Bajo el imperio de las cuotas

Por: Omar Árcega E.

En este nuestro Querétaro industrioso y trabajador, abierto a las oportunidades del siglo XXI, libre de criminalidad y lleno de gente empeñosa y proactiva, prácticamente el paraíso según el discurso oficial. En esta tierra de oportunidades, existen también esas lacras que desde una posición de poder legal y burocrático hacen de la extorsión a los ciudadanos una segunda entrada de ingresos. Un mal cuyo combate no parece interesar a los órganos de gobiernos, al contrario la impunidad que lo rodea despierta suspicacias sobre la protección que desde las altas esferas se da a estas actividades.

Tras la pista del alcohol

Los casos que podemos narrar son variados. Pero para muestra sólo un botón. Las licencias de alcoholes siempre han sido un tema espinoso, conseguirlas es prácticamente imposible. En los primeros meses de la administración estatal 2009-2015 éstas se podían obtener previo pago a ciertos coyotes. Ahora esta práctica pasó de moda. La mayoría de las licencias ya no se dan así, simplemente no se otorgan. Los comerciantes que las buscan pueden expender alcohol sin ellas, sobre todo en restaurantes. Eso sí, tienen que pagar una cuota a las “autoridades estatales” y otra a las “autoridades municipales” y esto se da incluso en demarcaciones donde gobierna Acción Nacional, concretamente en el municipio de Villa Corregidora.

Aquí todos son culpables. Por una parte Gobierno Estatal por hacer de un trámite transparente un hoyo negro, donde la discrecionalidad, los compadrazgos y los negocios turbios devoran la primera actitud del funcionario público: la honradez. También las autoridades municipales son corresponsables, pues en lugar de sancionar y cerrar los negocios que carecen de licencias de alcohol, los permiten previo pago de cuotas, la cuestión es: ¿Hasta dónde llega ese dinero? ¿Alcanza hasta los centros decisores?

Ganan los pequeños empresarios y los funcionarios que pertenecen a estas redes de corrupción, pierde el erario público, pero sobre todo perdemos como sociedad, pues permitimos que personajes deshonestos tengan posiciones cuya principal responsabilidad es el cuidado y seguridad de los ciudadanos. Una vez que se permite una práctica corruptora se abre la puerta para que se generen muchas más, ahora pagan cuota los negocios sin licencia de alcohol ¿y después?

Ignoro si el gobernador y los presidentes municipales, junto con sus círculos más cercanos, estén enterados de tales prácticas, pero para que éstas se den con impunidad, deben estar coludidos funcionarios de cierto nivel. Lo que nos lleva a preguntarnos como ciudadanos: ¿en manos de quién estamos? Al parecer Ali Baba y sus 40 ladrones están repartidos por todos los partidos políticos.

La solución

Estamos ante una de las inevitables leyes de Murphy: “Si un funcionario puede corromperse, seguramente lo hará”. Esto nos lleva al tema de los incentivos que existen a nivel normativo para impulsar o desmotivar prácticas. Mientras un funcionario considere más beneficioso extorsionar que no hacerlo lo hará sin ningún reparo, pero si tiene la percepción de que hay amplias posibilidades de ser descubierto y castigado severamente entonces lo evitará. En este caso se deben generar normas muy precisas sobre cómo y cuántas licencias de alcohol están permitidas, por otro lado, las extorsiones que se den alrededor de estos permisos deben estar fuertemente penadas, debe haber mecanismos para poder detectar éstas, pues cuentan con el silencio cómplice de corruptores y corrompidos. Y lo fundamental, el ciudadano debe tener la percepción de que su denuncia será escuchada y el castigo a los culpables será una garantía. Es necesario que las contralorías municipales y estatales no dependan de los ejecutivos y esté en ellas gente proba, de cariz ciudadano y sobre todo con los recursos legales y económicos necesarios para emprender investigaciones.

En mucho ayudaría que los funcionarios reciban sensibilizaciones, a través de talleres, sobre su responsabilidad ética y sobre el impacto negativo en la sociedad de sus actuaciones deshonestas. Lamentablemente a estos cursos acabarán yendo los empleados menores, y no quienes son las principales fuentes de corrupción: los directores y secretarios. Pero todas estas acciones en alguna medida ayudarán a bajar los índices de malos manejos que padecemos.

Tolerar que haya actividades de corrupción nos debilita como sociedad que aspira a la democracia, pues uno de los pilares de ésta es el imperio de la ley. En donde se dan prácticas fuera del marco normativo se fomenta una cultura de la ilegalidad. Esto aumenta la desconfianza de los ciudadanos entre sí y de éstos con las autoridades. En este clima sólo queda hacer lo que a mis intereses conviene olvidándome del bien común. En un estado con el empuje industrial de Querétaro estas prácticas deben ser eliminadas, pues está demostrado que este tipo de acciones resta competitividad a los territorios. Hoy son licencias de alcoholes, mañana puede ser un descarado narcomenudeo o la llegada de empresas altamente contaminantes. En un estado sin ley, todo puede pasar.

twitter.com/Luz_Azul

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