Consecuencias no deseadas
Por: Marcela Ávila Eggleton
Resulta útil para cualquier análisis político tomar la provocación de Max Weber, en torno a pensar las consecuencias no deseadas de un hecho histórico; los efectos no considerados por los actores políticos al momento de tomar decisiones. Como provocación intelectual, propuso imaginar qué hubiera pasado si no hubiera caído el Imperio Romano. ¿Los germanos esperaban que pasaría lo que pasó? Por supuesto que no. Nunca se lo plantearon. Pero se produjeron consecuencias no deseadas, por los actores, en virtud de que lo que sucedió cobró la dimensión de un hecho histórico.
El levantamiento zapatista de 1994 no sólo puso en el centro del debate nacional el atraso y marginación de importantes sectores de la población mexicana, especialmente indígenas, que no habían sido integrados a la «modernidad» del Estado posrevolucionario sino, también, los rezagos de un régimen político cerrado, que difícilmente daba cauce a las demandas de los grupos sociales «no institucionalizados». Sin embargo, no planteó la democratización como uno de sus fines. Aunque, fue una de sus consecuencias: muy probablemente, no deseada.
En ese contexto, uno de los aportes fundamentales del alzamiento zapatista está en el impulso al proceso de democratización, plasmado, de manera muy simple, en la Declaración de la Selva Lacandona; que postuló, en su punto primero, el permitir a los pueblos «elegir, libre y democráticamente, a sus propias autoridades administrativas». Planteado así, lo que parecía una demanda local: se trasformó en logro nacional.
La presión que generó la irrupción del EZLN, tanto a nivel nacional como internacional, orilló al régimen hegemónico a acelerar el proceso de liberalización del sistema político a través de una reforma electoral que cambiaría de manera importante las reglas del juego en, al menos, cuatro aspectos fundamentales: modificó la conformación y operación del CG del IFE, quitó a la cámara de diputados la facultad para calificar las elecciones federales, creó el TEPJF en sustitución del TRIFE y modificó las reglas de integración de la Cámara de Diputados.
En primer lugar, se reformó al Instituto Federal Electoral con el objeto de darle autonomía y garantizar, con ello, la elección libre y secreta de los órganos de representación y de gobierno a nivel federal. Desde su creación en 1990, la presidencia del Consejo General del IFE recayó en el secretario de Gobernación en turno, lo que convertía al organismo en una dependencia del gobierno federal en un sistema de partido predominante. La reforma modifica la conformación del organismo al integrarlo con consejeros ciudadanos nombrados por la Cámara de Diputados por una mayoría calificada de dos terceras partes.
En segundo lugar, la facultad de calificar las elecciones federales pasó de la Cámara de Diputados -hasta entonces con mayoría del PRI- al recién creado Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con lo que, de facto, se le quitó al partido en el poder la declaratoria de validez de los procesos electorales que le garantizaban la mayoría en ambas cámaras y la presidencia de la República.
En tercer lugar, el Tribunal Federal Electoral (TRIFE) fue sustituido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Con ello, se pasó de un órgano administrativo que resolvía los conflictos producto de los procesos electorales, pero no era última instancia en la calificación de las elecciones, a un órgano especializado del Poder Judicial investido como máxima autoridad electoral e integrado por siete Magistrados electos por el Senado por mayoría de dos partes a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Finalmente, la reforma electoral de 1996 modificó los mecanismos de integración del Congreso de la Unión, estableciendo, para la Cámara de Diputados, límites a la sobrerrepresentación del partido mayoritario a partir de la prohibición de que cualquier partido obtuviera más de 300 diputados -por los dos principios- y se estableció un tope a la sobrerrepresentación de 8 puntos porcentuales. Para el Senado, se incorporan 32 senadores electos bajo el principio de representación proporcional. Estos cambios, abrieron espacios a la representación de la oposición y, en general, una mayor representatividad del pluralismo en los órganos legislativos. Los efectos de esta reforma tuvieron su primer resultado en la pérdida de la mayoría del PRI en la Cámara de Diputados en 1997.
Es claro que las consecuencias del levantamiento zapatista no fueron las deseadas por sus impulsores. Pero el hecho histórico se vinculó con el proceso de democratización que se desarrollaba en este país. Sin duda, fue un acelerador que hoy nadie puede, en su sano juicio, cuestionar.
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