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¿Las pensiones amenazan a la UAQ?

No sabemos realmente (…) sí se han congelado o bajado los salarios de los altos mandos de la UAQ.

En solidaridad con los compañeros del SUEUM en huelga.

Hace un poco más de un año, en el mes de noviembre de 2018, apareció en nuestro semanario Tribuna de Querétaro un artículo titulado Jubilaciones y Pensiones en las Universidades Públicas de quien esto escribe. En el mismo se planteaba el contexto neoliberal en el que se desarrollaba la educación pública a nivel mundial y prácticamente el desmantelamiento de las condiciones laborales, ganadas en el Estado de Bienestar que prevalecía antes de 1980.

La insuficiencia de recursos, en la UAQ, ha generado un modelo de crecimiento desmedido del personal académico por honorarios que ganan de manera diferenciada (entre 90 y 55 pesos la hora), según si sus horas son catalogadas como “docentes”, como “administrativas”, o están registradas como “código especial”.

Estas tres figuras están absolutamente al margen del Contrato Colectivo de Trabajo, en cuanto que no se acuerdan de manera bilateral entre la UAQ y el SUPAUAQ y los profesores no tienen prestaciones, no gozan de seguridad social, no tienen aguinaldo, y sus vacaciones no son amparadas, mucho menos pagadas. Bajo este escenario se ubican unos mil docentes y extensionistas de las 13 facultades y Escuela de Bachilleres de la UAQ.

Obviamente, este amplio grupo de profesores no están sindicalizados, ni generan antigüedad, mucho menos tendrán posibilidades de jubilación o de pensión, pues no tienen alta patronal de la UAQ en el IMSS. Entendemos que no es mala voluntad de la UAQ, sino una vía de sobrevivencia en la pauperización de las universidades públicas, además de tener que cobrar cuotas semestrales a los alumnos y cobrar por diplomados, cursos de titulación, titulaciones y vender servicios universitarios a organismos privados o públicos.

Esta batería de actividades, pone en cuestión el mandato constitucional de “gratuidad” de la educación, en todos los niveles, pero le permiten ingresos anuales a la UAQ por más de 400 millones de pesos, cantidad que de alguna manera corresponde, más o menos, al gasto de operación, gasto de inversión, desarrollo de investigación y becas estudiantiles.

El resto del presupuesto universitario se canaliza al pago de salarios y prestaciones del personal académico y administrativo, así como a la crema de la burocracia universitaria, desde la Rectoría, los funcionarios altos y medios hasta los directores de facultades. Teresa García ha reconocido que su salario nominal es de 113 mil pesos mensuales, en tanto que los directores perciben unos 70 mil pesos.

Estas cantidades son estimadas, dado que no aparecen en la página de transparencia de la UAQ. En bloque representan más del 20 por ciento del presupuesto universitario y no sabemos realmente, como lo afirmó Teresa García Gasca, Rectora de la UAQ, y lo ratificó el Consejo Universitario, hace justamente un año: sí se han congelado o bajado los salarios de los altos mandos de la UAQ, o sí estos se han incrementado, conforme, al porcentaje anual acordado en la revisión salarial anual.

Vale la pena mencionar que de los 600 académicos jubilados, por lo menos 300 ya se pensionaron ante el IMSS, por lo que su salario lo cubre dicho organismo, hasta en un 90 por ciento, en promedio, y la UAQ  solo complementa el 10 por ciento restante, partiendo de la idea de que Jubilación y Pensión es la misma cosa, cuando legalmente la primera es una cuestión de Contrato Colectivo y la segunda es resultado de un mandato federal, a través de la Ley del IMSS.

Además, los 300 académicos que únicamente se han jubilado en la UAQ y que siguen cotizando quincenalmente al Fideicomiso de Jubilaciones y Pensiones del Personal Académico de la UAQ. Por lo que los académicos jubilados y pensionados no representan una amenaza, sino un capital académico y hasta económico. La amenaza la reflejan las pautas capitalistas neoliberales de la OCDE, Banco Mundial y FMI que quieren imponer a los trabajadores no solo los famosos topes salariales, sino el retroceso en las conquistas laborales y en el sistema de pensiones.

La 4T, a pesar de que discursivamente manifiesta su respaldo al proyecto educativo y al papel protagónico de los mentores; sin embargo, en lo que respecta a las Universidades Públicas, las recorta, las somete a la Secretaria de Hacienda, condiciona la autonomía universitaria y presiona las cláusulas de Jubilación de los trabajadores universitarios en la negociación de los contratos colectivos. Un capítulo adicional es la incomprensión estatal. Esas son las reales amenazas, externas e internas, y no quienes pugnan por una vejez digna a través del derecho a la jubilación y pensión.

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