Caridad o asistencialismo: corrupción legalizada, legitimada, naturalizada…

Por: María del Carmen Vicencio Acevedo

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En la película “Fe, esperanza y caridad” (1972, de Luis Alcoriza), una anciana muy rica (Sara García) visita, con su chofer, cierto barrio deprimido, para ver a “sus pobres”. Desde la ventanilla semiabierta de su lujoso automóvil arroja un puño de monedas a varios chiquillos que juegan en el lodazal.

El “bolo” provoca que los niños riñan fieramente. La anciana, molesta y frustrada por la pésima educación de la plebe, se retira presta. Después viene una cadena de tragedias que esa acción “caritativa” provoca, pero que pasan desapercibidas para la vieja. Ella, tranquila, cumplió ya con ser “buena”; lo demás no es de su incumbencia.

Otro ejemplo del daño que provocan “los buenos” a los destinatarios de su “generosidad”, aparece en la primera hazaña de “El ingenioso hidalgo, don Quijote de la Mancha” (1605), cuando este señor se entromete para impedir que el dueño de un hostal siga maltratando a su sirviente. El caballero “de gran corazón” se retira orgulloso de su “buena obra”, pero cuando apenas dobla la esquina, el patrón, humillado, vuelve a arremeter con ira extra contra su criado, quien termina maldiciendo a su “benefactor”.

La clase política (a la par de la plutocracia) parece sufrir una ignorancia similar a la de estos dos personajes: No se entera (no quiere enterarse) del daño que provoca a quienes brinda sus dádivas. Digo “parece”, porque bastaría una mínima reflexión para sospechar que algo está podrido en su actuar. Si los políticos no reflexionan en las consecuencias de sus actos, no es porque les falte inteligencia. Más vale no pensar ni ver más allá, cuando lo único que importa es “ser exitoso”, “llegar muy alto”.

En otro sentido, los políticos se diferencian de la vieja y don Quijote, en que no dan regalos o “servicios plus”, sólo por sentirse buenos o cumplir un deber pío; lo hacen estafando, con la intención (abierta o no) de engañar, para obtener de la ciudadanía, la llave que les abrirá las puertas del tesoro nacional.

Casi ningún político está dispuesto a asumir esto. Siempre pretextarán que “es legal y legítimo dar a quienes menos tienen”: despensas, televisores, tinacos, mochilas, zapatos, material de construcción, cortes de pelo, anteojos, útiles escolares, dinero electrónico, payasos para entretener a los chicos, cantantes para distraer (¡!) a los grandes, o gestiones para que el ayuntamiento atienda sus demandas. Siempre alegarán “vocación de servicio”, “espíritu solidario”, “intención de acercarse”, de “recuperar la confianza de la ciudadanía”, “de promover la convivencia”, bla, bla…

Sería muy extraño que algún político estuviera dispuesto a dejar de hacer esto… perdería bonos. Cualquiera, no importa su filiación partidista, pretextará que todo lo hace “conforme a derecho”, que es “absolutamente transparente”, “perfectamente legal” o “desinteresado”. Alegará que los corruptos son los otros y que luchará por meterlos a la cárcel. “¡Claro que podemos!”.

Sin embargo, no porque ese asistencialismo sea “legal”…, no porque sus destinatarios lo consideren “legítimo”, deja de ser corrupto, ni de apestar a podrido.

A los políticos no les importa la dependencia ni los conflictos ni la inmovilidad que provocan en sus receptores; tampoco les importa generar desorden o confusión por realizar acciones que no les competen. Los servicios “plus” que presumen no son tales, porque por ocuparse en asistencialismos, dejan de hacer lo que les concierne, o lo hacen muy mal.

En otro contexto, los mismos políticos se portan igual que los chiquillos de la película mencionada: peleando frenéticamente por las monedas.

El sistema dominante les abre las arcas públicas y les otorga el poder legal de saquearlas a su favor. Ellos mismos deciden su sueldo y sus prerrogativas, o si piden permiso en sus funciones para brincar a otros cargos, dejando pendientes los anteriores. Nada arriesgan, nada pierden, pueden regresar, sin problema.

Desde la escuela primaria sabemos que al poder legislativo le toca hacer leyes, consultando e informando directa y continuamente a la ciudadanía; al ejecutivo, realizar acciones en beneficio de la colectividad, siguiendo esas leyes y el principio de equidad. Al poder judicial compete sancionar a quien no haga su trabajo, desvíe los recursos públicos para satisfacer intereses particulares, o dañe a la población.

A nadie le toca desgranar el erario público, autopagándose altísimos salarios, en publicidad narcisista o insulsa, o en andar repartiendo “obsequios” individuales.

Si los políticos se interesaran genuinamente por la población, no tendrían que gastar en “marketing”; darían muestras palpables de su interés con acciones concretas: bajarían su salario y prebendas en un 50%; vivirían (como la mayoría) en colonias populares; se moverían en transporte público y llevarían a sus hijos a escuelas oficiales (al menos durante los años de su gestión).

Si los mismos políticos establecieron que 2015 es “Año de Morelos”, si este héroe se empeñó en que en el México naciente no hubiera ni opulencia ni indigencia, lo mínimo que habríamos de esperar de nuestros políticos es congruencia con lo que predican.

Resulta pues, imperativo, obligarlos a leer la realidad, a escucharla y también a desentrañar en el fondo de sus espejos, lo que realmente son, más allá de su linda imagen maquillada.