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Nuevo gobierno: austeridad y combate a la corrupción

Es verdaderamente ofensivo que existan jueces que ganen más de 600 mil pesos mensuales mientras que el salario mínimo no rebase ni siquiera los 100 pesos diarios.

El cambio que se está viviendo en México no es un cambio cualquiera y así lo entienden muchos actores políticos, no sólo en el país sino también en el extranjero.

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) presentó un plan con 50 medidas de austeridad y combate a la corrupción. Independientemente de estar de acuerdo o no en cada una de las medidas y de su efectividad, es muy importante señalar que los mexicanos estamos discutiendo de este tipo de medidas gracias a que Morena triunfó en las elecciones. De haberlo hecho el PRI o el PAN, nadie en este país estaría discutiendo este tipo de medidas, por la simple razón de que dichos partidos se han beneficiado de la corrupción y del derroche de recursos cuando han tenido bajo su cargo al gobierno federal.

Sólo por señalar dos ejemplos. Los panistas aún nos deben una explicación de en qué se gastaron casi 4 billones de pesos de ingresos petroleros durante dos sexenios, de los cuales 868 mil millones de pesos eran excedentes petroleros derivados de un alto precio internacional del petróleo (hay que recordar que en 2011 y en 2012 el precio de la mezcla mexicana superó los 100 dólares el barril, su máximo histórico). Otro ejemplo. Durante esta campaña electoral emergió el dato del desvío de 260 mil millones de pesos por parte de 22 gobernadores priistas.

El plan de las 50 medidas se divide en cinco grandes bloques: ahorro en dependencias públicas, transparencia en los contratos de gobierno, uso de recursos públicos, funcionarios de gobierno y presidencia y fiscalías.

El bloque relativo al ahorro en dependencias está constituido por diez medidas.

La primera de ellas se refiere a detener el escandaloso nivel salarial que han alcanzado las élites doradas de la burocracia mexicana. A partir de que el nuevo gobierno asuma sus funciones, el próximo primero de diciembre, se eliminarán todos los sobresueldos y bonos, y los viáticos se reducirán al mínimo.

Es verdaderamente ofensivo que existan jueces que ganen más de 600 mil pesos mensuales mientras que el salario mínimo no rebase ni siquiera los 100 pesos diarios. Y cabe resaltar que 42 por ciento de los trabajadores mexicanos ganan apenas un salario mínimo, menos de 2,700 pesos mensuales, menos de 200 veces de lo que gana un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Y también es necesario resaltar que 95 por ciento de los trabajadores ganan menos de 12 mil pesos mensuales.

En el otro cinco por ciento cae la élite dorada con sueldos superiores a los 100 o 200 mil pesos mensuales. Sus salarios nominales son más bajos, por ejemplo, unos 50 mil pesos mensuales, lo demás es producto, precisamente, de bonos, sobresueldos y canonjías meta legales.

Es por eso que la mayor resistencia a esta contención salarial de los altos sueldos se deriva, precisamente, de todos los que se han beneficiado del derroche que ha contribuido a que la deuda externa se haya elevado de cinco a más de diez billones de pesos en tan sólo un sexenio.

El mismo AMLO se reducirá el sueldo a 108 mil pesos mensuales. Y dada la vigencia del artículo 27 constitucional, fracción II (ningún servidor público puede ganar más que el presidente de la República) el tope máximo salarial del próximo primero de diciembre en adelante será de 108 mil pesos mensuales.

Pero además, la segunda medida del paquete sobre ahorro en las dependencias, tiene que ver con la eliminación de los gastos médicos privados y del uso de cajas de ahorro especiales. Otros dos rubros en los que la élite dorada se ha servido con la cuchara grande.

En la medida en la que la clase política mande a sus hijos a escuelas y hospitales públicos en esa medida mejorarán la educación y la sanidad pública. No es posible que mientras que en países mucho más ricos que el nuestro los políticos se atiendan en hospitales públicos, en México se paguen, con dinero público, seguros de gastos médicos mayores para que los funcionarios de la élite dorada, y sus familias, se atiendan en hospitales privados e incluso en el extranjero.

Esto ya se les acabó. Los funcionarios deberían atenderse en el IMSS, en el ISSSTE o en la SSA y si quieren hacerlo en hospitales privados pues que paguen con su dinero y no con dinero público, como hacemos todos los mortales.

Otra medida muy adecuada es la disminución de los asesores por cada Secretaría de estado a sólo cinco, como máximo. Esta es otra área en la que ha habido grandes abusos tanto en el poder ejecutivo como en el legislativo y en el judicial. Se contratan asesores, con grandes salarios, de forma nepotista y por compadrazgos, abultando la nómina de las instituciones públicas y por si esto fuera poco se contrata a gente incapaz que no cubre el perfil.

Con el nuevo gobierno estarán prohibidos los viajes al extranjero sin autorización y los gastos serán mínimos cuando haya necesidad de ellos. Se eliminarán programas duplicados, otra cosa que abulta la nómina, de manera injustificada. Dejarán de utilizarse aviones o helicópteros privados.

El nuevo gobierno aún no toma posesión y ya se notan las medidas de austeridad como lo es el hecho de que el Poder Judicial haya aceptado una reducción de cinco mil millones de pesos en sus gastos, para el próximo año. Vamos en la dirección correcta.

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