Opinión

CLAROSCUROS DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL SOBRE EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

Por: Edmundo González Llaca

La reforma constitucional que modifica el ejercicio del derecho de acceso a la información pública es de gran trascendencia para el país y repercutirá en toda la vida política de México, incluso, en el estilo mismo de gobernar. Sería muy mezquino regatear el avance jurídico y formal que representa, pero también muy ingenuo sostener que ya es un hecho la transformación democrática que propone el gobierno de Peña Nieto en el tratamiento de la información del poder público.

 

Recuerdo un viejo chiste que narra que un sujeto con la intención de suicidarse se tira desde la azotea de la Torre Latinoamericana. En el piso cincuenta, un amigo lo ve en caída libre y le grita: “¿Cómo vas?”. El suicida le responde en el piso cincuenta: “Hasta aquí, bien”. Lo mismo podríamos afirmar, hasta la Reforma Constitucional vamos bien, pero está incompleta y tiene espacios brumosos, que podrían dejarla como un bello jarrón chino en ese gran aparador de leyes que son perfectas, pero que por X o Y no se cumplen. Primero, pasemos a analizar los avances.

Es de gran trascendencia que el legislador designe nuevos responsables en la obligación de rendir cuentas sobre el dinero público que reciben y que hasta ahora se habían mantenido en la sombra. Los que se estrenan como nuevos sujetos obligados de la Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental son: partidos políticos, sindicatos y fideicomisos.

Independientemente de su fuerza política, el dinero que reciben del pueblo por sí mismo marca la importancia de saber qué hacen con él. Algunos datos. Los partidos políticos recibieron, el año pasado, 3 mil 500 millones de pesos, suma nada despreciable; El sindicato petrolero, nada más por poner un ejemplo, recibió 2 mil millones de pesos. El “pemexgate” es testimonio nefasto de la discrecionalidad con la que los sindicalizados manejaban su dinero; lo mismo pasa con los fideicomisos que, según Hacienda, manejaban 417 mil millones de pesos en 2013. Imposible no recordar el fideicomiso “Vamos México”, de Martha Sahagún, rebautizado por el pueblo como “Vamos Martha», que recibía grandes cantidades, sobre las que nunca informó.

Otra aportación de la Reforma es la autonomía del IFAI. Este instituto tendrá autonomía de gestión, técnica, decisión para ejercer su presupuesto e, incluso, podrá determinar su organización interna. Esta amplia autonomía le permitirá tomar distancia del poder público y actuar con imparcialidad.

Este nuevo organismo garante podrá atraerse los asuntos relacionados con el respeto al derecho de acceso a la información y protección de datos personales; principalmente podrá atraerse los recursos que se interpongan ante las resoluciones de los órganos autónomos de los estados que por su interés y trascendencia así lo ameriten.

Los estados, omisos y mañosos en el cumplimiento de la Ley, tendrán una segunda instancia, el nuevo IFAI, que los podrá meter al orden. Querétaro es uno de los estados que deberá alinearse si no quiere ser cliente frecuente de la atracción central. Su manejo de la información pública es restringido, oscuro y misterioso, y no lo digo yo, lo sostienen asociaciones privadas e instituciones académicas. Querétaro es uno de los estados más opacos de toda la República. El blog www.dialogoqueretano.com.mx ha dado testimonio del viacrucis que representa solicitar información pública mínima sobre programas de gobierno.

Algo fundamental que consagra la Reforma es que las resoluciones del IFAI serán definitivas e inatacables. La realidad actual es que las administraciones públicas de todos los niveles han pretendido torear las exigencias de apertura con una cantidad infinita de recursos legaloides, agotando y desalentando a los ciudadanos.

Como la transparencia está de moda, los gobernadores sacan las castañas con la mano del gato, para este efecto utilizan a funcionarios menores como encargados de hacer el trabajo sucio y darle el portazo formal a las peticiones de los ciudadanos. Con la Reforma se pretende evitar la judicialización del derecho y el correspondiente atraso en su aplicación

Zonas oscuras y posibles salidas a la evasión de la ley

Se afirma que aun todavía sin aprobarse las leyes, en este caso, la clase política, ya le anda buscando los hoyos para burlarla. Antes de que se intente dejar la Reforma como queso gruyer, advirtamos algunos riesgos que se observan inminentes.

El organismo garante deberá estar integrado por siete comisionados, designados por dos terceras partes de los senadores. Como no es posible reunir tal cantidad por parte de las fracciones de los partidos, el legislador obligó a la negociación entre los grupos parlamentarios. El problema es que se extienda la práctica convertida en costumbre, de integrar los órganos supuestamente autónomos por medio de cuotas partidistas, olvidando para mejor ocasión la imparcialidad.

El Presidente podrá objetar los nombramientos. Si el Presidente objeta una segunda propuesta, el Senado podrá ratificarla con las tres quintas partes de los senadores. El Ejecutivo realmente no pierde el control de su integración, simplemente se le hace el camino más tortuoso.

En la demanda del derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad, sin embargo, la información podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público o de seguridad nacional, el problema es que son conceptos gelatinosos que habrá la necesidad de precisar en la Ley General.

Los sujetos obligados tienen el deber de documentar todo acto público que se derive de sus facultades, pero cotidianamente recurren a la excusa, auténtica estratagema, de declarar inexistente la información. Para evitar esto, la Ley General deberá precisar cuándo procede realmente la inexistencia. Mientras tanto, es un hueco fenomenal que aprovechan las autoridades: “Usted disculpe, pero no está en el archivo”.

El Consejero Jurídico del Gobierno será el único que podrá interponer un recurso de revisión ante la Corte por las resoluciones del IFAI. Será un nuevo instrumento del Ejecutivo para blindarse en solicitudes comprometedoras y para presionar y controlar a los poderes; simplemente, si no son de su simpatía, el Consejero Jurídico se abstendrá de interponer el recurso de revisión.

Aún no están definidas las medidas de apremio contra los incumplidos. Si no se dan dientes al IFAI o a cualquier otra autoridad, la Ley tendrá poco peso específico para garantizar su cumplimiento. Decía Hobbes que detrás de toda ley debe estar un cuchillo bien afilado; hasta ahora, las sanciones son prácticamente inexistentes.

Los estados, en sus respectivas constituciones, deberán establecer organismos autónomos imparciales. Obviamente, los gobernadores, como es práctica actual, pretenderán integrarlos bajo su conveniencia. La realidad es que se dispararán en los pies, pues el órgano central podrá atraer y revisar los asuntos, y la exhibición de su política esquiva será más contundente, las sospechas de que algo huele mal aumentarán. A pesar de esta nueva realidad que funda la Reforma, no tengo la menor duda de que con tal de retrasar la aplicación de la ley, los gobernadores seguirán poniendo a sus incondicionales en los órganos de transparencia.

La Reforma da un plazo de un año a partir de la publicación del decreto para expedir la Ley General, que es muchísimo tiempo, y muchas cosas pueden suceder. En resumen, la Reforma Constitucional es un gran avance a favor de la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas, pero falta complementarla y precisarla en la letra chiquita de la Ley General, No se puede cantar victoria.

Espero sus comentarios en www.dialogoqueretano.com.mx, donde también encontrarán mejores artículos que éste.

{loadposition FBComm}

 

Publicaciones relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Botón volver arriba