Reforma energética y parlamento abierto

El pasado 17 de enero, y hasta el próximo 15 de febrero, comenzaron en el congreso de la unión las sesiones sobre el parlamento abierto para debatir sobre la iniciativa del ejecutivo, con respecto a la reforma del sistema eléctrico nacional.

Esta situación es verdaderamente inédita, pues a diferencia de la reforma energética de 2013, en esta ocasión sí existe un verdadero debate sobre el sistema eléctrico nacional. Estamos viendo una paridad en el número de expositores a favor de la iniciativa y en el número de opositores; se trata de un verdadero debate, pues cada ponente presenta no sólo su análisis de datos, sino también la ideología que lo sustenta, a pesar de que algunos se quieren presentar como “técnicos” ajenos a la política.

Hasta el momento de escribir este artículo, se han llevado a cabo cuatro foros y si tuviéramos que sintetizar lo dicho en dichos foros, lo haríamos con la frase: “datos contra dogmas”. Pues mientras los que apoyan la reforma han presentado datos contundentes sobre el estado del sistema eléctrico nacional y sobre las proyecciones, en caso de no aprobarse la reforma, los opositores han exhibido que se manejan con dogmas, que no escuchan los datos, que escuchan pero no los entienden o que no los entienden pero pretenden engañar no sólo a los legisladores sino también a la opinión pública. Y eso a pesar de que se presentan como “expertos” del sector energético.

Ha sido evidente que a pesar de que expositores previos han dado datos contundentes que desmienten la narrativa del opositor de turno, éste sigue con su discurso preconstruido, a pesar de que su narrativa ha sido ya desmentida previamente.

Otra cuestión que ha sido evidente es el fenómeno que en España le llaman “puertas giratorias” y que consiste en que funcionarios del sector energético, una vez que dejan su cargo, se incorporan como “asesores” o trabajan para empresas privadas de ese mismo sector, para usar información confidencial y relaciones que adquirieron durante su cargo. Es decir, los mantiene el sector público y se capacitan en él, para después servir a intereses privados, principalmente extranjeros. “Curiosamente” todos estos exfuncionarios están abogando en contra de una reforma nacionalista.

Así, hemos visto argumentar en contra de la reforma a la licenciada en finanzas Rosanety Barrios, ex funcionaria en la Secretaría de Energía en el sexenio de Peña Nieto; a Monserrat Ramiro ex comisionada en la Comisión Reguladora de Energía, también en el sexenio de Peña Nieto; a Fernando Bueno, ex director de CFE en 2005-2011, con Felipe Calderón, ex abogado de CFE en 1999-2005, con Vicente Fox y también funcionario con Zedillo y Salinas; a Paul Alejandro Sánchez, que formó parte del equipo de redacción de la reforma energética de 2013 y que ocupó diversas posiciones dentro de PEMEX donde destacan la de asesor del Consejo de Administración de PEMEX y de PEMEX Exploración y Producción y donde también fue secretario del Comité de Estrategia e Inversiones de PEMEX Exploración, en el sexenio de Peña Nieto.

A Nelson Delgado que estuvo en la Secretaría de Energía del gobierno de Peña Nieto y que fue funcionario en el Fondo de Empresas del Sector Azucarero en el gobierno de Calderón; y a Diego Rasilla González que estuvo como Energy Key Account Manager de la transnacional Iberdrola, entre 2017 y 2021, es decir, un “Iberdrola boy”; entre otros. En síntesis, las transnacionales extranjeras mueven sus fichas para tratar de evitar que sea aprobada una reforma a todas luces nacionalista. Esperemos que no se salgan con la suya.

anbapu05@yahoo.com.mx