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La masacre de Tlatelolco, 50 aniversario

A Echeverría, el pueblo de México le ha venido pagando una jugosa pensión desde hace 42 años, en complicidad con los presidentes que lo sucedieron. Algo que se les acabará con el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

No fue algo banal, fue una verdadera masacre. Ciertamente no fueron unas tres decenas de muertos como señalaron los panegiristas del gobierno priista en turno y como siguen sosteniendo, irresponsablemente, los apologistas de hoy. No, fueron centenas de muertos. No podría haber sido de otra manera, pues esa tarde del 2 de octubre de 1968 el ejército había acordonado la plaza de las tres culturas en Tlatelolco, para evitar tanto el ingreso a la plaza como, criminalmente, impedir la huida una vez que comenzaron a disparar sobre la multitud.

A esos centenares de muertos esa tarde, habría que agregar otras decenas -quizás centenas- de muertos y desaparecidos antes y después del 2 de octubre y agregar a centenares de heridos y miles de detenidos.

Fue un acto alevoso como ya lo habían sido la toma violenta de la UNAM y de las instalaciones del Politécnico en el Casco de Santo Tomás. Jóvenes desarmados, muchos de ellos adolescentes, muchos estudiantes de bachillerato  -incluso de secundaria- de 20 o 21 años los más grandes los que cursaban una carrera universitaria. Gente entrenada para la guerra y para matar frente a civiles desarmados, una gran felonía voltear las armas compradas con el dinero del pueblo contra el pueblo mismo.

A 50 años de distancia no hay información fidedigna sobre el número de muertos, heridos y detenidos y peor, no hay responsables que hayan sido llamados a cuentas.

Sin duda el principal responsable es el jefe de las fuerzas armadas, el presidente de la República en turno, el priista Gustavo Díaz Ordaz. El ejército no habría podido actuar sin órdenes precisas. Pero también son responsables los principales cómplices: altos mandos del ejército, el regente de la Ciudad de México en esa época, los diputados y el secretario de Gobernación que posteriormente se convirtió en presidente de la República, Luis Echeverría Álvarez, el que aún vive en la total impunidad y que posteriormente desató al grupo paramilitar de “los Halcones” en contra de estudiantes el 10 de junio de 1971.

Hoy se tienen las pruebas gráficas de los famosos hombres del guante blanco, militares, paramilitares y policías, el llamado “batallón Olimpia” o “Grupo Lux”. Ellos fueron los encargados de detener en el edificio Chihuahua, de la Unidad Tlatelolco, a líderes estudiantiles ahí presentes. Encargados también de reprimir. Las fotos los muestran con el rostro adusto y con pistolas en las manos.

Hoy sabemos que en los edificios alrededor de la plaza de las tres culturas, había francotiradores militares, los que comenzaron a disparar hacia la multitud en la plaza una vez que recibieron la señal con una luz de bengala disparada desde un helicóptero.

La masacre fue registrada en película por un camarógrafo, Servando González (ya fallecido) contratado por el Gobierno Federal. Se dice que se generaron películas de 10 horas de duración. Nadie ha visto esas películas. Se dice que fueron entregadas directamente a Luis Echeverría y, seguramente, las escondió o las destruyó para no dejar pruebas de la ignominia.

A Echeverría, el pueblo de México le ha venido pagando una jugosa pensión, como expresidente, desde hace 42 años, en complicidad con los presidentes que lo sucedieron -desde su amigo José López Portillo hasta los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón– los que han gozado de los mismos privilegios. Algo que se les acabará con el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

El país, tal como lo conocemos ahora, no sería el mismo sin la lucha estudiantil de ese verano del 68. Una lucha que no versó sobre cuestiones académicas sino sobre cuestiones netamente políticas. Una lucha por la democratización en pleno régimen de partido único, en pleno clima de Guerra fría. Gracias a esa lucha desapareció el delito de “disolución social”, concepto tan vago como general para poder ser aplicado a cualquier opositor político con cualquier pretexto. Es decir, un delito netamente represivo de control social.

Así mismo, solicitaban la libertad de los presos políticos, muchos de ellos veteranos de las luchas laborales de médicos, maestros y ferrocarrileros, entre otros. No olvidemos que dos años antes, en octubre de 1966, el ejército ya había sido usado en contra de los estudiantes de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo. También solicitaban algo que debería ser muy sencillo y totalmente legítimo: el deslinde de responsabilidades por parte de las autoridades y castigo a los culpables de la represión.

El sacrificio de muertos, heridos, detenidos y sus familias, abrió las puertas, lentamente, a una mayor democratización del país, a una mayor libertad (con todas sus restricciones), a la alternancia política. Creo que difícilmente el país abría avanzado en ese sentido sin esa lucha heroica de cientos de miles de jóvenes que, con una convicción en sus ideales, enfrentaron al aparato represivo del Estado -no sólo policías sino también a militares fuertemente armados. Jóvenes que defendieron sus escuelas, aún a costa de sus vidas. Muchos héroes anónimos a los que les debemos mucho.

 

anbapu05@yahoo.com.mx

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