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Gestión Política como parte del Modelo de Responsabilidad Social Universitaria

A inicios del siglo XXI inició en América Latina un nuevo paradigma para la construcción de la responsabilidad social universitaria (RSU). Este modelo está basado en acciones de gestión que permitan dar respuesta a los impactos que generan las instituciones educativas: los que dependen de su propia organización interna, los que deriven de la formación de sus egresadas y egresados, aquellos que surgen de la generación de conocimiento y los que resultan de la vinculación con todos los actores del entorno social y ambiental. De esta forma, las Instituciones de Educación Superior (IES) deben procurar que estos impactos sean positivos (Vallaeys F, https://doi.org/10.1016/S2007-2872(14)71945-6).

Los ejes de gestión primarios dentro del modelo de RSU están dirigidos a sus funciones sustantivas (gestión académica) y adjetivas (gestión administrativa y gestión financiera) y, en el modelo adoptado por la UAQ, hemos incluido las funciones sociales (gestión social y gestión política). De acuerdo al Plan Institucional de Desarrollo (PIDE 21-24), el eje de gestión política surge de la necesidad de atender los nuevos lineamientos de la Ley General de Educación Superior (LGES), en principio, pero ligado también a la Ley General de Educación (LGE) y al anteproyecto de la Ley de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación (LHCTI) (https://planeacion.uaq.mx/docs/pide/DOCUMENTO_PIDE_2021-2024.pdf).

La necesidad de establecer estrategias más eficaces para la gestión del presupuesto universitario, de la defensa de la autonomía y de la participación en la generación de políticas públicas para la educación superior se dan en un contexto en el que las IES públicas, particularmente las autónomas, atraviesan por décadas de problemas financieros y de poco (por no decir nulo) interés del Estado. Ante esta situación, nuestra universidad lleva a cabo acciones de gestión que buscan la participación activa de las y los integrantes de la comunidad universitaria en escenarios que permitan avanzar en política educativa.

De esta forma, hemos elaborado un plan de gestión presupuestal ante gobierno del estado y hemos participado en la reincorporación de la Fracción VII del artículo 3ro de la Constitución, que fue eliminada por un supuesto error y que establece la autonomía universitaria. Participamos en las reformas de leyes como la LEG, LGES y actualmente, en la que concierne al anteproyecto de la LHCTI. En este último caso, actualmente colaboramos en diferentes foros académicos que se enfocan al análisis de la ley que CONACYT ha presentado, así como en la generación de propuestas que deriven en mejores directrices.

Es así como este lunes 28 de marzo participamos en el foro “Ciencia y Educación Superior en México: Momento Crítico” en la Cámara de Senadores y en conjunto con autoridades, académicos y legisladores, en un ejercicio de reflexión sobre autonomía universitaria y la política en ciencia y tecnología en México. Es indispensable que se retome el papel de las universidades en la toma de las decisiones sobre investigación en nuestro país. La ley que dirija las acciones en humanidades, ciencias, tecnología e innovación debe dar cabida a pesos y contrapesos y, lejos de ejercer un control centralista, debe ser abierta, incluyente, creativa, transformadora y progresista.

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