Opinión

Conversaciones públicas

Por: Efraín Mendoza Zaragoza

La divulgación de tres conversaciones telefónicas entre servidores públicos de primer nivel del Gobierno del Estado y una concesionaria radiofónica local ha puesto sobre la mesa el delicado tema de las relaciones de intimidad que prevalecen entre las instituciones del Estado y los empresarios privados que han hecho de la comunicación un formidable negocio. Importa esto porque el espacio radioeléctrico es un bien público, propiedad del pueblo mexicano, y la relación que se ha tendido no se asienta, precisamente, en beneficio de los ciudadanos, sino justamente en su perjuicio.

A los funcionarios escandalizó, según la grabación que circula en Youtube, que en un programa radiofónico se hablara de la inseguridad creciente e incontenible que, por supuesto, prevalece en Querétaro. No les escandalizó el terror con que viven muchos queretanos por la incapacidad del Estado para garantizar su tranquilidad, les enfureció que alguien abriera los micrófonos a la gente para hablar de ello. En un acto de absoluta arbitrariedad, el titular de la Secretaría de Gobierno, Jorge López Portillo, y el responsable de Comunicación Social, Abel Magaña, descalificaron en tono soez al locutor aludiendo a sus presuntas preferencias sexuales y acordaron perseguirlo. La gerente de Integra 92.7, Jaqueline Caballero, por su lado, no sólo no defendió el derecho de los queretanos a usar el espacio radioeléctrico propiedad de todos para quejarse, sino que se ubicó en condición de subordinada para aplacar tal atrevimiento.

Hay que anotar aquí algunos hechos formales relevantes: inmediatamente después de que fueron difundidas las conversaciones, el miércoles 29 de octubre, el titular del Ejecutivo, José Calzada Rovirosa, admitió tácitamente la veracidad del audio, calificó los hechos como un “atentado contra los periodistas” y se comprometió a “tomar medidas” inmediatas, sin precisar cuáles. De igual manera, el titular de la Defensoría de los Derechos Humanos, Miguel Nava Alvarado, advirtió que podrían fincarse responsabilidades por violación a la libertad de expresión y el uso de lenguaje discriminatorio, y anunció que la Defensoría recabaría los testimonios de los trabajadores de la comunicación involucrados.

Tratándose de un hecho de esta relevancia, que el propio gobernador elevó a la categoría de atentado, llama la atención que figuras notables de su partido se hayan refugiado en tecnicismos jurídicos al apuntar hacia la parte secundaria del asunto: el carácter ilegal de la grabación, mientras que los periódicos del día siguiente se ocuparon de los temas habituales de Pepelandia: nuevas inversiones, las obras monumentales del gobernador, el tren bala y los buenos deseos de los alcaldes metropolitanos.

Por supuesto que el hecho resiste varias lecturas. Primera, la intriga palaciega y el ajuste de cuentas en el primer círculo del poder local, como parte de las definiciones hacia la sucesión del gobernador José Calzada que, es bueno recordarlo, será electo en siete meses. Un pasaje de la cruenta violencia intrafamiliar que se vive en las alturas. Segunda, el desparpajo irresponsable de dos finas personas que ejercen el servicio público con el viejo y pernicioso patrimonialismo que con un telefonazo pretende decidir la suerte de terceros. Y por último, la relación de subordinación entre gobernantes y medios, que reduce a éstos a meros propagandistas oficiales, desnaturalizando con ello la función que les asigna la Constitución. (Los curiosos podrán consultar el artículo sexto de esa norma, que otorga a la radiodifusión el carácter de “servicio público de interés general” comprometido con la pluralidad y la veracidad de la información, y sujeta a fines superiores: mejorar la convivencia humana, fortalecer el aprecio por la diversidad cultural, así como luchar contra la ignorancia, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios).

Por otro lado, más allá de las redes virtuales, llama la atención el silencio que cubrió este hecho, sobre todo si lo comparamos con la estridencia que todo el aparato mediático otorgó al comentario racista de un ciudadano a propósito de un deportista extranjero, y que fue lapidado sin misericordia por su militancia panista. Se explica el silencio, claro, pues hoy se trata de servidores públicos en ejercicio y pertenecientes al partido que controla los contratos del Poder Ejecutivo.

El caso condensa tres temas muy delicados: inseguridad, censura y homofobia, y muestra el subdesarrollo en que se encuentra la élite dirigente en Querétaro. Es necesario seguir hablando de la incapacidad del Estado para garantizar la seguridad de los queretanos y sus familias; es necesario inhibir cualquier intento de censura; es necesario exhibir el uso patrimonialista del poder y es necesario empujar la democratización de los medios de comunicación para que estén del lado que la Constitución los puso: del lado de la sociedad.

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