Porrismo y universidades públicas (II)
La idea central es tratar de engañar a la opinión pública y presentar las agresiones como enfrentamientos “entre los propios estudiantes” y no como lo que en realidad es: la agresión de grupos ajenos a las comunidades estudiantiles en contra de estudiantes verdaderos.
Como señalamos en nuestra colaboración de la semana pasada, podemos ubicar el nacimiento de grupos porriles, poco después de finalizado el movimiento estudiantil que cimbró a nuestro país hace 50 años. El gobierno priista impulsó la creación de este tipo de grupos, con el fin de reprimir a los movimientos estudiantiles disidentes sin tener que utilizar a fuerzas del estado, más o menos encubiertas, como fue el caso de la utilización del ‘batallón Olimpia’ usado para reprimir a los estudiantes en 1968 o los ‘halcones‘ usados para reprimir a los estudiantes en junio de 1971. En ambos casos se trató de grupos ajenos a las comunidades estudiantiles.
A partir de 1971 comenzaron a usarse cada vez más grupos estudiantiles reales o ficticios. En este último caso se les daban todas las facilidades para que se inscribieran como alumnos en diferentes centros escolares, aunque –naturalmente- rara vez frecuentaban las lecciones pues su papel era identificar, hostigar, amenazar y reprimir a cualquier disidencia estudiantil.
Frecuentemente los porros formaban parte, eran solapados o actuaban en complicidad con las representaciones estudiantiles oficiales, sociedades de alumnos o federaciones estudiantiles. Por lo que, en estos casos, actuaban contra los grupos opositores para que no ganaran las representaciones estudiantiles.
El grado de violencia de estos grupos variaba e iba desde simples insultos o empujones hasta la muerte de algunos estudiantes que no se dejaban amenazar o someter. Frecuentemente se organizaban grupos de verdaderos estudiantes para hacerles frente, una vez que se alcanzaba algún límite o se había llegado a algún tipo de agresión.
Los porros han actuado siempre con complicidad de diversas autoridades y han sido utilizados por éstas en diferentes tareas, que van desde la “solución” de problemas domésticos (por ejemplo, intervención en elecciones de directores) hasta su intervención en problemas políticos que se salen del contexto propiamente universitario (por ejemplo, la participación de grupos estudiantiles en contra de políticas públicas del gobierno en turno) por lo que el mantenimiento y el financiamiento de este tipo de grupos se debe a grupos de autoridades universitarias, locales o centrales, o autoridades de los tres niveles de gobierno, municipales, estatales o federales.
La idea central es tratar de engañar a la opinión pública y presentar las agresiones como enfrentamientos “entre los propios estudiantes” y no como lo que en realidad es: la agresión de grupos ajenos a las comunidades estudiantiles en contra de estudiantes verdaderos.
Como comentamos la semana pasada, algunos exporros se incorporan a tareas de gobierno menores (en cualquiera de los niveles que señalamos líneas arriba) pero también se quedan en tareas de gobierno en las universidades, que pueden ser desde líderes sindicales hasta maestros o incluso directores. Unos cuantos han llegado a alguna rectoría teniendo detrás de sí un pasado porril. Naturalmente, se llevan sus prácticas violentas a su nuevo encargo y a su vez solapan y alimentan a nuevos grupos porriles.
La agresión del pasado 3 de septiembre en la explanada de la UNAM, pero sobre todo la fuerte denuncia estudiantil, visibilizó este añejo fenómeno y movilizó a decenas de miles de estudiantes no sólo de la UNAM sino también del Instituto Politécnico Nacional y de otras instituciones educativas en donde operan este tipo de grupos violentos.
En varias universidades, como la nuestra, este fenómeno se extinguió. Una de las primeras causas fue la alternancia en el Gobierno Federal, que rompió el control casi omnímodo del PRI y de sus aliados. Pero la permanencia del fenómeno en el Valle de México muestra que los gobiernos del PRIAN han seguido utilizando a dichos grupos para tratar de controlar a los estudiantes de las principales universidades públicas del país, las que justamente se hallan en esa zona geográfica.
En nuestra Universidad existieron porros “famosos”, principalmente en las Facultades de Derecho, Contaduría y en la Escuela de Bachilleres. Estas tres unidades académicas eran el centro de las agresiones en contra de otras Facultades como Psicología o Ingeniería.
En ocasiones había grescas entre grupos de porros diferentes, pero que se dirimían en las mismas instalaciones universitarias. Los porros se encargaban de organizar “novatadas” para los alumnos de recién ingreso y, frecuentemente, robaban mercancía de tiendas o de camiones repartidores con el pretexto del inicio de los ciclos escolares, denigrando y distorsionando la imagen de los mismos universitarios al arrastrar a los mismos estudiantes a estos actos vandálicos.
Es deseable que las autoridades universitarias, encabezadas por el rector de la UNAM, Enrique Graue, emprendan una verdadera lucha para extirpar de la vida universitaria, de una vez por todas a estos grupos de represores. Si no lo hacen o no denuncian a quienes obstaculizan la lucha contra los porros nos hará pensar que son esas mismas autoridades universitarias las que buscan mantener el status quo, más allá de sus declaraciones verbales.
