Capacidad de asombro

Por: Salvador Rangel

La capacidad de asombro es una cualidad que se ha perdido, las nuevas generaciones no se sorprenden con la cantidad de inventos tecnológicos que tienen a la mano, para ellos es normal.

Al recordar las líneas de “Cien años de soledad”, la emoción que le causa a uno de los personajes ver un trozo de hielo, sensación que ha de perdurar a la largo de su vida.

La sorpresa que provocó a una generación que frisa los setenta y cinco años, cuando el 1 de septiembre de 1950, se realizó en México la primera transmisión por televisión del 4º informe de gobierno de Miguel Alemán. Generación que había desarrollado la imaginación al escuchar las series radiofónicas donde narraban las peripecias de Supermán, del detective mexicano Carlos Lacroix; ahora esa generación, al igual que la actual, ha perdido la capacidad de asombro, no frente a los avances tecnológicos, sino a las noticias relativas a la violencia que se ha enseñoreado en gran parte del territorio nacional.

No se trata de buscar culpables, porque el problema no se generó en este sexenio, ni en los anteriores, sino que cada uno ha puesto una parte para llegar a este nivel de inseguridad.

Campea la impunidad en muchos sectores de la sociedad, de la iniciativa privada, del gobierno en sus tres órdenes, en la iniciativa privada, en los partidos políticos, en el sector religioso, en educación, en la familia, cada quien aporta una dosis de ilegalidad; por lo tanto, todos en mayor o menor medida somos cómplices y víctimas de nuestra conducta.

Y los funcionarios, de todo nivel de gobierno, que al rendir protesta deben cumplir lo que el Artículo 39 de la Constitución cita: “La soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste…”

Pero cuando este poder se vuelve en contra del pueblo que lo eligió, cuando ese poder es el victimario al tiempo que obstaculiza el cumplimiento de la ley y además acosa a la víctima: se pierde el Estado de Derecho. A quién acudir, si el trasgresor es quien imparte la ley.

Innumerables son los casos en que los gobernantes impiden la aplicación de la ley, minimizan los hechos y hasta se burlan de ellos. No olvidar al gobernador de Chihuahua que se le exigió el esclarecimiento de los asesinatos de las mujeres de Cd. Juárez, dijo “Ellas tienen la culpa por vestir faldas cortas”.

Y el 31 de enero de 2010, en Salvárcar, Cd. Juárez, un grupo de jóvenes festejaba en el patio de una casa un triunfo de futbol, cuando fueron acribillados; fallecieron 17 jóvenes y 12 resultaron heridos y el presidente Felipe de Jesús Calderón sólo atinó a decir “eran miembros de una pandilla”. Y el 9 de febrero, el entonces secretario de Gobernación, Gómez Mont, debió disculparse públicamente por la pifia del presidente.

El mayor temor de un ciudadano es cuando un policía de tránsito, municipal o de cualquier agencia lo detiene, bien sea por una falta real o inventada; queda en indefensión total, a su merced, para ser recluido en una cárcel o ser objeto de extorsión… no llega al Ministerio Público, llega al “Misterio Secreto”.

Casos que irritan a los ciudadanos que ponen de manifiesto la falta de cumplimiento del deber para el que fueron nombrados los funcionarios. Hace unos días, en la calle de Bucareli, frente a la Secretaría de Gobernación, en la Ciudad de México, fue velado el cuerpo de una señora, Margarita Santizo Martínez, madre de un policía federal adscrito a Lázaro Cárdenas en 2009, el cual se “perdió”. La señora acudió a todas las instancias para encontrar a su hijo, el cáncer la venció, pero no su voluntad de buscar justicia, y su última voluntad fue que la velarán frente a la Secretaría de Gobernación. A ver si ahora sí le hacen caso.

Y al leer y escuchar las noticias ya no nos causa asombro el saber que en Tlatlaya, Estado de México, presuntamente un grupo de soldados se hizo justicia por propia mano y liquidó a 21 presuntos secuestradores, y de no ser por una agencia de noticias extranjera el caso hubiera pasado al olvido y a la impunidad.

Y la lista es interminable, un estudiante de una institución superior fue baleado en las inmediaciones de Acapulco, al no detenerse el conductor de la camioneta frente a un retén; en Iguala, 43 estudiantes normalistas, desde el 26 de septiembre, no aparecen, y todo el recurso logístico, experiencia, equipo del gobierno federal, Centro de Investigación de Seguridad Nacional, Ejército, Marina, Policía Federal, no ha servido para localizarlos.

Por declaraciones no se para: “Todo el peso de la ley”, “No claudicaremos hasta encontrar a los autores materiales e intelectuales”, “Nadie por encima de la ley”

Y los nostálgicos se acuerdan del cuento “La muerte tiene permiso”, de Edmundo Valadez, que no ha perdido vigencia. Y ojalá no lleguemos al extremo del final de la narración, donde el pueblo se hace justicia por propia mano.