SNTE y el relevo seccional en Querétaro
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) ha cambiado la forma de elegir a sus representantes sindicales. Para ello, se elaboró el “Reglamento para elección de directivas seccionales” (REDS). El documento establece el voto universal (libre, directo, secreto, personal e intransferible) como mecanismo para “regular el proceso de elección sindical”. Sin embargo, el nuevo Reglamento no garantiza acabar con el charrismo sindical, democratizar el SNTE y proteger y defender los derechos laborales de sus agremiados.
En ese tenor, se ha emitido la “Convocatoria para la elección de la directiva seccional sindical de la Sección 24 del SNTE en el estado de Querétaro”. El llamado que hace la Sección 24 -para el relevo sindical- establece las condiciones que deben cumplirse para tomar parte en la elección. Los lineamientos de la Convocatoria, más que garantizar “piso parejo” y posibilitar la participación del magisterio en algún cargo seccional, reducen la intervención de trabajadoras y trabajadores en dicho proceso y anteponen a quienes ya han ocupado algún cargo seccional. Dicha desventaja es producto de lo estipulado en el REDS, pues el documento normaliza los criterios de “elegibilidad” (antigüedad y participación en alguna Directiva Seccional Sindical -por mencionar algunos ejemplos-). Esta situación obstaculiza el acceso a trabajadoras y trabajadores democráticos a la dirigencia sindical, puesto que deja el camino libre para aquellas o aquellos que encajan con las condiciones que el reglamento estipula. Así, la nueva forma de elección da continuidad a los proyectos sindicales [charros] que, por años, han orientado la Sección 24.
Basta decir que, los grupos “oficialistas” que han conducido al SNTE (desde el Comité Ejecutivo Nacional y Comités Ejecutivos Seccionales) se caracterizaron por evitar que trabajadores disidentes, progresistas y preocupados por los derechos de los agremiados encabezaran alguna sección. A la par, se subordinaron a los mandatos de grupos empresariales, gubernamentales y políticos durante los sexenios neoliberales –problemáticas que describe Mauro Jarquín en su libro “La pedagogía del capital”-. Con ello, permitieron la pérdida de algunos derechos laborales, consintieron “la mal llamada Reforma Educativa” (en el régimen de Enrique Peña Nieto), no lucharon contra los efectos de la evaluación punitiva (despido y represión de maestras y maestros) y, a causa de esta situación, el magisterio se encuentra subyugado a un “régimen de excepción laboral”, situación que va de la mano con la política laboral y educativa neoliberal, incrustada en la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, pues ésta elimina el “principio de bilateralidad” que debe garantizar el respeto a los derechos laborales de los miembros del sindicato.
El panorama que se vislumbra para los trabajadores de la educación en Querétaro no es muy alentador, pues los grupos [conservadores] que aspiran a la dirigencia sindical intentan persuadir y engañar a los agremiados utilizando la bandera de “la democracia sindical”. Con ello, pretenden mostrarse como progresistas y, así, ser aceptados por los sindicalistas. Sin embargo, el magisterio y demás trabajadores tienen el derecho a cuestionar y asumir una postura crítica, informarse para conocer la trayectoria de los candidatos a la dirigencia sindical, exigir propuestas para defender sus derechos, terminar con el charrismo sindical, mejorar las condiciones laborales y demandar aumentos salariales que permitan “el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo” –según el Artículo 3° Constitucional-. Finalmente, resulta importante mencionar que el “Reglamento para la elección de las directivas seccionales” no proviene de propuestas generadas por los trabajadores de la educación, ni tampoco tiene la intención de tomar en cuenta la participación de los agremiados; en todo caso, su origen es producto de políticas de carácter económico (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá [T-MEC]) y se orienta hacia otros fines, menos rescatar y defender los derechos laborales.
