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Nuevo gobierno: austeridad y combate a la corrupción (segunda parte)

AMLO tasó el costo de la corrupción en 500 mil millones de pesos anuales, sin embargo, varios analistas consideran que ese cálculo es bastante conservador, el costo de la corrupción puede llegar al 10 por ciento del PIB, es decir un poco más de dos billones de pesos.

Como comentamos en nuestra anterior entrega, es muy sano que en este país, en diferentes sectores, estemos discutiendo sobre las 50 medidas de austeridad y combate a la corrupción que implementará el nuevo gobierno federal a partir del próximo primero de diciembre, una vez que tome posesión de la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En su campaña electoral, AMLO tasó el costo de la corrupción en 500 mil millones de pesos anuales. Sin embargo, varios analistas consideran que ese cálculo es bastante conservador y que el costo de la corrupción puede llegar al 10 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), tal como estiman el Banco Mundial, la OEA y el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), es decir la corrupción nos estaría costando poco más de dos billones de pesos (dato de 2016).

La semana pasada proporcionamos elementos de discusión sobre un paquete de medidas relativas al ahorro en dependencias públicas. En esta ocasión comentamos otro paquete de 10 medidas relativas a la Presidencia de la República y a las Fiscalías.

Una primera medida, muy interesante, es que el nuevo presidente impulsará que los presidentes en funciones puedan ser juzgados por corrupción. Con una medida como esta, por ejemplo, Enrique Peña Nieto habría podido ser juzgado, tal como sucede en otros países, por el escándalo del soborno del Grupo HIGA, relativo a la “casa blanca”. En México, nuestra triste realidad es que no sólo los presidentes no pueden ser juzgados por corrupción sino que ni siquiera pueden ser juzgados los ex presidentes.

Una segunda medida es eliminar los privilegios con los que cuenta la alta élite burocrática en este país y que van desde altos salarios acompañados del pago de bonos, aguinaldos, viajes al extranjero, derroche de gasto público, seguros de gastos médicos mayores, un número innecesario de asesores y muchas otras prestaciones más. Los privilegios con los que cuentan los altos funcionarios en nuestro país, superan con mucho las prestaciones que reciben los altos funcionarios de países ricos, lo que no tiene ninguna lógica.

En una tercera medida se propone que el tráfico de influencias y la corrupción se conviertan en delitos graves. En consecuencia se convertirán en delitos que deben pagarse con la cárcel. Son proverbiales las medidas anticorrupción que se han aplicado en países asiáticos, desde hace décadas. Estas medidas incluyen, en algunos países como China, hasta la pena de muerte por corrupción. El tráfico de influencias lastima a la ciudadanía y lastima al país. Esto no quiere decir que estemos a favor de la ocurrencia de ‘El Bronco’ en la pasada campaña electoral, de cortar manos.

Otra medida interesante se refiere a que ahora sí, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) garantizará elecciones libres. Como ha estado a la vista de todos, las autoridades electorales de este tipo han sido cómplices de los diversos fraudes electorales que ha habido en nuestro país, son organismos caros e inoperantes. La compra del voto ha estado a la vista de millones de ciudadanos, han sido tan cínicos que incluso lo han “modernizado” al entregar monederos electrónicos en las campañas electorales tal como lo hizo el PRI en las elecciones presidenciales de 2012 y tal como lo hizo el PAN en los comicios de este año.

También ha sido evidente el desvío de recursos por parte de autoridades de todo tipo, desde municipales hasta federales, con el fin de condicionar apoyos sociales a la emisión del voto por un cierto partido. Es ya justo y necesario que se castiguen este tipo de delitos que buscan torcer la voluntad popular. Si un gobierno o un partido gobierna mal y en contra de la gente, pues debe asumir las consecuencias.

Finalmente se hará realidad el quitar las onerosas pensiones a los inútiles y antipatriotas expresidentes, desde Salinas de Gortari hasta el mismo Peña Nieto, pasando por los panistas Felipe Calderón y Vicente Fox. Todos estos personajes, además de haberse beneficiado de la corrupción en su respectivo sexenio se han servido con la cuchara grande una vez que han dejado el cargo. Nos cuesta aproximadamente cinco millones de pesos mensuales mantener a cada uno de esos personajes, 60 millones de pesos anuales por cada uno.

Han gozado de privilegios como tener a militares del estado mayor presidencial a su servicio, asistentes, secretarias, seguros de gastos médicos mayores, vehículos, viajes al extranjero y muchas cosas más. Ellos son los mismos que han aplicado medidas para disminuir derechos sociales, incluso de manera retroactiva, tal como ha sucedido con los cambios a las leyes del ISSSTE y del IMSS o con la Ley General del Servicio Profesional Docente. Esos personajes impulsaron durante sus gobiernos la disminución efectiva de las pensiones de muchos tipos de trabajadores, es justo que sientan lo que sentimos los comunes mortales con nuestras pensiones obtenidas a lo largo de toda una vida laboral y no sólo de seis años como ha sido el caso de ellos.

anbapu05@yahoo.com.mx

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