Opinión

Braceros ante la Corte

Por: Efraín Mendoza Zaragoza

PARA DESTACAR: Pero trátese de trabajadores y de sus derechos, que esperen. Y ahí los tienen, limosneando la justicia. Limosneando lo que es suyo. A la Indolencia constituida en Gobierno, poco le importa que pasen mil años limosneando. A los poderosos, arcas abiertas; a los jodidos, eterno desprecio.

En los próximos días la Suprema Corte de Justicia (SCJN) resolverá un litigio que debería avergonzar a nuestra nación. No solo es la historia de un despojo. Es la imagen más viva del país que anda de cabeza. Varios miles de ancianos y sus familias mendigan justicia desde 1998. Literalmente, los traen vuelta y vuelta desde el siglo pasado.

Resulta que en los días de la Segunda Guerra Mundial, el territorio Trump necesitaba atender necesidades de mano de obra y volvió los ojos hacia México. Los gobiernos de ambos países firmaron un convenio conocido como “Programa Bracero”, que estuvo vigente entre 1942 y 1964. En el curso de esos 22 años, más de 4 millones y medio de mexicanos ingresaron legalmente bajo la figura de “trabajadores huéspedes”. De ese modo, los mexicanos contribuyeron al rescate de distintas ramas de la economía norteamericana.

El convenio entre las dos naciones incluía la creación del Fondo de Ahorro Campesino, consistente en la retención del 10 por ciento del salario devengado, mismo que las empresas norteamericanas transfirieron al Banco de Crédito Agrícola de México, hoy Banrural, para que al regreso al país les fuera entregado a los braceros.

Por arte de magia, ese dinero desapareció. Nadie lo encuentra. Un estudio reveló que arbitrariamente el gobierno de México jineteó el dinero depositado y nunca lo entregó a los trabajadores. Desde 1998, cuando los exbraceros se organizaron, han entablado diversas acciones legales, pero el litigio se ha alargado de modo humillante.

Hace 12 años, el gobierno federal creó un fideicomiso para administrar el Fondo de Apoyo Social para Extrabajadores Migratorios Mexicanos, y la Secretaría de Gobernación registró a poco más de 100 mil personas. Como una forma de apoyo humanitario, a cada una de ellas se les asignó una suerte de pensión, mediante un pago único, por 38 mil pesos. De modo unilateral, ese monto fue reducido a 4 mil pesos. Mientras, se acumulan los juicios.

Lo cierto es que el gobierno federal los trae de Herodes a Pilatos. La actual administración federal ha buscado por todas las vías extinguir el fideicomiso que en el pasado atendió parcialmente esta demanda. Este proceder se cimenta en el cálculo de que poco a poco los demandantes irán muriendo. De hecho, de los exbraceros registrados en Gobernación ya han muerto 225 mientras esperaban su dinero.

Quién podría olvidar cómo, sin pudor alguno y con la máxima diligencia, el Estado mexicano convirtió en deuda pública una impresionante montaña de deudas privadas con el argumento de que había que evitar que la banca colapsara. Pero trátese de trabajadores y de sus derechos, que esperen. Y ahí los tienen, limosneando la justicia. Limosneando lo que es suyo. A la Indolencia constituida en Gobierno, poco le importa que pasen mil años limosneando. A los poderosos, arcas abiertas; a los jodidos, eterno desprecio.

Más de 5 mil afectados viven el calvario del fangoso litigio. En marzo de este año, luego de que el gobierno de Enrique Peña Nieto se negara a pagar, una juez federal consideró que el apoyo otorgado en 2003 fue solo un paliativo y ordenó al gobierno federal la devolución del dinero.

La lucha por la devolución del fondo de jubilación de los exbraceros fue iniciada por la organización Braceroproa (le pusieron ese nombre justamente para recordar al generoso Fobaproa). Muchos rondan hoy los 100 años y algunos viven en la indigencia. Esperemos que la Suprema Corte falle en su favor, porque no solo se trata de un asunto de constitucionalidad, se trata de elemental respeto a los derechos humanos.

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