
La reciente amenaza del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) a los medios: El Universal, Televisa, Milenio, y en particular a la periodista Azuzena Uresti, constituye una señal de alarma para la sociedad entera. La impunidad y descaro con la que actúa el narco en México alcanzó niveles que superan todo lo hasta ahora visto.
El CJNG con su comunicado nos muestra que el crimen organizado opera sin control, ni límite alguno. La ausencia de la fuerza del Estado estimula su avance y operación. El terreno cedido es ocupado rápidamente por los carteles que viven en una clara zona de confort, entendiendo que no hay quien les oponga resistencia.
Está claro que en México corre más riesgo el que investiga un delito que quien lo comete. Según datos de la organización Artículo 19, cada once horas un periodista mexicano es víctima de agresión, y de acuerdo a la Secretaría de Gobernación, en lo que va del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, han sido asesinados 45 periodistas.
Ser periodista es una profesión de riesgo en México, por una parte, son amenazados por el crimen organizado, y por otra, estigmatizados cotidianamente desde la propaganda gubernamental. El oficio periodístico no ocupa el lugar que debería tener en este país, no hay ni reconocimiento social, ni respeto del régimen actual. Periodistas y medios de comunicación se han convertido en los villanos de la retórica populista y en blanco fácil para la delincuencia.
El constante señalamiento y estigmatización que sufren medios en general y periodistas en particular, no ayuda a inhibir las agresiones verbales y físicas que sufren a diario. En este sentido, el presidente de la república ha hecho lo correcto al condenar las amenazas y al prometer protección para la periodista amenazada; pero su mensaje no incluye una toma de postura más allá de la empatía y la solidaridad. Su condena debió de haber incluido, una línea de acción, un cambio de estrategia, un compromiso determinado que le dejara claro a los carteles que el gobierno no ha claudicado en su deber de dar seguridad a los mexicanos.
Su solidaridad con Uresti, podría incluir, por ejemplo, el abandonar el lenguaje agresivo y descalificador con el que se señala a medios y periodistas en las mañaneras, el evitar acusaciones infundadas y el dejar de utilizar los espacios de comunicación gubernamental para linchar a empresas mediáticas y profesionales de la comunicación. La estrategia de voltear hacia otro lado, de no enfrentar a la delincuencia, de regalar abrazos como respuesta a los balazos, puede salvar la imagen política del presidente, pero deja en la indefensión a los ciudadanos, a merced del narco y de su avance. El crimen organizado tiene muy claro su rol, sus dinámicas, su giro de negocio y las utilidades que este les reporta; no van a abandonar tan lucrativa actividad sólo por obra de la persuasión y los llamados a portase bien, se requiere del Estado una política de seguridad real y decidida.