La semana pasada, con motivo del cese y nombramiento de una nueva titular de la agregaduría cultural en España, se suscitó una polémica que, si se mira con cuidado, puede no ser nada trivial.
Sobre el despido del escritor Jorge F. Hernández hay información contradictoria. La versión oficial contrasta con la que el propio escritor ha difundido, y que ha encontrado eco en medios de comunicación y redes sociales. Me avoco a esta segunda porque no es irrelevante. Más allá de su veracidad, se ha dicho que el ahora ex agregado cultural fue separado del cargo luego de publicar un artículo crítico (o algo así) a los dichos (que, en realidad no fueron tales, o no en la forma en que se reprodujeron en medios) de otro funcionario en torno a la lectura. Aclaro que no me resulta irrelevante la veracidad de las razones del despido, sino que la segunda versión y el posterior nombramiento de una nueva agregada cultural, dio pie a consideraciones que vale la pena analizar.
A lo largo de estos tres años, e incluso antes de que siquiera iniciara el sexenio de López Obrador, cierto sector de la opinión pública ha acusado al gobierno y simpatizantes de tener poca, cuando alguna, tolerancia a la crítica. Algo hay de cierto, supongo; aunque valga apuntar que la idea a veces se ha llevado a extremos ridículos. Ahora, muchos señalamientos del presidente tampoco ayudan a pensar que tenemos en Palacio Nacional a un hombre particularmente receptivo a los señalamientos contrarios.
Así, quienes se manifestaron en contra del nombramiento de la nueva agregada cultural, consideraron por lo menos incongruente (y así lo manifestó el propio López Obrador) aceptar un trabajo para un gobierno del que no se comparte el proyecto. Por su parte, otro sector señaló lo absurdo de pensar que los funcionarios tuvieran que comulgar ideológicamente con el gobierno para el que trabajaban. De cierta manera, esos señalamientos hacen eco de la idea del Estado militante que se le atribuye a la 4T.
Ahora, no se puede pensar que los gobiernos ni los estados sean neutrales, ni siquiera como abstracción: los gobiernos representan proyectos políticos específicos. Es decir, son portadores de ideas y expectativas en torno al papel del Estado en el manejo de la economía el tipo de leyes que deben legislarse, el lugar de las y los individuos, de la comunidad, etcétera. Y, claro, necesitan de recursos humanos que materialicen, a modo de políticas públicas, tales proyectos. Es decir, un sector burocrático. Se trata de un tema interesantísimo y que vale la pena analizar con mucho detenimiento. Dicho sea de paso, hay allí mucho material para investigaciones sociológicas. Volviendo a la polémica, debemos, primero, hacer una distinción entre la burocracia ´de carrera´, y los funcionarios nombrados por y para los proyectos políticos de cada gobierno. Es interesante pensarlo también desde la óptica del cambio de régimen. Los cuadros burocráticos se han formado a partir de una serie de prácticas estructuradas conforme a una idea del Estado y el gobierno, algunas de ellas, incluso, anteriores al régimen tecnocrático. Eso no implica, desde luego, que toda la burocracia, salvo acaso por los funcionarios de primer nivel, compartan afinidades con los gobiernos para los que trabajan. Volveremos a esto en las siguientes entregas.
