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Hacia el fortalecimiento de la participación ciudadana

En otro artículo planteé la grave crisis que hoy padece la democracia representativa (en todo el mundo), no sólo porque se reduce (para la mayoría de la población) al momento electoral, sino porque ésta ha sido secuestrada por la lógica del mercado. También comenté cómo, en contraparte, muchos colectivos ciudadanos se organizan y se manifiestan de diversas maneras para exigir respeto a sus derechos y atención a sus necesidades. Esto no sólo es legítimo, sino necesario para visibilizar las contradicciones y múltiples formas de violencia que ejerce este sistema y que de otro modo pasarían desapercibidas. Sin embargo quienes se manifiestan públicamente enfrentan diversos desafíos: falta de convocatoria o de condiciones para mantenerse a largo plazo, conflictos con otros sectores, represión policiaca, etc., además de que no siempre consiguen lo que esperan. Con frecuencia los funcionarios que debieran atenderles apuestan a su cansancio y desgaste.

He sido testigo, por ejemplo, de cómo algunas organizaciones vecinales de zonas populares, que tocan las puertas de la alcaldía de Querétaro para recibir atención, tardan más de dos años en dar con el funcionario ‘correcto’ para ser escuchadas; incluso se les exige constituirse en asociación civil para ser tratadas como ‘interlocutoras’. Y no me refiero a solicitudes de servicios extraordinarios, sino a aquellos que por ley le corresponde brindar al municipio (mantenimiento de calles, banquetas, alumbrado público, parques y jardines, servicio de limpia, etc.).

Algo lamentable que descubren estas organizaciones cuando logran ser recibidas, es que los alcaldes, regidores o demás funcionarios, no sólo ignoran buena parte de lo que sucede en los territorios que gobiernan, sino que no saben qué hacer con los problemas (también por eso concesionan los servicios públicos a empresas privadas), y como suelen vivir en las mejores zonas residenciales, poco se enteran de los problemas que muchos ciudadanos padecen y que los llevan a protestar.

Para colmo, cuando alguna organización consigue establecer una mesa de trabajo con cierta autoridad, se encuentra de pronto con que la-el titular renuncia a su cargo antes de tiempo, para buscar otro. Esto la lleva a reiniciar todos los engorrosos trámites, desde cero, con la siguiente administración.

Con la intención de contribuir a minimizar estas dificultades, según he señalado, 35 colectivos integrados en #QuerétaroParticipa vienen impulsando una iniciativa de Ley de Participación Ciudadana para nuestro estado que pugna por el establecimiento de formas de cogobierno ‘más efectivas hacia la resolución de los grandes problemas públicos (…)’, ‘más abiertas a la participación y a la deliberación’ y a la vez, ‘más sensibles y ágiles ante las demandas populares…’. Dicha iniciativa propone 16 mecanismos para que toda la ciudadanía y no sólo la clase política sea atendida en sus necesidades de manera más expedita:

  • iniciativa ciudadana
  • plebiscito
  • referéndum
  • revocación de mandato
  • audiencias públicas
  • cabildo abierto
  • colaboración ciudadana
  • comités de participación
  • consejos consultivos
  • consulta indígena
  • consulta pública
  • contralorías sociales
  • mecanismos de participación social para niñas, niños y adolescentes
  • planeación participativa
  • presupuesto participativo y
  • parlamento abierto.

Además busca reducir la cantidad de firmas que se requieren para activar dichos mecanismos.

Si además de los procesos electorales puede haber estas otras formas de participación democrática, ¿a qué se debe que la mayoría ciudadana ni siquiera las haya escuchado nombrar? ¿En un régimen que se dice ‘democrático’, a quién le corresponde la educación cívica de la población?

Tanto el INE como los institutos electorales de los estados, los partidos políticos, la SEP y todos los departamentos de comunicación social de los gobiernos estatales y municipales, debieran dedicar buena parte de su presupuesto a dicha educación ciudadana, en lugar de entregar tanto dinero público a las empresas del marketing político, que más bien contribuyen a agravar la ignorancia política.

Ciertamente no basta con lograr que una buena ley se promulgue. Para activar todos esos mecanismos de participación es fundamental que la ciudadanía los reconozca, que aprenda a asumirse a sí misma como digna y capaz de exigirlos, así como a organizarse para hacer efectivo su cumplimiento. Pero el hecho de saber que esa ley existe despierta el interés, anima el espíritu y fortalece la organización.

Carmen Vicencio

Miembro del Movimiento por una educación popular alternativa (MEPA) maric.vicencio@gmail.com

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