Opinión

Candidaturas ciudadanas

La política y la ciencia

Por: Martha Gloria Morales Garza

Jorge Castañeda y su intento por participar como candidato independiente en la elección presidencial del 2006 propició que se abriera la reflexión sobre la pertinencia de las candidaturas independientes.

El caso de Castañeda alcanzó notoriedad y llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y sus observaciones obligaron al gobierno mexicano a incluir el punto en la reforma política.

Seis años después, el tema apareció en la Constitución, pero no fue sino hasta mayo del 2014 cuando se reglamentó el tema en la nueva ley electoral.

Es obvio que a los partidos y al gobierno en turno les costó mucho aprobar y reglamentar las candidaturas independientes, pues les llevó casi ocho años, luego de los cuales, por fin, en 2015, por primera vez en México, habrá candidatos independientes para diputaciones federales; y en el caso de Querétaro, para los cargos de gobernador, diputados locales y para Ayuntamiento.

A nivel federal, el INE recientemente aceptó el preregistro de 52 candidaturas de diputados, y ellos están trabajando —en este momento— en la búsqueda de la adhesión de ciudadanos. Sin embargo, en el caso de Jalisco, y puede ser que en otros, se aprobó un nuevo registro, pues un ciudadano impugnó el resultado y tuvo respuesta favorable del Tribunal; así que es posible que al final tengamos más de 52 candidatos ciudadanos registrados.

A nivel estatal, la convocatoria para el registro de candidaturas ciudadanas está abierta y se recibirá la documentación del 25 al 27 de enero. Para el registro se requiere presentar, además de los documentos de identificación y residencia, el programa de campaña, el emblema y colores que usará en la campaña, el número de la cuenta bancaria y el nombre de un representante legal ante el órgano electoral, así como cumplir los requisitos planteados en la ley.

De cumplirlos, según el órgano electoral, el candidato deberá iniciar la etapa de buscar el respaldo de los ciudadanos, la cual tendrá una duración de un mes, periodo que inicia el 12, 13 o 14 de febrero, según sea el caso.

La ley electoral de Querétaro presenta varias diferencias con la ley federal: mientras que en ésta se pide el 2% de la lista nominal correspondiente al cargo que se pretende ocupar, en el caso de aquélla es el 2.5%. Mientras que a nivel federal se pide que el respaldo se reparta de manera homogénea en por lo menos la mitad de las secciones del distrito, en el caso de Querétaro, esto sólo sucede para la elección de gobernador, pero no se menciona nada para el caso de diputados y de fórmula de ayuntamientos; lo cual quiere decir que las firmas de apoyo se pueden concentrar todas en una misma sección electoral.

Otra diferencia notoria es que, en el caso de Querétaro, los ciudadanos que quieran respaldar al candidato independiente lo deberán hacer de manera personal, pues así lo plantea la ley electoral del estado en su Artículo 209, lo cual es un obstáculo mucho mayor que el 2.5%, pues obliga a los simpatizantes a ir personalmente a las oficinas del organismo público en el distrito correspondiente; en algunos casos —como, por ejemplo, el distrito de la Sierra, que comprende varios municipios— el problema es mayúsculo.

Esto nos indica que, en Querétaro, los partidos tienen más miedo a las candidaturas independientes, pues los requisitos obligados son mayores tanto para el candidato, como para los ciudadanos que lo respaldan.

¿Cuál es el escenario previsible? Que el registro de candidatos independientes sea muy bajo o nulo, por dos razones fundamentales: porque los obstáculos son altos y, además, porque hace mucho tiempo los ciudadanos hemos dado la espalda a la política; con razón o sin ella, hemos permitido que un grupo de profesionales se haga cargo de la política, y el resto se ha dedicado a buscar su ingreso y la estabilidad económica de su familia, por otro lado.

Me atrevo a plantear como hipótesis que esta práctica ha estado, de alguna manera, moldeada por el gobierno. Un ejemplo rápido: en las décadas de los setenta y ochenta, primero el movimiento estudiantil y luego el sindicalismo universitario obtuvieron grandes triunfos y de alguna forma deslegitimaron al Estado mexicano. Desde el gobierno federal se iniciaron los programas de estímulos a los profesores universitarios y, paulatinamente, los maestros fuimos abandonando la lucha sindical y empezamos a buscar las mejoras salariales por la vía individual, a través de de la obtención de grados, de los trabajos de investigación y de vinculación y con la obtención de estímulos económicos, tanto los proporcionados por la SEP, como los otorgados por el Sistema Nacional de Investigadores.

Ciertamente, esta política de incentivos no tuvo como objetivo central la desmovilización de los ciudadanos —¿o quizá sí?— pero el objetivo se logró. Los ciudadanos dimos la espalda a la política y los partidos tomaron el rumbo de la democracia, y las organizaciones intermedias se fueron desvaneciendo: los sindicatos, las organizaciones de colonos, asociaciones de profesionistas, etcétera. Quizá sea hora de cambiar esto y volver a pensar en la democracia como la participación de la ciudadanía y no sólo como la realización de elecciones.

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