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Instantáneas de después de la elección del 1 de julio

Al menos en cuatro estados de la República los diputados que van de salida han aprobado o tratado de aprobar medidas que los blinden a ellos o al gobernador en turno; que perjudiquen las prestaciones laborales de empleados estatales o faciliten la contratación de deuda al gobernador en turno.

El mes pasado, la casa encuestadora Consulta Mitofsky publicó los resultados de la encuesta nacional “México: después de las elecciones”, levantada entre el 6 y el 8 de julio.

Dicha encuesta explora varios rubros, entre ellos los sentimientos que provoca el triunfo de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Los resultados muestran que más del 62 por ciento siente alegría, casi el 63 por ciento felicidad, más del 60 por ciento satisfacción, casi el 58 por ciento seguridad, casi el 60 por ciento tranquilidad y el 59 por ciento confianza. Al respecto cabe señalar que el resultado oficial de las elecciones dio a AMLO poco más del 53 por ciento de votos, por lo que los resultados de la encuesta de Mitofsky dan entre cinco y diez puntos adicionales de satisfacción, una vez conocidos los resultados. Este porcentaje adicional aumenta la aceptación al triunfo de AMLO, por encima de sus votantes.

El nuevo gobierno comenzará con grandes expectativas. La mayoría de la gente le apostamos a un cambio verdadero, no cosmético, no a una simple alternancia como ha sido con los gobiernos del PRIAN. La encuesta señalada le pone números a dichas expectativas. El 65 por ciento de los encuestados cree que en el corto plazo mejorará la seguridad; más del 67 por ciento cree que mejorará la economía y casi el 65 por ciento cree que mejorará la forma de hacer política.

Pero además, la gente tiene prisa. Los agravios de priistas y panistas son muchos y vienen de lejos. El 14 por ciento de los encuestados por Mitofsky quiere ver cambios entre uno y tres meses, a partir de que tome posesión el nuevo gobierno. Casi el 20 por ciento quiere ver cambios entre tres y seis meses y el 27 por ciento quiere ver los cambios entre seis meses y un año.

Esta impaciencia se percibe en el ambiente. No es natural que el candidato que gana las elecciones asuma su cargo hasta cinco meses después. En ese sentido nuestro país es atípico. Es un tiempo muy largo para que un nuevo gobierno asuma sus funciones.

Por ejemplo, este año, el primer ministro español, Mariano Rajoy fue defenestrado por su parlamento el 1 de junio, menos de una semana después el nuevo gobierno ya estaba en funciones. He escuchado a personas exigir a AMLO que tome medidas de todo tipo. Se les olvida que entra en funciones hasta el primero de diciembre y que apenas el pasado 9 de agosto recibió su constancia como presidente electo por parte del Instituto Nacional Electoral (INE).

 Los coletazos del dinosaurio

Al menos en cuatro estados de la República, -Veracruz, Estado de México, Hidalgo y Sonora- los diputados que van de salida han aprobado o tratado de aprobar medidas que los blinden a ellos o al gobernador en turno, o que perjudiquen las prestaciones laborales de empleados estatales, o faciliten la contratación de deuda al gobernador en turno. Estas medidas carecen de legitimidad democrática y deberían ser revertidas por los nuevos congresos. En el Estado de México, Morena ganó 42 de las 45 diputaciones locales en juego. Tendrá mayoría absoluta en el próximo Congreso local. En el caso de Sonora, Morena ganó 20 de las 21 diputaciones en juego y también tendrá mayoría absoluta en ese estado. Lo mismo sucederá en Hidalgo, en donde Morena ganó las 18 diputaciones en juego. De ahí la prisa de los priistas por aprobar medidas al vapor y sin consenso.

Los actuales diputados ya no tienen representación popular, pues sus partidos fueron ampliamente repudiados en sus estados. Insisto, carecen ya de cualquier resquicio de legitimidad.

Del mismo tenor son las quejas de los mega-privilegiados que se sirvieron con la cuchara grande y se asignaron salarios fuera de toda proporción. Tiembla la élite dorada de la burocracia federal. Recordemos que gran parte de los excedentes petroleros que recibieron los gobiernos panistas de Fox y Calderón se los gastaron en otorgar privilegios a la casta dorada de la alta burocracia. Por cierto, al mismo tiempo se ensañaron con las prestaciones laborales de la burocracia de abajo. Resulta verdaderamente vergonzoso que alguien defienda un salario superior a los 600 mil pesos mensuales en un país con 60 millones de pobres y en donde se muere de hambre.

 Lo que se puede revertir

La coalición Juntos Haremos Historia no tiene la mayoría calificada como para modificar, por si sola, la Constitución y revertir muchas de las medidas que fueron aprobadas por el “Pacto por México” (principalmente por PRI, PAN y PRD).

Por ejemplo, en el caso de la reforma energética, sin una mayoría de dos tercios no se puede regresar a su redacción el artículo 27 constitucional o, en el caso de la reforma educativa, echar abajo los cambios al tercero constitucional.

Sin embargo, la mayoría de la coalición en ambas cámaras, le permitirá promulgar, derogar o modificar leyes secundarias, en el interés de la nación. Y esto es perfectamente democrático: revertir leyes aprobadas por mayorías que se extinguieron. Esa es una de las razones por las que la gente vota por otros partidos, para revertir leyes nocivas y antipopulares.

Hay que tener en cuenta estos elementos para saber también qué puede y que no podrá hacer el nuevo gobierno, así como tener claro qué le corresponde al ejecutivo y qué le corresponde al legislativo.

 

anbapu05@yahoo.com.mx

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