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Un foro en donde debería haberse discutido la reforma laboral

Ya es tiempo que el secretario del Trabajo muestre los documentos que sirvieron para la entrega de la toma de nota. Si durante más de un año se ha negado a mostrarlos es porque sabe perfectamente que dicha toma es “patito”.

El pasado 14 de marzo se llevó a cabo en el auditorio Díaz Ramírez de nuestra Universidad el foro “Reforma laboral para todos, desarrollo de las empresas, bienestar para las y los trabajadores”. En este Foro estaba previsto discutir sobre dos propuestas de reforma laboral, una elaborada por el PRI-CTM-CROC y otra por el PRD-UNT. Estas propuestas fueron comentadas por dos expertos abogados laboralistas, el Dr. Manuel Fuentes Muñiz, de la Universidad Autónoma Metropolitana y por el Mtro. Rodrigo Olvera Briseño. También estuvo presente el Secretario del Trabajo del Estado de Querétaro, Lic. José Luis Aguilera Rico quien presentó la propuesta de un Centro de Conciliación Laboral.

Sin embargo, casi desde el principio, Aguilera exhibió su vocación facciosa e injerencista tanto en los asuntos internos del sindicato de académicos de nuestra universidad como en asuntos que sólo nos competen a los universitarios. Dio la impresión que acudió a la UAQ sólo para mostrar su apoyo al grupúsculo encabezado por Saúl García, el que por cierto, ni siquiera tiene relación laboral con la universidad. Aguilera mencionó al menos unas 10 veces a García, señalando que contaba con una toma de nota, que él mismo ordenó a entregar a ese grupo, a pesar de que había sido descalificado por hacer trampa en un proceso electoral, por violar los estatutos y la convocatoria del proceso.

Podría explicar el origen del problema con una metáfora. Si usted se pasa un semáforo en rojo y no lo ve nadie, nadie lo multará, pero si lo detecta un policía usted será multado y asumirá las consecuencias de haber violado un reglamento y deberá pagar una multa. Si un estudiante copia en un examen y su maestro o maestra no lo detecta, el estudiante no será penalizado, pero si es detectado, será sancionado. Si usted utiliza un título de estudio falso y nadie lo detecta, lo usará en su provecho, pero si lo detectan podría terminar incluso en la cárcel. Pues bien, si en un proceso electoral usted viola las normas, el árbitro lo podría sancionar. Si el árbitro no lo sanciona, usted ya la libró, tal como hizo Alfredo del Mazo en el Estado de México. Pero si el árbitro lo sanciona usted debería asumir las consecuencias de haber violado las normas del proceso.

Es una actitud hasta infantil violar las reglas de un proceso y no querer ser sancionado. Este es el caso del grupúsculo encabezado por Saúl García. A sabiendas de que estaban violando los estatutos sindicales desataron una guerra sucia, prohibida en el artículo 77 de los estatutos. A sabiendas de que la campaña electoral ya había terminado, siguieron haciendo propaganda, a pesar de que estaba prohibido en la convocatoria respectiva. Esperaban que la Comisión Autónoma de Vigilancia fuera laxa y les validara haber obtenido cinco votos de más, obtenidos incluso con acarreo de jubilados. Pero no, la Comisión Autónoma de Vigilancia no fue laxa y los sancionó.

En vez de asumir su responsabilidad, como adultos, fueron con “papá gobierno” para que les emitiera una toma de nota a pesar de que el proceso electoral aún no había terminado, pues había que desahogar las impugnaciones que incluso ellos mismos presentaron.

En un proceso verdaderamente kafkiano y de manera inédita, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (dependiente de la Secretaria del Trabajo) otorgó una toma de nota a los descalificados el 31 de octubre de 2016 a pesar de que ¡el proceso electoral terminó hasta el 3 de noviembre!

Peor aún, la Secretaría encabezada por Aguilera Rico entregó la toma de nota sin que el grupo descalificado entregara la documentación respectiva: padrón de votación y acta de asamblea, pues dichos documentos los tenía la Comisión Autónoma de Vigilancia.

En el foro sobre la reforma laboral, la jubilada Margarita Hernández, una de las principales promotoras de que se quitara el derecho a jubilación a todos los profesores que se incorporaron a la universidad después del 15 de junio de 2007, preguntó a los expertos laboralistas “¿Me puede representar alguien que no cuenta con toma de nota?”. La respuesta de los expertos fue contundente, la toma de nota se ha usado en México como una medida injerencista de los gobiernos para premiar o castigar a los sindicatos y para intervenir en su vida interna; es violatoria de acuerdos internacionales sobre el trabajo; la Junta Local de Conciliación y Arbitraje es sólo una autoridad administrativa no tiene que actuar como juez para dar un reconcomiendo; y la máxima autoridad en un sindicato son sus afiliados no una autoridad externa. Aguilera Rico fue incapaz de refutar estos argumentos y se quedó callado.

Ya es tiempo que el secretario del Trabajo muestre los documentos que sirvieron para la entrega de la toma de nota. Si durante más de un año se ha negado a mostrarlos es porque sabe perfectamente que dicha toma es “patito”.

 

anbapu05@yahoo.com.mx

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