Punto y Seguido

Fue un mal año. No, menos, como seis

El sexenio de las reformas estructurales y de los acuerdos entre las élites políticas y económicas, el de la eficacia y el ‘Saving Mexico’, se convirtió así en el sexenio de las violaciones de derechos humanos y de la corrupción

Por supuesto que no faltará quien señale las cosas buenas que sucedieron durante el sexenio que termina. Considero, siempre, que vale más una mirada analítica y crítica —en este caso como la de FUNDAR, Centro de análisis e investigación A. C.—. Del libro cuyo título es el mismo de arriba, he retomado los siguientes párrafos, algunos ligeramente editados.

—La política mexicana, como prácticamente cualquiera, está fuertemente determinada por formas de representar los tiempos del poder. La forma más emblemática en nuestro caso es el sexenio presidencial.

—La vida pública de México difícilmente puede disociarse del llamado “estilo personal de gobernar”: la agenda política que se presenta como plataforma electoral, el parámetro que determina la agenda legislativa, la acción estratégica y la identificación de prioridades del gobierno surgen del Poder Ejecutivo.

—Más que la figura del presidente, lo que resulta relevante es el vínculo indisociable entre la vida pública y la forma en que desde la presidencia se fijan los ejes prioritarios para el destino del país.

—Queda claro que los beneficios que supuestamente traerían las llamadas “reformas estructurales” (el más ambicioso paquete de reformas sociales, políticas y económicas de la historia reciente) a nuestro país, no sólo no llegaron, sino que el sexenio que concluye se desahogó con un gobierno diezmado en su capacidad operativa, en su margen de acción política y en su credibilidad y legitimidad social.

La batalla perdida: corrupción y contrapesos

En el acto de promulgación de las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción, el presidente Peña Nieto pidió una disculpa pública “por el agravio y la indignación” que provocó (por el conflicto de la Casa Blanca). Este reconocimiento demostró la merma en la confianza ciudadana hacia las instituciones. A las protestas por la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, en noviembre de 2014, se sumó el reclamo por la corrupción, de la cual el Presidente y su gobierno se volvieron emblemas; así parecía confirmarse la sospecha más conspicua de la elección de 2012: que el regreso del PRI era indisociable de las peores prácticas antidemocráticas. El sexenio de las reformas estructurales y de los acuerdos entre las élites políticas y económicas, el de la eficacia y el ‘Saving Mexico’, se convirtió así en el sexenio de las violaciones de derechos humanos y de la corrupción.

Seguridad y justicia

En 2015, el alto comisionado para los Derechos Humanos de la ONU pronunció un discurso: “El corrosivo y devastador impacto del crimen organizado y las enormes cantidades de dinero que movilizan estos grupos está cooptando o corrompiendo instituciones clave, y en algunas regiones, está reduciendo el impresionante conjunto de leyes mexicanas a meras palabras en el papel. La combinación de miedo, ambición e impunidad crónica es potente y millones de personas están sufriendo este cóctel venenoso que una vez fraguado es difícil de eliminar”. Esta frase resume el legado en materia de derechos humanos de una administración que minimizó— y en muchos otros casos negó o confrontó— las observaciones y recomendaciones que al respecto formularon organismos internacionales, colectivos de víctimas y organizaciones de la sociedad civil.

El fracaso contra la desigualdad

la extrema concentración de los ingresos y de la riqueza han causado el bajo crecimiento promedio de la economía nacional en los últimos 30 años, el debilitamiento del mercado interno y de las condiciones de vida de las personas con menores ingresos; debido, en buena parte, a una política fiscal que beneficia a las personas más privilegiadas. Las personas con mayores ingresos tienen el poder de hacerse escuchar y de controlar los asuntos públicos.

La política fiscal en México no ha sido utilizada como un instrumento para combatir las desigualdades o la pobreza, ni para contribuir a garantizar el ejercicio efectivo de derechos. No sólo se mantiene el mismo nivel de incidencia de la pobreza que en 1994, sino que la desigualdad de ingresos y de riqueza es crónica en nuestro país; y así la exclusión social, las lesiones a los derechos humanos, el abandono de los pueblos indígenas, la transversalización del género sin igualdad de género.

Hay que decir lo que por obvio no resulta menos trascendente: este sexenio removió cualquier sombra de duda de que transformar la cultura política —mediante la erradicación de la simulación, la construcción de una oposición y el cambio del centro de gravedad de los procesos electorales a procesos políticos más amplios— es uno de los desafíos más importantes que enfrentamos.

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