Tribunal.

La “cancha pareja” que quiso dibujar el INE en el césped electoral terminó sin forma y con cráteres o desniveles que podrían apuntalar a personajes de los partidos políticos “tradicionales” y en perjuicio de partidos de reciente creación y las candidaturas independientes. Asimismo, también el tribunal impidió la fiscalización de esos recursos públicos, cosa por demás necesaria.

No es gratuito que exconsejeros y especialistas duden de que existan condiciones de equidad, uno de los grandes pendientes que dejaron los procesos de 2006 y 2012. Recordemos que la falta de equidad, la enfermedad o moda de la ‘encuestitis’ –la mayoría carece de una sólida vitrina metodológica- y la pasividad del órgano ante anomalías y excesos alrededor de las campañas de FCH (2006) y EPN (2012) nos condujeron a gritos y denuncias de “fraude”.

La elección de comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) es un asunto que no tiene por qué verse aislado. Tanto la clase política como los concesionarios buscan que este instituto autónomo y creado en 2013 pueda dejarlos maniobrar acorde a sus intereses.

Las audiencias necesitan a un comisionado o comisionada que no le tiemble la mano ni le tenga miedo a pronunciarse públicamente contra los concesionarios comerciales de medios, y que no se renueven concesiones sólo por deseo –recordemos 2006-. La batalla electoral está en varios frentes y el acceso a medios es uno que habrá que seguir, con la premisa de que no tendremos el piso “parejo” que hubiésemos deseado.

 

@carloaguilarg

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