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El problema de la #combi y las instituciones

Al parecer, la idea es que los “rateros no tienen derechos” o que no son personas. Me atrevo a decir que es una herencia de la “guerra contra el narcotráfico”.

Está demás hacer una reseña del video. Todo mundo vimos con horror, morbo o fascinación al grupo de hombres que golpeó, por varios minutos, a un sujeto que había subido a una combi para asaltarla. No es particularmente difícil adivinar por qué se viralizó. Los asaltos en transporte público son un verdadero problema en casi todo el país. Aunado a eso, la violencia, la sensación de inseguridad y hartazgo colectivo, mueven fácilmente al debate en torno a la criminalidad y la justicia. Más allá del valor periodístico del hecho en sí, interesa una de las narrativas que se construyó alrededor.

Entre quienes entienden y reivindican el derecho de los pasajeros a defenderse, se construyó una narrativa del hartazgo, la cual se nutre de la noción de la falta de autoridad que ponga límite a los delincuentes. Es curioso que tampoco quede claro si para este grupo existe límite racional, proporcional al castigo. Al parecer, la idea es que los “rateros no tienen derechos” o que no son personas. Me atrevo a decir que es una herencia de la “guerra contra el narcotráfico”. El culmen de la desproporción llegó al final cuando, ya en el suelo y fuera del vehículo, uno de los pasajeros despojó de sus pantalones al fallido asaltante. Me recordó el “enfrentamiento” que terminó con la vida de Arturo Beltrán Leyva, “El Barbas”.

Cercanos a esa narrativa, aunque sin reivindicar el exceso, algunos comentaristas y académicos de medios y redes sociales señalaron los motivos del asaltante y sus agresores: impunidad, falta de estado de derecho y una mezcla de ambas. La narrativa del hartazgo que relato es problemática en sus dos vertientes por el sentido común que expresan. Por un lado, es dramático pensar que todo exceso cometido contra un presunto delincuente es permisible. Por el otro, resulta problemático pensar que la solución pasa por el tamiz de la racionalidad instrumental. Parece sensato, pero insisto: es problemático.

El discurso institucional dominante apunta a las restricciones. Asume también que todo individuo realiza un cálculo sobre su probabilidad de éxito; sea robar, ganar una elección, etc. Entonces, el cambio institucional debe apuntar en esa dirección: ajustar las restricciones, hacer más costosa la posibilidad de éxito. Lo que tenemos desde entonces es una reiteración del fracaso.

Luego del incidente y a partir de un tuit que compartía la idea de que los delincuentes no pueden ser tratados como seres humanos, le escribí a mi colega Alejandro Jiménez. Él me señaló la interesante idea detrás de los juzgados populares: que la gente se apropie de la justicia.

El problema de la narrativa del hartazgo es que, además de atribuir una racionalidad imaginaria y soluciones mecánicas, tiene una fuerte raigambre social. Por ende, su variante vengativa no es descabellada y puede tener derivas fascistas: mátenlos en caliente.

Desde luego que faltan instituciones. También ciudadanos. O sea que falta Estado; es decir, una manera de establecer vínculos de confianza y cooperación recíproca. Si vamos a construir instituciones en el Estado, que sea bajo esa premisa: para que la gente se apropie de ellas.

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