¡Bienvenido Pedro Castillo a la construcción del “Perú Libre”!
El domingo 1 de agosto de 2021 se estará realizando en todo el país “La Consulta”, aprobada el 20 de octubre de 2020 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por mayoría de votos de los ministros, con ocho votos a favor y tres en contra, para poder fincar responsabilidades sobre los ex presidentes de México. Sin embargo, la propuesta original que turnó el Senado de la República a la SCJN llevaba nombres y apellidos, tal como se muestra en el texto siguiente:
”¿Está de acuerdo o no en que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos, por parte de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”.
Sin embargo, la mayoría de los ministros, después de analizar tanto la constitucionalidad de la consulta, como la propia pregunta, realizó modificaciones significativas en la propuesta, rasurando los nombres de los ex mandatarios, pues aunque no tienen un proceso judicial iniciado en su contra, decidieron cuidar la figura de los mismos y no suponer su responsabilidad en la posible comisión de delitos, suprimiendo sus nombres y generalizando con la siguiente resolución:
“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento a las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”
La 4T ha manifestado su reconocimiento a los ministros de la SCJN que avalaron esta medida, tal como lo exigieron diversos actores políticos, sobre todo desde la izquierda partidaria, desde ya algunos años -por lo menos desde 2007- con la propuesta de la inclusión de figuras de democracia directa en la participación política, tales como el plebiscito, la consulta, el referéndum, la iniciativa popular y ahora también, desde el período de AMLO, la inclusión constitucional de la revocación de mandato, mecanismo que se llevará a cabo en el 2022. En lo que se refiere a la consulta, también por mayoría, la SCJN votó por su constitucionalidad. Es más, se amplió el espectro a otros actores políticos de las decisiones políticas del pasado, como podrían ser las autoridades de los tres niveles de gobierno (presidente, secretarios, gobernadores, presidentes municipales, jueces y representantes populares).
Algunos sectores de la oposición que cuestionan la consulta señalan que la aplicación de la ley no debe ser consultada, sino aplicada, lo cual supondría un aparato de justicia ciega e incorruptible, pero para ello nos falta un buen tramo que esta convocatoria; de tomar en cuenta la participación popular directa podría constituir un verdadero parteaguas, pues la sacralidad de la figura presidencial se podría poner en entredicho y ser sentado en el banquillo de los acusados como ha ocurrido en Guatemala, El Salvador, Perú, Brasil, Chile, Argentina, Uruguay y en otras partes del mundo. Los medios, la derecha patronal y el PRIANRD, que claman la libertad y la participación social, prácticamente están boicoteando los fines y el proceso de consulta. Un elemento adicional de los ministros en su resolución es velar los derechos de las víctimas del pasado (“guerra sucia”, desaparecidos, ejecutados, torturados, violentados, sepultados clandestinamente y otras formas de represión). Personalmente considero que lo exitoso de la consulta no será el alcanzar los 38 millones de votos necesarios para la procedencia de los resultados de la misma, sino el ejercicio ciudadano de ser consultado y expresar directamente su aprobación o rechazo: #YOSIVOYPORLACONSULTA.
