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RICARDO ANAYA Y LA JUSTICIA

 

RICARDO ANAYA, UNA SALIDA A LA SOSPECHA

Dos cuestiones. Primera. En el proceso electoral, vale insistir en ello, no solamente debaten candidatos y partidos políticos, también la sociedad civil debe de intervenir con su palabra. Segunda. Ricardo Anaya es un candidato echado para adelante, aplica en política la regla de oro del box; la mejor defensa es el ataque.

Después de estar exhibido en un pantano de sospechas en la que agregó a su calificativo de ‘político maravilla’ la de ‘inmobiliario maravilla’, su principal bandera de campaña, la lucha contra la corrupción, ha quedado hueca.

¿Qué puede hacer? Encabezar iniciativas para evitar los delitos de los que se le acusa, principalmente lavado de dinero y evasión de impuestos. El SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda y la Procuraduría General tienen facultades para combatir estos delitos. Que Anaya impulse la regulación y denuncia de empresas fantasma, presta nombres, notarios, asesores financieros y ejecutivos bancarios.

RICARDO ANAYA Y LA JUSTICIA

Me he permitido hacer una serie de propuestas a Ricardo Anaya que, de impulsarlas, mitigaría las sospechas de que con su operación inmobiliaria pretendía lavar dinero y evadir impuestos. Anaya ha denunciado que la Procuraduría General es parcial y su investigación es partidista. La Cámara de Diputados eliminó la posibilidad de que el fiscal Anticorrupción, del Sistema Nacional, fuera en automático el procurador general; el llamado fiscal carnal.

Para que se apruebe esta reforma constitucional la deben de aprobar los congresos locales, el problema es que las legislaturas estatales no lo han hecho. Anaya y los panistas podrían impulsar la reforma y la designación de un fiscal Anticorrupción autónomo. ¿Por qué no lo hacen? Ya les gustó el papel de víctimas o temen que un nuevo fiscal, con toda autoridad, ratifique las acusaciones. Lo que sería el epitafio a su candidatura.

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