¿En camino hacia la Verdad?
Un tema de interés público y de relevancia nacional, tanto por su carácter histórico como por la actualidad del país, es la formación de la Comisión de la Verdad que indagará sobre las políticas represivas del Estado mexicano cometidas entre 1965 y 1990, aquel periodo nombrado como guerra sucia.
En un ejercicio inédito en los llamados procesos de justicia transicional en el mundo, el Gobierno o, para ser más precisos, la subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración encabezada por Alejandro Encinas, emitió una convocatoria abierta para autopostularse para ser parte de dicha Comisión, y se transmitió en vivo por las páginas oficiales todas las entrevistas con las y los candidatos, los pasados 25 y 26 de octubre. Veinticuatro personas -originalmente eran 25, pero una declinó- de distintos campos y trayectorias presentaron una síntesis de sus propuestas y perspectivas sobre el trabajo que debería realizar la Comisión de la Verdad a la que aspiraban formar parte. A la par de que fueron interpelados por Encinas y, en representación de colectivos de víctimas y familiares de víctimas, por Alicia de los Ríos -cuya madre y padre, militantes de la Liga Comunista 23 de Septiembre, fueron desaparecidos por el Estado en los setenta-, más la observación silenciosa del representante de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU Derechos Humanos México, Guillermo Fernández, se compartieron y leyeron las preguntas y observaciones que se estaban haciendo en directo por aquellas personas que seguíamos el evento por las redes sociales digitales.
Todas las intervenciones fueron, a mi juicio, de la más alta calidad. Todas las personas postuladas contaban con los méritos -algunas en el ámbito académico, unas en la defensa de los derechos humanos, otras por acompañamiento a las víctimas, etc.- y la altura moral para formar parte de la Comisión de la Verdad. Entre aquellas que tuvieron una participación muy interesante, pero que, al final, no fueron seleccionados, estuvieron Gerardo de la Fuente Lora, Rafael Rodríguez Castañeda, Adela Cedillo, Francisco Ávila Coronel, José Luis Alonso Vargas, Jesús Zamora García, por mencionar a algunos. Al final, cinco personas fueron seleccionadas: Eugenia Allier Montaño, Aleida García Aguirre, Abel Barrera Hernández, Carlos A. Pérez Ricart y David de Jesús Fernández Dávalos.
Allier Montaño es psicóloga social e historiadora y es profesora-investigadora por la UNAM; García Aguirre es doctora en Ciencias e historiadora y profesora en el UPN de Chihuahua; Barrera Hernández es antropólogo social y asesor de las familias de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en el 2014; Pérez Ricart es politólogo y profesor-investigador en el CIDE de la Ciudad de México; y Fernández Dávalos es sociólogo, fue director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y ex rector de la Universidad Iberoamericana. Como historiador, reconozco la importancia histórica de este proceso. Tocará acompañar, reconocer y criticar el trabajo y resultados de la Comisión de la Verdad. Si bien es posible que las expectativas que este tipo de comisiones genera no se vean alcanzadas, considero que vale la pena el esfuerzo. De entrada, me da gusto saber que muchas familias de las víctimas han expresado que por fin se sienten escuchadas y consultadas (aunque lo mismo expresaron las familias de los 43 de Ayotzinapa y su respectiva Comisión de la Verdad, establecida recién se inauguró el Gobierno actual a finales del 2018, y pocos resultados han obtenido). Y como se ha señalado, hay una palabra empeñada -la del presidente López Obrador-, para dar su apoyo a este proceso (como abrir los archivos del Ejército federal, por ejemplo), pero si no hay una presión por parte de la sociedad civil para exigir que se cumplan dichos compromisos, el camino y objetivo de la Comisión será más difícil de andar y alcanzar.
