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La torcida interpretación del derecho humano al agua en Santiago de Querétaro

Lo más grave está en la responsabilidad “única y absoluta” sobre el abastecimiento, “la calidad del agua” y “daños a terceros” que estipulan las más de 12 concesiones autorizadas al día de hoy.

El agua como derecho genera polémica por dos motivos.

Primero, porque como un bien, refiere Alberto Vayarda en su reciente artículo “Agua: ¿derecho o mercancía?”, al definir uso y acceso prioritarios supone un límite tanto para el estado como para los agentes privados con intereses de explotación del agua.

Segundo, por los mitos que existen respecto del supuesto “servicio público gratuito” para el “uso indiscriminado e ilimitado” que este “implica”; cuando en realidad se trata del aseguramiento de un mínimo para consumo vital; en disponibilidad, calidad, accesibilidad y asequibilidad. Esto significa tener acceso a agua salubre para higiene y consumo humano de una fuente no mayor a 30 minutos o un kilómetro de distancia y a través de un medio de distribución que no cueste más del 3 por ciento ingreso familiar.

En Querétaro hay una suerte de esquizofrenia institucional respecto de este derecho. Por un lado, reticencia a su reconocimiento en la constitucional local. Por otro lado, concesiones de servicio público otorgadas a empresas privadas en aras de su supuesta garantía.

En abril de 2019, la Comisión de Puntos Constitucionales de la actual legislatura desechó una iniciativa de reconocimiento constitucional aludiendo a que los múltiples tratados internacionales firmados por México, así como el ya logrado reconocimiento en la constitución federal, volvían “reiterativo” cumplir con su obligación de armonización legislativa local y con el mandato del entonces vigente Programa Nacional de Derechos Humanos.

Así resolvió, no obstante, las 19 denuncias acumuladas en dicho recinto por cortes, tarifas excesivas y otras violaciones del derecho al agua, agravadas por el limbo jurídico que genera el hecho de que Querétaro sea todavía el único estado del país sin una Ley de Aguas.

Por otro lado, juzgaron “inviable financieramente” garantizar un derecho que -de hecho- es de efectividad gradual acorde con el principio de progresividad. Sorprendentemente, este mismo principio aparece en la concesión otorgada a Acquagenis en 2018 para tergiversadamente justificar la injerencia de privados como “máximo uso de recursos disponibles”, precepto que en realidad se refiere a la planeación del Estado y de sus recursos para la garantía progresiva del derecho.

En dicho documento, el municipio de El Marqués reconoce tácitamente el otorgamiento de licencias de construcción en sitios sin factibilidad hídrica ni infraestructura pública en omisión del Ordenamiento Territorial. Como “enmienda” sugiere la intervención de la operadora privada, torciendo de paso también el principio de participación, que en realidad alude al involucramiento soberano de la población en su propio abastecimiento bajo los ejes de gobernanza y transparencia.

Es la “necesidad actual e indispensable” de abastecimiento lo que, según la autoridad, “obliga” a concesionar el servicio público de agua en terrenos luego convertidos en uso industrial y de servicios. ¿No eran los consumos humano y doméstico ligados a los derechos de vivienda, salud y alimentación?

Paradójicamente, las poblaciones a las que de no concesionar “se vulneraría el derecho humano” son los que hoy hacen fila en una Defensoría de Derechos Humanos que, teniendo todos los argumentos a mano, permanece en complicidad silenciosa.

Lo que acontece en Querétaro es el ejemplo perfecto de las consecuencias de una deficiente regulación del derecho humano al agua. Lo más grave está en la responsabilidad “única y absoluta” sobre el abastecimiento, “la calidad del agua” y “daños a terceros” que estipulan las más de 12 concesiones autorizadas al día de hoy.

Pretendiendo subsumir un servicio público, directamente asociado a la garantía de un derecho que entraña obligaciones por definición indelegables, a un contrato privado donde la autoridad facultada para ello luego pretende “no tener injerencia”. A contrapelo de Constitución, doctrina y legalidad.

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