Desalojo en Juriquilla (1ra de 3)
Finalmente, el pasado 15 de junio del 2022, casi dos años después de que al señor Juan José Bailón (JJB) se le otorgó la conmutación de la pena de prisión por la reparación del daño, un juez federal obligó a un juez estatal de ejecución a llevar a cabo el desalojo de dos predios de 8 por 15 metros cuadrados, que aparentemente estaban ocupados y que formaban parte de los 18 que se le imputaron al señor JJB, quien estuvo encarcelado tres años gracias a la prepotencia y al abuso de autoridad de los jueces queretanos.
Gracias a un amparo promovido por JJB, quien tuvo que ampararse ante la autoridad federal debido a que el juez de ejecución del estado se negaba a llevar a cabo el desalojo para que recuperara su libertad, lo cual era lo único que le hacía falta para acogerse a los beneficios que la ley otorga a quienes solicitan una solución anticipada del conflicto mediante lo que se llama ‘procedimiento abreviado’, la autoridad estatal tuvo que realizar el desalojo de esos dos predios que al final se supo ya no estaban ocupados.
El largo camino de abusos que JJB tuvo que sufrir comenzó en agosto de 2019, cuando un juez otorgó orden de aprehensión en contra de él y de Francisco Ledezma, a quienes se los señalaba como autores intelectuales de la toma de los predios en ‘La Cuadrilla’, que los habitantes originarios del pueblo de Juriquilla reclaman como suyos como donación a sus abuelos y bisabuelos por parte de ‘los patrones de la Hacienda’.
Curiosamente, la orden de aprehensión sólo fue ejecutada en contra de JJB, pero nunca en contra de Francisco Ledezma, pues al parecer este último ha sido desde hace casi 25 años el subdelegado en Juriquilla y se dice que tiene muy buena relación con el gobierno estatal y municipal.
En primer lugar, a JJB se le señaló como autor intelectual del delito de despojo, el cual no es grave y, por lo tanto, según la ley vigente no amerita prisión preventiva oficiosa, sin embargo, el juez de control de manera ilegal y arbitraria sin pruebas reales de ninguna índole lo vinculó a proceso y también lo encarceló.
Al darse cuenta de que había una clara consigna en su contra, JJB decidió acogerse a los beneficios que la ley otorga a quienes se los acusa por primera vez de un delito y solicitó el llamado ‘procedimiento abreviado’, pero no fue sino hasta cuando ya tenía un año encarcelado, en agosto del 2020, cuando las autoridades le concedieron dicho procedimiento. El 19 de agosto del 2020, JJB fue sentenciado a 5 años de prisión, pero al mismo tiempo se le otorgó “el beneficio de la conmutación de la pena de prisión por 100 horas de trabajo a favor de la comunidad […] Beneficio al que podrá acceder una vez que se realice la reparación del daño, es decir, deberá hacer la entrega de los predios para poder acogerse a dicho beneficio”. Es decir, a JJB se le imputaron 18 predios de 8 por 15 metros cuadrados relacionados con las querellas en su contra y al otro imputado (que nunca pisó la cárcel) se lo condenó a tres años de prisión con el beneficio de conmutar su pena de prisión si entregaba sólo un predio perteneciente a gobierno del estado, pero este predio de 82, 339 metros cuadrados, esto es, de más de 8 hectáreas.
En términos simples, para que JJB quedara en libertad sólo era necesario que se restituyeran los predios a sus dueños, pero después de la sentencia tuvieron que pasar otros cuatro meses para que se diera la audiencia de ejecución en donde JJB solicitó la entrega forzosa de dichos predios, ya que las autoridades se negaron a dejarlo en libertad para que él la gestionara. De este modo, el 24 de noviembre de 2020 el juez de ejecución quedó obligado a ordenar el desalojo de los predios para que JJB quedara libre. Pero ¿de esos 18 pequeños predios que se le imputaron a JJB cuántos estaban realmente invadidos al momento de la sentencia?, ni uno solo, pero en dos de ellos había unas chozas de madera que se presumía podría tener ocupantes. Sin embargo, con la perversa intención de mantenerlo encarcelado, el juez se negó a llevar a cabo la ejecución de la sentencia y el desalojo, bajo la absurda excusa de que “no contaban con elementos suficientes para llevar a cabo la diligencia”, cuando en realidad sólo se necesitaban 5 o 6 policías y un actuario, ya que sólo eran 18 predios totalmente desocupados. No obstante, sí contaron con suficientes elementos para reprimir a los comerciantes indígenas que se habían instalado en la calle 5 de Mayo y a los manifestantes en contra de la privatización del agua en la 5 de Febrero (continuará).
