Perspectiva 2021

La mafia de la ciencia

En días pasados la “Unión de Chayoteros” volvió escandalizar la opinión pública al defender un grupo de funcionarios que, utilizando el parapeto de la ciencia y la tecnología, presuntamente hicieron malos manejos de dinero proveniente del erario federal. Esta vez la falacia que utilizaron los criminales de cámara y micrófono fue la siguiente: “hay una persecución del gobierno federal contra 31 científicos y contra la ciencia”, en vez de “se están investigando a ciertos funcionarios públicos que al parecer hicieron un mal manejo de recursos financieros”.

Cualquiera que acudió a clases de lógica elemental entiende muy bien qué es una falacia y cómo se utilizan para engañar a la gente. En este caso la falacia la cometen los chayoteros cuando cambian el tema real de la discusión por otro colateral que, si bien es atinente, para nada es el tema a tratar, ya que lo que intenta hacer la Fiscalía General de la República (FGR) es fincar responsabilidades legales en contra de funcionarios públicos que presuntamente hicieron mal manejo de recursos financieros de la Hacienda Pública, mas de ningún modo se está atacando a unos científicos o a la ciencia. Es decir, la FGR no está solicitando a un juez que emita orden de aprehensión contra unos científicos o académicos por hacer ciencia, sino contra unos funcionarios públicos que se gastaron millones de pesos en cosas personales que para nada tenía que ver con hacer ciencia o investigación.

¿Cuáles son los señalamientos que hay contra estos exfuncionarios públicos a quienes los chayoteros han llamado “los 31 científicos”? Por ejemplo: por muchos años rentaron una casa para “trabajar” por la módica cantidad de ¡un millón de pesos al mes!, se gastaron millones en viajes lujosos al extranjero, rentas de carros lujosos, desayunos de 35 mil pesos para una sola persona, gastos de estacionamientos, tintorería, telefonía, gasolina, regalos caros, que ellos mismos se asignaban “sueldos” que rebasan por mucho lo que ganan los gobernadores y otras curiosidades. Y ya cuando se cansaron de pagar tantos millones en renta, compraron una casa en una zona residencial de primer nivel de la Ciudad de México, según ellos con un dinero que ganaron asesorando al Grupo México y a otras empresas extranjeras como Monsanto. Cosa por demás ilegal, pues al ser una A.C., su misma acta constitutiva les prohibía lucrar.

Además, los directivos de este Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCYT) eran políticos priistas que utilizaron el membrete para avalar la mal llamada reforma energética y otras cosas favorables a los gobiernos del PRIAN.

No contentos con esto, estos señores demandaron al gobierno federal para que les siguiera dando dinero para sus gastos onerosos, pero curiosamente los ministros de la SCJN dictaminaron que, al ser un ente privado de lucro, este FCCYT no tenía por qué recibir un solo peso del gobierno federal. Es cierto, en un país como el nuestro debe prevalecer el derecho humano de la presunción de inocencia, así que mientras no se presenten las pruebas de sus presuntas fechorías son inocentes, pero si estas pruebas existen y son culpables, los exfuncionarios del FCCYT deben pagar ante la justicia sus atrocidades. Y si en realidad se coordinaron para robar dinero público, entonces es evidente la delincuencia organizada y como tal deben ser tratados, nada de que hay exageración en este tipo de trato.

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