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Tiempo de justicia. 68 y su memoria

Contradictoriamente, en aquel proceso, se concluyó que sí hubo genocidio, pero no genocidas. A falta de justicia, el 68 y sus estudiantes, alcanzaron una ‘victoria moral’ frente al autoritarismo. Los culpables han sido sentenciados por la historia.

En una Cámara de Diputados llena hasta las gradas, las y los presentes del Comité del 68 -politécnicos y universitarios incluidos- develaron con letras doradas en el muro de honor la frase: ‘Al Movimiento Estudiantil de 1968’, en el marco de su cincuenta aniversario. La Sesión Solemne, moderada por Porfirio Muñoz Ledo de Morena (excercano al PAN, exPRD y exPRI), inmediatamente estalló en un grito de ‘¡2 de octubre, no se olvida!’, porras de la UNAM y el IPN, el conteo del uno hasta el cuarenta y tres, y ‘¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!’. Una escena poco común en dicho recinto, sin duda. Por lo mismo, importante para quienes comprenden su significado.

Félix Hernández Gamundi, primer orador, fue el encargado de leer el pronunciamiento del Comité 68. «Es una herida que sigue sangrando», dijo refiriéndose a la matanza de Tlatelolco, aquel 2 de octubre de 1968, jornada que marcaría prácticamente el punto final del movimiento estudiantil de ese verano en la Ciudad de México.

Haciendo una interesante relación entre los acontecimientos del 68 y la actualidad, afirmó que «la patria se llena de vergüenza y horror» frente a la violencia del Estado, que no debería haber «ni perdón ni olvido» (como quizá ha señalado el presidente electo López Obrador), pero que los «sueños de igualdad, democracia y libertad» aún deben prevalecer. La utopía ayuda a caminar, por parafrasear a Eduardo Galeano.

El Comité 68, formado en 1978 previo a la marcha que conmemoraría los primeros diez años de la masacre, está conformado por exdelegados del CNH, exmilitantes guerrilleros y por integrantes más jóvenes que se sienten identificados con la lucha. Desde entonces, la «lucha por la memoria, la justicia y la reparación y acompañamiento a familiares» ha sido su objetivo.

Raúl Álvarez Garín -fallecido en el 2014, quizá su miembro más destacado- buscó desde el Comité consolidar una versión democrática del movimiento, ninguneando posturas como las de Luis González de Alba (fallecido en el 2016) y Marcelino Perelló (fallecido en el 2017), entre otros, quienes entre muchos otros, se disputaron la memoria sesentayochera.

Según lo leído por Hernández Gamundi, el país vivió un parteaguas tras el 2 de octubre, ya que el movimiento estudiantil se reprodujo en sindicatos obreros, en organizaciones campesinas y en distintas luchas sociales. Manejó dos categorías para definir la matanza: ‘crimen de lesa humanidad’ y ‘genocidio’. Con esta última, se buscó poner fin a la impunidad «que golpea nuestra patria», en el 2006, cuando se mantuvo en prisión domiciliaria a Luis Echeverría Álvarez.

Contradictoriamente, en aquel proceso, se concluyó que sí hubo genocidio, pero no genocidas. A falta de justicia, el 68 y sus estudiantes, alcanzaron una ‘victoria moral’ frente al autoritarismo. Los culpables han sido sentenciados por la historia.

La versión gubernamental no permeó, como tampoco ha permeado la «verdad histórica» ante el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ante el cual se demandó su presentación con vida. Además, exigieron la apertura de los archivos de la SEDENA; una Fiscalía Especial para investigar este tipo de crímenes; reformar al poder Judicial; remover los «signos que degradan la memoria nacional» (como se ha empezado a hacer, polémicamente, al quitar placas con el nombre de Gustavo Díaz Ordaz). Hoy es ya el tiempo de la justicia, dijo contundente. Grises fueron las participaciones de los rectores de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, y del IPN, Mario Alberto Rodríguez Casas, quienes, como han señalado activistas, buscan quitarle los dientes al tigre del 68.

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