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Jubilaciones y pensiones en las universidades públicas

Hace un poco más de 4 años, durante los días 4 y 5 de abril de 2014, el SUPAUAQ fue sede del “1er. Foro Nacional de Jubilados Universitarios” al que acudieron 22 sindicatos universitarios de las diferentes corrientes del sindicalismo universitario, además de representantes de otras representaciones de sindicatos fraternos, tanto federales como estatales. La conferencia inaugural, titulada “La Resistencia de los Trabajadores del SME y la Lucha por la Seguridad Social” estuvo a cargo de Martín Esparza Flores, Secretario General del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), acompañado de Carlos Magariño Luévano, representante de los Jubilados del SME. Cabe señalar que el SME estaba celebrando sus 100 años de existencia, en tanto que aún no se recuperaba del golpe calderonista de suspender la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y de dejar sin trabajo a 44,400 trabajadores electricistas de este combativo sector y esbozaba los inicios de un movimiento alternativo de generación eléctrica, bajo la forma de una cooperativa de trabajadores y consumidores. Tanto Martín Esparza, como Carlos Magariño, hicieron énfasis en persistencia del sindicato y del capital político y económico de los 10 mil trabajadores jubilados que seguían en la lucha y servían de sostén, con sus cuotas, para el mantenimiento de la resistencia del SME. También, nos hicieron una invitación a participar en la Nueva Central de Trabajadores (NCT), y a incorporarnos a la Confederación Nacional de Jubilados y Pensionados de la República Mexicana.

El impacto nacional y las repercusiones entre el sindicalismo universitario, integrado por la Federación Nacional de Sindicatos Universitarios (FNSU), la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (CONTU) y la Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios de Educación Superior e Investigación Científica (CNSUESIC) de los trabajos de este Foro se reflejaron en la necesidad de un diagnóstico nacional de las diferentes formas acceder a la seguridad social, entre las que se combinaban los mecanismos estatales, los federales como el ISSSTE y el IMSS y algunas vías que eran parte de sistemas jubilatorios y pensionarios, que se manejaban con recursos mixtos, tal como ocurría con la mayor parte de las universidades públicas que reciben financiamiento federal y se complementan con el estatal, predominando el apoyo mayoritario, pero insuficiente, de la federación. También se observaba que algunas universidades ya habían pactado con sus sindicatos la “compra” de sus cláusulas referidas a la jubilación, al incremento de la edad para jubilarse y/o pensionarse y los años de servicio, tal como ocurrió en la UAQ, en el año 2007, siendo rector Raúl Iturralde (2006-2012) y Marco Antonio Rubio, Secretario General del SUPAUAQ, suprimiéndose la jubilación dinámica de los trabajadores académicos que ingresaban a la UAQ después del 15 de junio de 2007, e incrementándose progresivamente los años de servicio para quienes habían ingresado antes de esa fecha a la Universidad, mismos que aún alcanzarían su jubilación.

Como “premio” de Hacienda y de la SEP se crearon, en las universidades que habían aceptado, junto con sus sindicatos estos cambios en sus contratos colectivos, fondos y/o fideicomisos para que las universidades pudieran cumplir sus compromisos de retiro y jubilación de sus trabajadores académicos y administrativos. Sin embargo, en la mayoría de las ponencias que presentaron los representantes sindicales, se concluía que las reformas y los recursos que se incorporaban a esos fondos, eran a todas luces insuficientes y no se veían salidas estructurales a los pasivos de las universidades públicas que ya anunciaban, con o sin estudios actuariales, la quiebra técnica de sus instituciones. Los sindicatos se quejaban que los recortes en los sistemas de jubilaciones no iban a la par de la revisión de los salarios del personal directivo de las universidades como los rectores, vice-rectores, directores de unidades académicas y secretarías de la rectoría, que en conjunto destinaban un 20-25 por ciento de su presupuesto anual al pago de nómina de la burocracia universitaria.

Más recientemente la CONTU celebró, bajo el auspicio de la Asociación Sindical de Personal Académico y Administrativo de la Universidad de Guanajuato (ASPAAUG), los días 13 y 14 de septiembre de 2018, el “XIII Congreso Nacional de Sindicatos Universitarios”, bajo el tema de “Retos y Perspectivas de la Universidad Pública”. Entre las temáticas que se abordaron estaba la cuestión de las jubilaciones y pensiones en las universidades públicas. Una primera reflexión era que el modelo neoliberal ha desmontado el estado de bienestar que prevalecía hasta 1982, afectando las condiciones laborales, desmantelando los contratos colectivos, imponiendo las cuestionadas reformas estructurales, entre ellas la reforma educativa y la reforma laboral. En ese sentido, todo parece indicar que asistimos a un cambio regresivo en los sistemas de pensiones y jubilaciones, tal como se aprecia en los mandatos de la OCDE y el FMI. Sin embargo, los participantes insistían en que el nuevo gobierno encabezado por AMLO, podría generar un nuevo modelo de respaldo a las universidades públicas y al esquema de jubilaciones y pensiones, bajo pautas de transparencia en el manejo de los recursos públicos. Ojalá.

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