La importancia del uso de la voz en la democracia
Si hay un derecho que podríamos denominar definitorio de la democracia, es el uso de la voz. Está en los procedimientos jurídicos. Para poder hablar de juicios justos, hay que asegurar que las partes en conflicto tengan medios para alegar en su defensa.
En realidad, es válido para hablar de relaciones sociales horizontales: silenciar a la otra persona, o, peor aún, negarle la posibilidad siquiera de que diga algo, es negarle su condición de igual. Hay muchas interacciones sociales que culminan con la inexpugnable: no quiero escuchar.
En la política, el diálogo es un poco difícil de sobrellevar. Uno de los problemas contemporáneos es paradójico: el modelo democrático se preocupó menos por construir posibilidades para ampliar la discusión pública que para convertirla en un diálogo de expertos. El fracaso justamente radica en que la población (o esa abstracción eficazmente romantizada bajo el paraguas pueblo) comenzó a reclamar o, mejor dicho, expropiar esos espacios reservados para un puñado. Lo paradójico es que, convertidos en mayorías, efímeras, problemáticas y contingentes por lo demás, pugnan por negarle la posibilidad de habla al resto del —también— pueblo.
La negación del diálogo tiene matices. No es lo mismo ni son equiparables las formas e intenciones de Trump y sus seguidores, por ejemplo, que las personas simpatizantes de la 4T. Es un tema aparte pero los intentos por forzar las equiparaciones terminan haciendo imposible la crítica. Repito, para evitar equívocos: no son lo mismo, no se parecen ni se asemejan.
El argumento, por llamarlo de alguna manera, contra el poder judicial de la federación y su facultad para invalidar leyes es bastante simple. Y valga decir, simplón: ¿por qué tendrían legitimidad para invalidar una norma un puñado de personas por las que nadie votó? Más aún: ¿por qué la invalidez de la norma provendría de no respetar una formalidad como el proceso legislativo? En la elaboración del argumento ha habido excesos tales como sostener que la democracia deliberativa es una invención de la Corte para justificar su rechazo al gobierno.
Cualquier intercambio hablado precisa de reglas para el uso de la voz. Habrá quienes digan que la deliberación en el sentido habermasiano es imposible en espacios de toma de decisión política; y posiblemente tenga razón. Una de las críticas a la racionalidad argumentativa pasa por la imposibilidad empírica de conciliar ideologías contrapuestas. No obstante, deben existir condiciones mínimas para que en los intercambios discursivos, las partes que aleguen puedan expresar sus posiciones; en el caso político, hacer evidentes las diferencias y visiones políticas (es decir discursos) que están detrás de una propuesta legislativa o política pública.
De lo contrario, ¿cómo podría asegurarse la ciudadanía representada de que efectivamente lo que resolvieron los congresos representa sus intereses? La representación, sabemos, no es automática. No hay un mandato de obligatoriedad entre la decisión legislativa y el electorado que la legitima. Si ignoramos las opiniones contrarias, ¿cómo sabemos que las propias son las correctas?
