Opinión

Corrupción

Por: Efraín Mendoza Zaragoza

Si uno busca en la red la palabra “legalidad”, Google nos mostrará casi 12 millones de documentos. Y si uno pide a ese dios todopoderoso que nos diga todo lo que sabe sobre “corrupción”, en menos de un segundo escupirá 47 millones de documentos. La diferencia se debe, tal vez, a que la corrupción es un tema que con frecuencia entra y sale del debate político, al menos en nuestro país.

O tal vez porque sólo en un país barroco y surrealista, como el nuestro, se pueden plantear soluciones sofisticadas como la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción, con fiscalía y presupuesto incluidos. En lugar de poner orden y obedecer las reglas, sólo en nuestro país se nos ocurre crear un nuevo organismo, y si el costo de la corrupción en México equivale a lo que costaría sostener cada año 45 universidades del tamaño de la UNAM, ahora habrá que destinar presupuesto para sostener una preciosa Fiscalía para andar detrás de los corruptos. ¡Seguro al rato habrá que crear una gran policía supersecreta para vigilar a los persecutores de los corruptos por haberse dejado corromper!

Si se dice que como México no hay dos, eso resulta cierto al menos dentro de las naciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), pues sólo México podría ganar la medalla como el país más corrupto. Resulta que en los últimos 10 años, México no ha avanzado un milímetro en materia de combate a la corrupción y se mantiene en el solemnísimo y vergonzoso último lugar.

Transparencia Internacional define la corrupción, sencillamente, como el abuso con fines de lucro personal del poder delegado y puede ser perpetrado por una persona con poder decisorio en el sector público o privado. Es una manifestación de las debilidades institucionales que, más que ubicarse en un plano de moralidad habría que ubicar en el plano de la aplicación de la Ley.

Traigo a la mesa el tema porque la Universidad Autónoma de Querétaro, por conducto de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ha convocado a las fuerzas políticas locales a suscribir públicamente un compromiso muy puntual para combatir la corrupción, no en Finlandia o en China, sino en Querétaro, en cuya capital, según el Auditor Municipal del Ayuntamiento capitalino, tan solo en 2012 se cometieron 100 mil actos de corrupción.

Se trata de que los partidos incorporen en su plataforma electoral el compromiso de que las autoridades que resulten electas el 7 de junio sometan a las instituciones que les sean encomendadas a un instrumento denominado “Modelo de Certificación de Acciones Preventivas en materia de Corrupción y Promoción de la Transparencia en el estado de Querétaro”. Este modelo fue creado por académicos de esta Universidad como parte de una iniciativa con el Ayuntamiento de Querétaro.

Sería un buen paso. Y no saldría sobrando que más allá de esa declaratoria, los candidatos atiendan voluntariamente la recomendación que formuló Transparencia Mexicana de cara a las elecciones de 2015, consistente en que todos los aspirantes hagan públicas tres declaraciones: la patrimonial, la impuestos de los últimos 5 años y una declaración pública de potencial conflicto de intereses. Sería un pequeño acto de voluntad pero un gran paso para recuperar algo de la confianza perdida y aspirar a mejorar en las tablas, ya sea en el indicador de la OCDE, donde entre 34 ocupamos el último sitio, o en la general de todo el mundo, donde el país hace grata compañía a Egipto y a Corea del Norte y tiene mucho qué envidiarle a Nueva Zelanda, el campeón de los países menos lastimados por la corrupción.

La frecuencia de los escándalos de corrupción en nuestro país pone en evidencia los dramáticos niveles de opacidad y discrecionalidad con que funciona el poder público. La opacidad del poder es la negación de la democracia. La atmósfera de nuestra vida pública está intoxicada por las sospechas de una ciudadanía que desconfía absolutamente de sus instituciones. Son necesarios los controles democráticos. Uno de ellos son los mecanismos de transparencia.

La democracia es idealmente el gobierno de un poder visible. No pueden los políticos profesionales del Estado democrático, con sus actos, invocar el derecho al secreto como lo hacen los amos que mandan esclavos o los monarcas que gobiernan por derecho divino. Hacerlo en el presente contexto es una oportunidad para que las fuerzas políticas se comprometan con prácticas sanas en la administración pública.

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