Punto y Seguido

Consultas y revocaciones

Ricardo Rivón Lazcano

En México la enseñanza del Derecho en las áreas de ciencias sociales y humanidades ha sido prácticamente nulo. Incluso podría decirse que lo poco abordado se ha hecho sesgadamente, considerándolo parte de un aparato jurídico político de dominación de clase.

En cuanto a la llamada consulta popular, tanto el presidente López Obrador, como su gobierno y su partido, enfrascaron a la sociedad mexicana en un enredo, en una confusa y contradictoria campaña para llevar a las masas populares a participar una consulta engañosa. Las señales del fracaso aparecieron pronto, pero la necedad del líder y su eco en no pocos de los seguidores incondicionales estimularon la caída al vacío que más tarde vimos.

Quiero aprovechar el estruendoso fracaso de la consulta popular del uno de agosto pasado para orientar la mirada a la normatividad que da sentido y norte tanto a la referida consulta, como a la ya agendada, pero no segura de llevarse a cabo, revocación de mandato.

La consulta popular y la revocación de mandato están enmarcadas en el artículo 35 de la Constitución Política de nuestro país. Las fracciones VIII y IX son lo suficientemente explicitas para que tengamos pocas dudas sobre su aplicación y procedimientos.

Ante el fracaso de Morena por promover desde la ciudadanía la consulta (incluso haciendo trampa con cinismo y desvergüenza), fue el propio presidente quien, sin mayor dificultad legislativa, la empujó. Y fue así porque la Constitución lo permite: la petición de consulta la pueden hacer el presidente, una tercera parte de las cámaras -ya sea de diputados, ya sea de senadores- y, finalmente, el 2 por ciento de ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores.

Sobre la revocación de mandato muchas cosas están en el aire. Si leemos algunos incisos de la fracción IX podemos vislumbrar el torbellino que se vendrá.

Para empezar, a diferencia de la consulta popular, la revocación de mandato sólo puede ser solicitada por el 3 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, es decir, casi tres millones de ciudadanos con credencial de elector, participación voluntaria y verificable por el Instituto Nacional Electoral ¿Quién o quiénes harán ese esfuerzo?

Para llevar a cabo el ejercicio se requiere que el poder legislativo produzca la ley reglamentaria correspondiente. Hoy esa ley no existe: sin esa ley nada se puede hacer salvo barbaridades. Se requiere un presupuesto decente, suficiente y razonable ¿y la austeridad? Se requiere, para que valga la pena, que participe el 40% de los ciudadanos de la lista nominal electoral, etcétera.

 Aquí algunas líneas de la normatividad:

-Artículo 35

Son derechos de la ciudadanía:

VIII.- Votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional o regional, las que se sujetarán a lo siguiente:

1o. Serán convocadas por el Congreso de la Unión a petición de:

a) El Presidente de la República;

b) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión; o

c) Para el caso de las consultas populares de temas de trascendencia nacional, los ciudadanos, en un número equivalente, al menos, al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, en los términos que determine la ley.

…la petición deberá ser aprobada por la mayoría de cada Cámara del Congreso de la Unión;

IX.- Participar en los procesos de revocación de mandato.

El que se refiere a la revocación de mandato del Presidente de la República, se llevará a cabo conforme a lo siguiente:

1o. Será convocado por el Instituto Nacional Electoral a petición de los ciudadanos y ciudadanas, en un número equivalente, al menos, al tres por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, siempre y cuando en la solicitud correspondan a por lo menos diecisiete entidades federativas y que representen, como mínimo, el tres por ciento de la lista nominal de electores de cada una de ellas.

4o. Para que el proceso de revocación de mandato sea válido deberá haber una participación de, por lo menos, el cuarenta por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores. La revocación de mandato sólo procederá por mayoría absoluta.

8o. El Congreso de la Unión emitirá la ley reglamentaria. 

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